REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
214° y 166°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano FRANCISCO JOSE CARRERO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.214.324, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.715.

PARTE DEMANDADA: Ciudadanos JOSE MANUEL MARTINEZ STODUCTTO, BELKYS COROMOTO MARTÍNEZ STODUCTTO y GLADYS DEL SOCORRO MARTÍNEZ, STODUCTTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.842.080, V-3.842.079 y V-3.516.040, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditan en autos.

EXPEDIENTE: 43.382

MOTIVO: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR NOMINADA (PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR DE BIEN INMUEBLE)

DECISIÓN: SENTENCIA INTERLOCUTORIA.


-I-
Vista la solicitud de medida cautelar, requerida por el abogado FRANCISCO JOSE CARRERO CHIRINOS, en su carácter de parte accionante, plenamente identificado en el encabezado del presente fallo; mediante la cual exponen:

“(Omissis)…Solicito se decrete Medida Cautelar Innominada de prohibición de enajenar y gravar sobre el siguiente bien inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar amoblada, cuyos derechos les pertenecen por documentos fehacientes; ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Autónomo Girardot Estado Aragua; el cual consta de las siguientes medidas y linderos: Norte: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); Sur: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); Este: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y Oeste: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); el cual les pertenece por efectos de la comunidad hereditaria o herencia Ab-intestato de sus legítimos causantes: GLADYS JOSEFINA STODUCTTO DE MARTÍNEZ y VÍCTOR ALFREDO MARTÍNEZ AZUAJE; y que de acuerdo a formularios de autoliquidación de impuestos sobre sucesiones realizadas y emitidas por ante la Dirección General Sectorial de Rentas, Impuestos Sobre Donaciones y Demás Ramos Conexos, adscritos al Ministerio de Hacienda les pertenece. Ya que dicho inmueble fue adquirido por sus causantes, mediante la compra del terreno: Por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12-12-1972y las bienhechurías (casa-quinta) mediante la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Obrero (posterior Instituto Nacional de la Vivienda y hoy en día Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según documento protocolizado por ante la Oficina de Registro del Primer Circuito de Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 6 de Agosto de 1982, quedando registrado bajo el No. 15, Folios 44 al 45, Protocolo primero, Tomo 9; dicho inmueble cuenta con una vivienda principal y tres anexos tipo apartamento, con entrada y servicios independientes...” (Cursivas del Tribunal.)

Ahora bien, vista la solicitud cautelar formulada por la parte accionante, este Tribunal de Primera Instancia pasa a analizar si la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, cumple con los extremos de Ley para poder ser decretada.
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el presente caso, este Juzgador observa que la parte actora, ciudadano FRANCISCO JOSE CARRERO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.214.324, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.715, demanda a los ciudadanos JOSE MANUEL MARTÍNEZ STODUCTTO, BELKYS COROMOTO MARTÍNEZ STODUCTTO y GLADYS DEL SOCORRO MARTÍNEZ, STODUCTTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.842.080, V-3.842.079 y V-3.516.040, respectivamente, por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, e igualmente solicita en el libelo de la demanda de conformidad con el artículo 585 y 588 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, medida cautelar nominada de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un (01) inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar, ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual consta de las siguientes medidas y linderos: NORTE: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); SUR: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); ESTE: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y OESTE: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972.
En virtud de lo anterior, este Juzgador considera necesario traer a colación que el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garante de la tutela judicial tiene la responsabilidad de impartir justicia con el fin de resolver los conflictos en aras de alcanzar la paz social más allá de las partes que dirimen sus controversias, asumiendo el compromiso bajo los mínimos imperativos de la Ley y la Justicia, no sólo para que haya el oportuno acceso a esta última, sino para que a través del proceso como instrumento fundamental para alcanzar su realización, la misma se ajuste a lo preceptuado la parte in fine del artículo 26 de la Carta Magna. Dentro de la concepción de administración de justicia, se encuentra la potestad general cautelar del Juez, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, que tal como lo refiere la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2.531, de fecha 20 de Diciembre de 2.006, dictaminó que:
“…La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No obstante, tal como lo ha señalado esta Sala, “(s)i bien la potestad cautelar se reconoce como una garantía fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva, su otorgamiento se encuentra vinculado a la satisfacción de determinadas exigencias tendentes a evitar que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida –en perjuicio de su contraparte- valiéndose del proceso con un objeto ajeno a la prosecución de la justicia”(S.S.C. N° 1590 del 10/08/06, Caso: Telecomunicaciones Movilnet) (Cursivas del Tribunal)

