TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA
TRIBUNAL OCTAVO (8°) DE PRIMERA INSTANCIA
ESTADAL EN FUNCIONES DE JUICIO
215º de la Independencia y 166º de la Federación

Maracay, 16 de Julio de 2025

ASUNTO PENAL Nº 8J-0190-22
JUEZA PROFESIONAL: ABG. JESSICA COROMOTO SAEZ.
FISCALIA: Vigésima Novena (29°) del Ministerio Público de La Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua,
ACUSADO: JOSE GREGORIO MADRID MERITRO, titular de la cédula de identidad N° V-24.210.294.
(Privado de Libertad en el Centro de Reclusión “HOMBRES NUEVOS EL LIBERTADOR”, Tocuyito estado Carabobo).

DEFENSA PÚBLICA: Abogada ISMAR BETANCOURT, Defensora Pública Decima Quinta (15°) adscrita a la Defensa Pública del estado Aragua.
DELITO: HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 405 en relación con el 406 numeral 1 del Código Penal.

ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO PLANTEAMIENTO DE DEFENSA
(Escrito de fecha 11-07-2025).
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Recibe este Tribunal Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal de estado Aragua el presente asunto penal, en fecha veintitrés (23) de agosto de 2022, por distribución de la Oficina de Distribución y Recepción de Documentos del Alguacilazgo, N° ALG-103-2022. En tal sentido, se aboco esta jurisdicente, designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, según oficio N° TSJ-CJ-N°0258-2022, de fecha 16 de marzo de 2022, en mi condición de Jueza Provisorio, al conocimiento del expediente quedando signado bajo la nomenclatura el asunto penal N° 8J-0190-22; Ahora bien, en la competencia para decidir los asuntos sometidos al conocimiento de esta fase procesal, conforme a lo establecido por el legislador en los artículos 58, 68 del Código Orgánico Procesal Penal, artículos 49.3, 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículos 6, 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la Ley, se declaró competente esta órgano jurisdiccional y se aboco al conocimiento de las presentes actuaciones.

En el derecho que tienen las partes de dirimir peticiones y que las misma sean resueltas por los jueces naturales a quienes les corresponda el conocimiento de un determinado asunto, procede esta jurisdicente en atención al escrito constante de un (01) folio presentado por la Abogada ISMAR BETANCOURT , defensora Decima Quinta Pública (15°) adscrita la Defensa Pública del estado Aragua, ante la Oficina del Alguacilazgo de esta sede judicial, en fecha once (11) de Julio de 2025, constando en autos en esta misma fecha del año que discurre||, en representación del justiciable JOSE GREGORIO MADRID MERITRO, titular de la cédula de identidad N° V-24.210.294 en cuyo contenido solicito lo siguiente:

“…Quien suscribe, Abg. ISMAR BETANCOURT Defensora Pública Provisoria Decima Quinta adscrita a la Defensa Pública del Estado Aragua, en mi condición de Defensora Pública del Ciudadano: JOSE GREGORIO MADRID, ampliamente identificado en la causa N° 8J-190-22 por la presunta comisión de delito de Homicidio Calificado, esta defensa procede de conformidad con lo previsto en los artículos 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con los artículos 6, 9, 242 y 250 del Código Orgánico Procesal penal, procedo ratificar mi solicitud de Examen y Revisión de Medida, tomando en consideración ciudadano Juez que nuestro ordenamiento jurídico procesal Penal establece la libertad como regla general y la privación como Excepción, para lo cual el Juez debe examinar de manera circunstanciada y precisa los elementos de convicción que rodean el hecho investigado y el comportamiento de procesado durante el desarrollo del proceso sin entrar a valorar a fondo del asunto, tomando en consideración como órganos controladores del proceso el Derecho al Debido Proceso y a la Presunción de Inocencia que le asiste a cada individuo en particular. Por último, hago de su conocimiento a su digna autoridad que mi defendido tiene arraigo en el País y tiene residencia fija posee buena conducta predelictual, así mismo está dispuesto a cumplir con las obligaciones que pudiera imponer el Tribunal.
PETITORIO
Por todo lo anterior expuesto, de conformidad con lo previsto en las normativas antes señaladas, en relación con los articulo 8, 9, 242 y 250 todos del Código Orgánico Procesal y las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica de la Defensa Publica en su artículo 24 numerales 2 y 4 esta defensa SOLICITA LA REVISION DE LA MEDIDA DE COERCION PERSONAL y que se le conceda a mi representado JOSE GREGORIO MADRID MERITRO una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD de posible cumplimiento para lo cual este ha manifestado su disposición a cumplir con las obligaciones que tenga a bien imponer el Tribunal…”