El otorgamiento de estas medidas exige el cumplimiento de ciertas exigencias tendentes a evitar que quien solicite la protección cautelar procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte. Estos presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares atienden a la necesidad de preservar la eficacia de un eventual fallo favorable a la pretensión y, como consecuencia, es razonable que para obtener esa protección adelantada se exija a su reclamante la demostración inicial del buen derecho que le asiste, del peligro que corre su situación jurídica en el tiempo que discurrirá el proceso y la mínima afectación al interés general que supondría la adopción de la tutela provisional, según sea el caso. Cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, esto puede comprenderse como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Cónsono con lo anterior, se puede afirmar que el poder cautelar es el derecho conocido como garantía jurisdiccional, el cual debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren. Tal poder cautelar tiene intima vinculación con la tutela judicial efectiva, el cual encuentra su razón de ser en la justicia, siendo uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Concorde a ello, la garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, prevista en el artículo 26 de la Carta Magna, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad, en tal sentido el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón. Nuestro Máximo Tribunal, en sentencia N° 00069, de la Sala de Casación Civil, de fecha 17 de Enero de 2008, ha sostenido que:

“Las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces”. En tal sentido se ha establecido que el objeto de la pretensión cautelar “no puede ser el mismo que el de la pretensión principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se dicta prima facie.” (Cursivas del Tribunal)

Lo anteriormente citado permite asumir como válida la conclusión que las medidas cautelares son acciones preventivas, dirigidas a evitar la violación de un derecho ante la amenaza seria de ser vulnerado, sobre un fundado temor, es decir, se requiere obtener por adelantado una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos ventilados en juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Carta Magna. Cabe resaltar que las medidas preventivas, presentan una serie de características, referidas a:

- La instrumentalidad: La definición de esta ha de buscarse en el fin al que su eficacia está preordenada, ello tiende a la anticipación de los efectos de una providencia principal.
- La provisionalidad: Tiene lugar entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y la subsiguiente (definitiva). En cuanto a la variabilidad de las medidas cautelares, aún estando ejecutoriada, puede ser modificada en la medida que cambie el estado de cosas para el cual se dictaron. Así, si hay cambio en los términos del proceso principal en orden a los cuales el Juez acordó la medida cautelar, no debe impedirse una reconsideración de la necesidad de su vigencia. De esto se sigue que produzca una cosa juzgada meramente formal.
- El carácter de urgencia está relacionada con la necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en vanguardia en una situación de hecho. Basta que haya indicio fundado de peligro y de justicia en la pretensión del solicitante, para que el Juez actúe recurrentemente.

Ahora bien, cuando se habla de medidas cautelares, éstas pueden tener una finalidad asegurativa, cuando garantizan la satisfacción de la pretensión del actor, referida a un derecho real o derecho personal a cosa determinada, o referida a un derecho de crédito, y asegura indirectamente el patrimonio social o impide la venta o gravamen de sus bienes. También puede tener una finalidad conservativa, cuando se pretende mantener el statu quo existente al momento de la demanda o perpetuar la legitimación a la causa. Y tiene una finalidad anticipativa, cuando adelanta provisionalmente la satisfacción de la pretensión deducida. Hallan su razón de ser en la urgencia de la decisión ante el peligro de daño que acarrea el retardo. Las medidas cautelares, como figura jurídica están tipificadas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual, remite al artículo 585 ejusdem, que contempla los requisitos de procedibilidad de estas, cuando nos señala:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Cursivas del Tribunal.)

Así, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en sentencia de fecha 21 de Octubre de 2008, Expediente N° 08-0856, se ha pronunciado respecto al sistema cautelar, de la siguiente manera:

“Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, las medidas innominadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.” (Cursivas del Tribunal.)

De lo anteriormente mencionado, se puede inferir entonces, que para que se pueda decretar una medida cautelar es necesario que concurran una serie de requisitos que la fundamenten, y que según el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil son el periculum in mora o retardo en la mora y el fumus bonis iuris o apariencia del buen derecho. Sobre estos requisitos, señala la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal, en Sala de Casación Civil, ponencia de la magistrada Dra. Isbelia Pérez de Caballero, de fecha 21 de junio 2005, lo siguiente:

“…obedecen a la protección de dos derechos constitucionales en conflicto: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad, previsto en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana…”

El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil es el periculum in mora, este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo; y el segundo requisito es la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten. Estos dos extremos deben ser cumplidos por la parte actora en su petición de medidas cautelares para que este Juzgador pueda acordar las mismas. Para el caso de marras, la accionante consignó entre otras documentales en que fundamenta su pretensión, las siguientes:

1. Copias fotostáticas certificadas del libelo de la demanda de Partición Hereditaria, marcada con la letra “A”. Folio 06 al 11.
2. Copias Fotostáticas certificadas de Poder Apud Acta otorgado por los demandados JOSE MANUEL MARTINEZ STODUCTTO, BELKYS COROMOTO MARTINEZ STODUCTTO y GLADYS DEL SOCORRO MARTINEZ STODUCTTO, marcado con la letra “B”. Folio 12.
3. Copias Fotostáticas de la reforma de la demanda de Partición Judicial Hereditaria, marcada con la letra “C”. Folio 13 al 14.
4. Copias Fotostáticas certificadas del informe del experto-partidor en el Juicio de Partición Judicial Hereditaria, marcada con la letra “D”. Folio 16 al 18.
5. Copia Certificada de Sentencia Definitivamente firme del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en donde declara concluido el Juicio de Partición Judicial Hereditaria, marcada “E”.
6. Copia Fotostática simple de diligencia consignando copias simples a fin de diligenciar la compulsa para la notificación de la parte demandada de fecha 4-12-219, marcada con la letra “F”.
7. Copia Simple de diligencia solicitando la reactivación de la causa y la citación por carteles en fecha 28-12-221, marcada con la letra “G”
8. Copia Simple de diligencia solicitando la citación de la parte demandada, en fecha 13-5-221, marcada con la letra “H”.
9. Copia Simple de diligencia solicitando que se libre boleta de notificación en fecha 21-7-2021, marcada con la letra “I”.
10. Copia Simple de diligencia solicitando la citación por carteles de fecha 18-11-221, marcada con la letra “J”.
11. Copia Simple de diligencia solicitando la notificación telefónica de fecha 02-12-221, marcada con la letra “K”.
12. Copia Simple de diligencia solicitando oficio de edicto para su publicación de fecha 10-3-2023, marcada con la letra “L”.
13. Copia Simple de diligencia consignando la hoja correspondiente al edicto publicado en el diario “El Periodiquito”, de fecha 23-3-2022, marcada con la letra “M”.
14. Copia Simple de diligencia solicitando notificación por vía telefónica de fecha 2-6-2022, marcada con la letra “N”.
15. Copia Simple de diligencia postulando al experto –partidor para Partición Judicial Hereditaria de fecha 18-07-2022, marcada con la letra “Ñ”.
16. Copia Simple de diligencia solicitando se declare concluido la Partición Judicial Hereditaria de fecha 11-10-222, marcada con la letra “O”.
17. Copia Simple de diligencia objetando una nueva notificación, de fecha 28-1-2022, marcada con la letra “ P”.
18. Copia Simple de diligencia solicitando una nueva notificación de fecha 29-11-2023, marcada con la letra “Q”.
19. Copia Simple de diligencia solicitando se declare concluida la Partición Judicial Hereditaria de fecha 12-01-2023, marcada con la letra “R”.
20. Copia Simple de diligencia solicitando copias certificadas de fecha 08-05-2024, marcada con la letra “S”.
21. Planilla de declaraciones sucesoral correspondientes a los causantes y demandados, marcada con la letra “T”.
22. Copia Simple de Certificado de solvencia, marcada con la letra “U”.
23. Copia Simple de Planilla de declaraciones sucesoral correspondiente a los causantes y demandados, marcada con la letra “V”.
24. Certificado de solvencia correspondientes a la sucesión MARTÍNEZ STODUCTTO, marcada con la letra “W”.
25. Copia Simple de la cédula de identidad de BELKIS COROMOTO MARTÍNEZ STODUCTTO, marcada con la letra “X”.
26. Copia Simple de la cédula de identidad de JOSE MANUEL MARTINEZ STODUCTTO, marcada con la letra “Y”.
27. Copia Simple de la cédula de identidad de GLADYS DEL SOCORRO MARTÍNEZ STODUCTTO, marcada con la letra “Z”.
28. Copia Simple del documento de propiedad del inmueble objeto de la presente litis, inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, marcada con la letra “A1”.
29. Copia Simple del documento de propiedad del inmueble, protocolizado por ante la Oficina de Registro del Primer Circuito de Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 6 de Agosto de 1982, quedando registrado bajo el No. 15, Folios 44 al 45, Protocolo primero, Tomo 9, marcada con la letra “B1”.