Primeramente, el Código Orgánico Procesal Penal contempla en su Título Preliminar los principios y garantías procesales referidas entre otros, a la autonomía e independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones contemplado en el artículo 4, de la obligatoriedad para decidir prevista en el artículo 6, ello en consonancia con las garantías constitucionales del Debido Proceso, tutelado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del derecho que le asiste a toda persona a ser oída en cualquier fase del proceso, establecido en el artículo 49.2 y artículo 334 del deber de los Jueces y Juezas en velar por el estricto cumplimiento de las normas constitucionales, y de rango legal, así como también, ejercer el control de la actuación de cada una de los sujetos procesales que intervienen dentro del proceso jurídico, en el principio de la igualdad de las partes previsto en el artículo 12 de la Norma Adjetiva Penal.

En atención a ello, procede este Tribunal en la facultad conferida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, a dar respuesta al petitorio efectuado por parte de la Abg. ISMAR BETANCOURT, adscrita a la defensoría N° 15 de la Defensa Pública, del examen de la revisión de la medida que pesa hasta la presente fecha contra el justiciable JOSE GREGORIO MADRID MERITRO, titular de la cédula de identidad N° V-24.210.294, observando de la revisión del expediente que hasta la presente fecha no se encuentran desvirtuados los motivos que fundamentaron la imposición de la medida de privación judicial de libertad del justiciable, acordada ante el Tribunal Séptimo (7°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal en Audiencia de Aprehensión, en fecha dos (02) de noviembre de 2017, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el articulo 405 en relación con el 406 numeral 1 del Código Penal, y donde la fiscalía Décima Cuarta (14) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del estado Aragua, por considerar elementos de convicción suficientes que presumen al acusado como autor o participe de los hechos ocurridos en fecha veinticuatro (24) de agosto de 2013, según se desprende en Acta de Investigación Penal suscrita por los funcionarios Detective Deomar Ruiz y Detective Romero José, adscritos al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, Eje de Investigaciones de Homicidios, Villa de Cura, estado Aragua, cursante al folio ocho (08) al folio diez (10) de la Pieza uno (I) del expediente, presentó escrito acusatorio en fecha doce (12) de diciembre de 2017, en el cual en la garantía del Principio de Adquisición Procesal y de Comunidad de Prueba durante el contradictorio se obtendrá la verdad.

Sostiene la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que respecta a las Medidas de Coerción Personal, lo siguiente: “…las medidas de coerción personal tienen como objeto principal servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente al desarrollo del debate y resultas del proceso criminal que se le sigue… El resultado de un juicio puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusoria la ejecución de la sentencia (Sentencia N” 102 de fecha 18-03-11 con Ponencia de la Magistrada Presidenta de Sala Penal Dra. Ninoska Queipo Briceño).

Por otra parte, la Sentencia N° 2089 de fecha veintiuno (21) de diciembre de 2023, Sala Constitucional de Alto Juzgado: “…las medidas de privación judicial preventiva de libertad no debe ser un todo absoluto en virtud de que existen circunstancias que pueden variar dentro del proceso penal que hacen que ya no se encuentren los extremos de ley que motivaron inicialmente su aplicación, lo cual haría procedente su revisión. El principio de presunción de inocencia no implica la prohibición de acordar medidas cautelares privativas de libertad cuando su imposición busque salvaguardar finalidades estrictamente procesales; lo que sí está vedado es su aplicación como una suerte de pena anticipada o de sanción procesal en contra del inculpado, producto de la permanencia prolongada de dichas medidas de coerción personal…”.

“…En atención al principio del estado de libertad como regla, contemplado en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas cautelares sustitutivas a la privación de libertad están sujetas a revisión, ya sea por su incumplimiento o porque se solicite su levamiento…”.