En virtud de las documentales antes mencionado, así como lo esgrimido por la parte actora en su escrito de solicitud de medidas cautelares, procede entonces este Juzgador a verificar si las mismas dan cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el periculum in mora y el fumus bonis iuris, para que sea decretada la medida preventiva cautelar de prohibición de enajenar y gravar objeto de la presente decisión, por consiguiente de la revisión minuciosa a las copias certificadas que conforman el presente cuaderno de medidas; se observan los siguientes instrumentos: Documento de propiedad del inmueble, relacionado con la compra del terreno, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, debidamente registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2, de fecha 12-12-1972, así como, la consignación de documento, correspondientes a las bienhechurías casa-quinta) mediante la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Obrero (posterior Instituto Nacional de la Vivienda y hoy en día Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según documento protocolizado por ante la Oficina de Registro del Primer Circuito de Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 6 de Agosto de 1982, quedando registrado bajo el No. 15, Folios 44 al 45, Protocolo primero, Tomo 9, marcados con las letras “A1” y “B1”, por ende, este Jurisdicente constata que ha quedado demostrado en autos que la parte actora puede ser titular de derechos de posible reconocimiento, en la sentencia definitiva que ha de recaer en el proceso, actuaciones estas que pudieran dar a entender la existencia de un riesgo a futuro que vulneraría algún derecho del accionante, por lo que se desprende la presunción grave de temor al daño, y en consecuencia se entiende cumplido este requisito, los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sin que esto implique un adelanto de opinión, ya que se deja a salvo la valoración de todos los medios de prueba presentados en la sentencia definitiva conforme la actividad procesal desplegada por las partes. y así se declara.
En virtud de lo anterior, y visto que a criterio de este Tribunal, la solicitud de medida cautelar nominada de la parte actora, cumple con los extremos de los artículos del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este Tribunal haciendo uso del poder cautelar general que asiste al Juez venezolano para dictar Medidas Preventivas, y siendo las medidas cautelares un medio efectivo y rápido para la protección de los derechos que pudiera asistir al demandante, DECRETA MEDIDA CAUTELAR NOMINADA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un (01) inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar, ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual consta de las siguientes medidas y linderos: NORTE: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); SUR: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); ESTE: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y OESTE: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, y así se decide.
-III-
DISPOSITIVA

En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, se declara:
PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un (01) inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar, ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual consta de las siguientes medidas y linderos: NORTE: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); SUR: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); ESTE: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y OESTE: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972.

SEGUNDO: SE ORDENA de conformidad con el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil oficiar a la OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA a los fines que estampe la nota marginal correspondiente. Líbrese oficio.
TERCERO: NO HAY condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.
Publíquese, regístrese, Diaricese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencia llevado en archivo por control interno de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los Once (11) días del mes de Marzo de 2.025. Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación. -
EL JUEZ SUPLENTE,

HÉCTOR ENRIQUE TABARES AGNELLI,
LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia previo anunció de Ley, siendo las 11:00 a.m.
LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO




Exp. N° 43.382 (Cuaderno de Medidas)
HT/MJ/jd


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA
214° y 166°

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano FRANCISCO JOSE CARRERO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.214.324, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.715.

PARTE DEMANDADA: Ciudadanos JOSE MANUEL MARTINEZ STODUCTTO, BELKYS COROMOTO MARTÍNEZ STODUCTTO y GLADYS DEL SOCORRO MARTÍNEZ, STODUCTTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.842.080, V-3.842.079 y V-3.516.040, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditan en autos.

EXPEDIENTE: 43.382

MOTIVO: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR NOMINADA (PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR DE BIEN INMUEBLE)

DECISIÓN: SENTENCIA INTERLOCUTORIA.


-I-
Vista la solicitud de medida cautelar, requerida por el abogado FRANCISCO JOSE CARRERO CHIRINOS, en su carácter de parte accionante, plenamente identificado en el encabezado del presente fallo; mediante la cual exponen:

“(Omissis)…Solicito se decrete Medida Cautelar Innominada de prohibición de enajenar y gravar sobre el siguiente bien inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar amoblada, cuyos derechos les pertenecen por documentos fehacientes; ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Autónomo Girardot Estado Aragua; el cual consta de las siguientes medidas y linderos: Norte: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); Sur: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); Este: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y Oeste: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); el cual les pertenece por efectos de la comunidad hereditaria o herencia Ab-intestato de sus legítimos causantes: GLADYS JOSEFINA STODUCTTO DE MARTÍNEZ y VÍCTOR ALFREDO MARTÍNEZ AZUAJE; y que de acuerdo a formularios de autoliquidación de impuestos sobre sucesiones realizadas y emitidas por ante la Dirección General Sectorial de Rentas, Impuestos Sobre Donaciones y Demás Ramos Conexos, adscritos al Ministerio de Hacienda les pertenece. Ya que dicho inmueble fue adquirido por sus causantes, mediante la compra del terreno: Por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12-12-1972y las bienhechurías (casa-quinta) mediante la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Obrero (posterior Instituto Nacional de la Vivienda y hoy en día Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según documento protocolizado por ante la Oficina de Registro del Primer Circuito de Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 6 de Agosto de 1982, quedando registrado bajo el No. 15, Folios 44 al 45, Protocolo primero, Tomo 9; dicho inmueble cuenta con una vivienda principal y tres anexos tipo apartamento, con entrada y servicios independientes...” (Cursivas del Tribunal.)

Ahora bien, vista la solicitud cautelar formulada por la parte accionante, este Tribunal de Primera Instancia pasa a analizar si la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, cumple con los extremos de Ley para poder ser decretada.
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el presente caso, este Juzgador observa que la parte actora, ciudadano FRANCISCO JOSE CARRERO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.214.324, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 63.715, demanda a los ciudadanos JOSE MANUEL MARTÍNEZ STODUCTTO, BELKYS COROMOTO MARTÍNEZ STODUCTTO y GLADYS DEL SOCORRO MARTÍNEZ, STODUCTTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.842.080, V-3.842.079 y V-3.516.040, respectivamente, por ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES, e igualmente solicita en el libelo de la demanda de conformidad con el artículo 585 y 588 ordinal 3° del Código de Procedimiento Civil, medida cautelar nominada de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un (01) inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar, ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual consta de las siguientes medidas y linderos: NORTE: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); SUR: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); ESTE: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y OESTE: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972.
En virtud de lo anterior, este Juzgador considera necesario traer a colación que el Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garante de la tutela judicial tiene la responsabilidad de impartir justicia con el fin de resolver los conflictos en aras de alcanzar la paz social más allá de las partes que dirimen sus controversias, asumiendo el compromiso bajo los mínimos imperativos de la Ley y la Justicia, no sólo para que haya el oportuno acceso a esta última, sino para que a través del proceso como instrumento fundamental para alcanzar su realización, la misma se ajuste a lo preceptuado la parte in fine del artículo 26 de la Carta Magna. Dentro de la concepción de administración de justicia, se encuentra la potestad general cautelar del Juez, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, que tal como lo refiere la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2.531, de fecha 20 de Diciembre de 2.006, dictaminó que:
“…La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No obstante, tal como lo ha señalado esta Sala, “(s)i bien la potestad cautelar se reconoce como una garantía fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva, su otorgamiento se encuentra vinculado a la satisfacción de determinadas exigencias tendentes a evitar que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida –en perjuicio de su contraparte- valiéndose del proceso con un objeto ajeno a la prosecución de la justicia”(S.S.C. N° 1590 del 10/08/06, Caso: Telecomunicaciones Movilnet) (Cursivas del Tribunal)