De modo que, los operadores de justicia solo puede revocar la medida una vez que existan factores que desvirtúen lo hechos debatidos, que le generaran duda razonable o si existiera algún hecho que modificara o cesara las causas que impulsaron la imposición de la medida primigenia, sostenido así en Sentencia N° 582, de fecha veinte (20) de diciembre del año dos mil seis (2006), de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ratificado por esa misma sala en Sentencia N°015, Expediente N° R14-7, Caso BRACHO, GARCÍA, TORRES, NOGUERA, dictado en fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil catorce (2014) con Ponencia del Magistrado DR.HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, indicando entre otras cosas, lo siguiente:

“…Respecto a la gravedad del delito es importante señalar que muchos doctrinarios han relacionado el carácter grave de los delitos con las penas más severas. No obstante, ha sido jurisprudencia reiterada, el criterio sostenido por la hoy extinta Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que la expresión ‘delitos graves’ debe ser interpretada de una manera más lata y general y no tan restringida. Esto es, que la gravedad del delito va a depender del perjuicio o daño ocasionado a la colectividad o al individuo ‘(…) teniendo en cuenta factores tan diversos como la condición del agresor y del agredido, las relaciones existentes entre ellos (…) las funciones que respectivamente desempeñan en la sociedad de que forman parte, los medios utilizados por el delincuente y la forma de cometer el hecho, más las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad…” (Resaltado de este Tribunal de Instancia).

Como es de ver, la doctrina jurisprudencial específica que en cuanto a la gravedad de los delitos se deben tomar en cuenta ciertas circunstancias como la magnitud del daño causado, el hecho social, el bien jurídico protegido, la obstaculización en cuanto al desarrollo del debate, el peligro de fuga, para estimar la procedencia de la medida cautelar sustitutiva de libertad, por lo que, quien aquí decide considera que si bien es cierto que ha sido evacuado parte del caudal probatorio promovido, no puede fundarse a criterio de la defensa como circunstancias favorables para la interposición de una medida menos gravosa, cuando la faculta de apreciación de las pruebas es a criterio del juzgador, una vez que el debate cumpla su finalidad conforme a la valoración y análisis del caudal probatorio debatido.

En tal sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, consagra el artículo 253 que:

Artículo 253. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio…”

Es por lo que, siendo que no ha sido evacuada en su totalidad el acervo probatorio admitido, lo que conllevaría a esta operadora de justicia proceder al examen y valoración de lo debatido en juicio con el dictamen de la sentencia que conforme a derecho tenga lugar, se mantiene la medida de Privación Preventiva de Libertad que pesa sobre el acusado de auto, por encontrarse aun el asunto penal en Continuación de Juicio Oral y Público. Razón por la cual, considera quien aquí decide, declarar sin lugar la solicitud de otorgamiento de una medida menos gravosa incoada por la representación de la defensa Pública ABG ISMAR BETANCOURT, adscrita a la defensoría Decima Quinta (15°) de la Defensa Pública del Estado Aragua, en escrito presentado en fecha once (11) de Julio de 2025 constando en autos en la misma fecha del año que discurre, manteniendo la Privación Preventiva de Libertad y el sitio de reclusión que pesa sobre el justiciable JOSE GREGORIO MADRID MERITRO, titular de la cédula de identidad N° V-24.210.294, como medida cautelar para garantizar las finalidades del presente proceso, que no es otra cosa, que el establecimiento de la verdad de los hechos, así como la efectiva realización de la justicia en la aplicación del derecho. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Establecido lo anterior, este Tribunal Octavo (8°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal, en obediencia a la Ley, el derecho y la justicia como fines fundamentales de un proceso justo, DECLARA: NEGAR la solicitud de otorgamiento de una revisión de la medida judicial de privativa preventiva de libertad, incoada por parte de la representación de la defensa Pública ABG ISMAR BETANCOURT, adscrita a la defensoría N° 15 del Estado Aragua, en escrito presentado en fecha once (11) de Julio de 2025 constando en autos en esta misma fecha del año que discurre. En consecuencia, se mantiene la validez de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que pesa contra el justiciable JOSE GREGORIO MADRID MERITRO, titular de la cédula de identidad N° V-24.210.294 por cuanto no han variado las circunstancia que dieron origen a la misma. Negativa que obedece de conformidad con los artículos 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 250, 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese la presente decisión. Diarícese. Cúmplase.

LA JUEZA,

ABG. JESSICA COROMOTO SÁEZ
Juez Provisorio del Tribunal Octavo (8°) en función de Juicio
Del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua.
EL SECRETARIO,

ABG. GILBERTO PARRA

En esta misma fecha, se cumplió lo ordenado en auto que antecede.

EL SECRETARIO,

ABG. GILBERTO PARRA

Expediente N° 8J-0190-22
JCS/GP.-