El otorgamiento de estas medidas exige el cumplimiento de ciertas exigencias tendentes a evitar que quien solicite la protección cautelar procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte. Estos presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares atienden a la necesidad de preservar la eficacia de un eventual fallo favorable a la pretensión y, como consecuencia, es razonable que para obtener esa protección adelantada se exija a su reclamante la demostración inicial del buen derecho que le asiste, del peligro que corre su situación jurídica en el tiempo que discurrirá el proceso y la mínima afectación al interés general que supondría la adopción de la tutela provisional, según sea el caso. Cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, esto puede comprenderse como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.

Cónsono con lo anterior, se puede afirmar que el poder cautelar es el derecho conocido como garantía jurisdiccional, el cual debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren. Tal poder cautelar tiene intima vinculación con la tutela judicial efectiva, el cual encuentra su razón de ser en la justicia, siendo uno de los valores fundamentales presente en todos los aspectos de la vida social, por lo cual debe impregnar todo el ordenamiento jurídico y constituir uno de los objetivos de la actividad del Estado, en garantía de la paz social. Concorde a ello, la garantía constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, prevista en el artículo 26 de la Carta Magna, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad, en tal sentido el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón. Nuestro Máximo Tribunal, en sentencia N° 00069, de la Sala de Casación Civil, de fecha 17 de Enero de 2008, ha sostenido que:

“Las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces”. En tal sentido se ha establecido que el objeto de la pretensión cautelar “no puede ser el mismo que el de la pretensión principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se dicta prima facie.” (Cursivas del Tribunal)

Lo anteriormente citado permite asumir como válida la conclusión que las medidas cautelares son acciones preventivas, dirigidas a evitar la violación de un derecho ante la amenaza seria de ser vulnerado, sobre un fundado temor, es decir, se requiere obtener por adelantado una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos ventilados en juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Carta Magna. Cabe resaltar que las medidas preventivas, presentan una serie de características, referidas a:

- La instrumentalidad: La definición de esta ha de buscarse en el fin al que su eficacia está preordenada, ello tiende a la anticipación de los efectos de una providencia principal.
- La provisionalidad: Tiene lugar entre los efectos de la providencia antecedente (cautelar) y la subsiguiente (definitiva). En cuanto a la variabilidad de las medidas cautelares, aún estando ejecutoriada, puede ser modificada en la medida que cambie el estado de cosas para el cual se dictaron. Así, si hay cambio en los términos del proceso principal en orden a los cuales el Juez acordó la medida cautelar, no debe impedirse una reconsideración de la necesidad de su vigencia. De esto se sigue que produzca una cosa juzgada meramente formal.
- El carácter de urgencia está relacionada con la necesidad de un medio efectivo y rápido que intervenga en vanguardia en una situación de hecho. Basta que haya indicio fundado de peligro y de justicia en la pretensión del solicitante, para que el Juez actúe recurrentemente.

Ahora bien, cuando se habla de medidas cautelares, éstas pueden tener una finalidad asegurativa, cuando garantizan la satisfacción de la pretensión del actor, referida a un derecho real o derecho personal a cosa determinada, o referida a un derecho de crédito, y asegura indirectamente el patrimonio social o impide la venta o gravamen de sus bienes. También puede tener una finalidad conservativa, cuando se pretende mantener el statu quo existente al momento de la demanda o perpetuar la legitimación a la causa. Y tiene una finalidad anticipativa, cuando adelanta provisionalmente la satisfacción de la pretensión deducida. Hallan su razón de ser en la urgencia de la decisión ante el peligro de daño que acarrea el retardo. Las medidas cautelares, como figura jurídica están tipificadas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual, remite al artículo 585 ejusdem, que contempla los requisitos de procedibilidad de estas, cuando nos señala:

“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” (Cursivas del Tribunal.)

Así, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en sentencia de fecha 21 de Octubre de 2008, Expediente N° 08-0856, se ha pronunciado respecto al sistema cautelar, de la siguiente manera:

“Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, las medidas innominadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.” (Cursivas del Tribunal.)

De lo anteriormente mencionado, se puede inferir entonces, que para que se pueda decretar una medida cautelar es necesario que concurran una serie de requisitos que la fundamenten, y que según el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil son el periculum in mora o retardo en la mora y el fumus bonis iuris o apariencia del buen derecho. Sobre estos requisitos, señala la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal, en Sala de Casación Civil, ponencia de la magistrada Dra. Isbelia Pérez de Caballero, de fecha 21 de junio 2005, lo siguiente:

“…obedecen a la protección de dos derechos constitucionales en conflicto: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad, previsto en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana…”

El primer requisito exigido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil es el periculum in mora, este requisito se refiere a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo; y el segundo requisito es la presunción de buen derecho, esto es, las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten. Estos dos extremos deben ser cumplidos por la parte actora en su petición de medidas cautelares para que este Juzgador pueda acordar las mismas. Para el caso de marras, la accionante consignó entre otras documentales en que fundamenta su pretensión, las siguientes:

1. Copias fotostáticas certificadas del libelo de la demanda de Partición Hereditaria, marcada con la letra “A”. Folio 06 al 11.
2. Copias Fotostáticas certificadas de Poder Apud Acta otorgado por los demandados JOSE MANUEL MARTINEZ STODUCTTO, BELKYS COROMOTO MARTINEZ STODUCTTO y GLADYS DEL SOCORRO MARTINEZ STODUCTTO, marcado con la letra “B”. Folio 12.
3. Copias Fotostáticas de la reforma de la demanda de Partición Judicial Hereditaria, marcada con la letra “C”. Folio 13 al 14.
4. Copias Fotostáticas certificadas del informe del experto-partidor en el Juicio de Partición Judicial Hereditaria, marcada con la letra “D”. Folio 16 al 18.
5. Copia Certificada de Sentencia Definitivamente firme del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en donde declara concluido el Juicio de Partición Judicial Hereditaria, marcada “E”.
6. Copia Fotostática simple de diligencia consignando copias simples a fin de diligenciar la compulsa para la notificación de la parte demandada de fecha 4-12-219, marcada con la letra “F”.
7. Copia Simple de diligencia solicitando la reactivación de la causa y la citación por carteles en fecha 28-12-221, marcada con la letra “G”
8. Copia Simple de diligencia solicitando la citación de la parte demandada, en fecha 13-5-221, marcada con la letra “H”.
9. Copia Simple de diligencia solicitando que se libre boleta de notificación en fecha 21-7-2021, marcada con la letra “I”.
10. Copia Simple de diligencia solicitando la citación por carteles de fecha 18-11-221, marcada con la letra “J”.
11. Copia Simple de diligencia solicitando la notificación telefónica de fecha 02-12-221, marcada con la letra “K”.
12. Copia Simple de diligencia solicitando oficio de edicto para su publicación de fecha 10-3-2023, marcada con la letra “L”.
13. Copia Simple de diligencia consignando la hoja correspondiente al edicto publicado en el diario “El Periodiquito”, de fecha 23-3-2022, marcada con la letra “M”.
14. Copia Simple de diligencia solicitando notificación por vía telefónica de fecha 2-6-2022, marcada con la letra “N”.
15. Copia Simple de diligencia postulando al experto –partidor para Partición Judicial Hereditaria de fecha 18-07-2022, marcada con la letra “Ñ”.
16. Copia Simple de diligencia solicitando se declare concluido la Partición Judicial Hereditaria de fecha 11-10-222, marcada con la letra “O”.
17. Copia Simple de diligencia objetando una nueva notificación, de fecha 28-1-2022, marcada con la letra “ P”.
18. Copia Simple de diligencia solicitando una nueva notificación de fecha 29-11-2023, marcada con la letra “Q”.
19. Copia Simple de diligencia solicitando se declare concluida la Partición Judicial Hereditaria de fecha 12-01-2023, marcada con la letra “R”.
20. Copia Simple de diligencia solicitando copias certificadas de fecha 08-05-2024, marcada con la letra “S”.
21. Planilla de declaraciones sucesoral correspondientes a los causantes y demandados, marcada con la letra “T”.
22. Copia Simple de Certificado de solvencia, marcada con la letra “U”.
23. Copia Simple de Planilla de declaraciones sucesoral correspondiente a los causantes y demandados, marcada con la letra “V”.
24. Certificado de solvencia correspondientes a la sucesión MARTÍNEZ STODUCTTO, marcada con la letra “W”.
25. Copia Simple de la cédula de identidad de BELKIS COROMOTO MARTÍNEZ STODUCTTO, marcada con la letra “X”.
26. Copia Simple de la cédula de identidad de JOSE MANUEL MARTINEZ STODUCTTO, marcada con la letra “Y”.
27. Copia Simple de la cédula de identidad de GLADYS DEL SOCORRO MARTÍNEZ STODUCTTO, marcada con la letra “Z”.
28. Copia Simple del documento de propiedad del inmueble objeto de la presente litis, inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, marcada con la letra “A1”.
29. Copia Simple del documento de propiedad del inmueble, protocolizado por ante la Oficina de Registro del Primer Circuito de Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 6 de Agosto de 1982, quedando registrado bajo el No. 15, Folios 44 al 45, Protocolo primero, Tomo 9, marcada con la letra “B1”.

En virtud de las documentales antes mencionado, así como lo esgrimido por la parte actora en su escrito de solicitud de medidas cautelares, procede entonces este Juzgador a verificar si las mismas dan cumplimiento a los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, el periculum in mora y el fumus bonis iuris, para que sea decretada la medida preventiva cautelar de prohibición de enajenar y gravar objeto de la presente decisión, por consiguiente de la revisión minuciosa a las copias certificadas que conforman el presente cuaderno de medidas; se observan los siguientes instrumentos: Documento de propiedad del inmueble, relacionado con la compra del terreno, por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, debidamente registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2, de fecha 12-12-1972, así como, la consignación de documento, correspondientes a las bienhechurías casa-quinta) mediante la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco Obrero (posterior Instituto Nacional de la Vivienda y hoy en día Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, según documento protocolizado por ante la Oficina de Registro del Primer Circuito de Municipio Girardot del Estado Aragua, en fecha 6 de Agosto de 1982, quedando registrado bajo el No. 15, Folios 44 al 45, Protocolo primero, Tomo 9, marcados con las letras “A1” y “B1”, por ende, este Jurisdicente constata que ha quedado demostrado en autos que la parte actora puede ser titular de derechos de posible reconocimiento, en la sentencia definitiva que ha de recaer en el proceso, actuaciones estas que pudieran dar a entender la existencia de un riesgo a futuro que vulneraría algún derecho del accionante, por lo que se desprende la presunción grave de temor al daño, y en consecuencia se entiende cumplido este requisito, los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, sin que esto implique un adelanto de opinión, ya que se deja a salvo la valoración de todos los medios de prueba presentados en la sentencia definitiva conforme la actividad procesal desplegada por las partes. y así se declara.
En virtud de lo anterior, y visto que a criterio de este Tribunal, la solicitud de medida cautelar nominada de la parte actora, cumple con los extremos de los artículos del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este Tribunal haciendo uso del poder cautelar general que asiste al Juez venezolano para dictar Medidas Preventivas, y siendo las medidas cautelares un medio efectivo y rápido para la protección de los derechos que pudiera asistir al demandante, DECRETA MEDIDA CAUTELAR NOMINADA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un (01) inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar, ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual consta de las siguientes medidas y linderos: NORTE: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); SUR: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); ESTE: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y OESTE: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, y así se decide.
-III-
DISPOSITIVA

En mérito de los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PROCEDENTE la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, se declara:
PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un (01) inmueble, constituido por una casa-quinta de habitación familiar, ubicado en la Calle Piar No. 34, Urbanización Mario Briceño Iragorry, Maracay Municipio Girardot del Estado Aragua, el cual consta de las siguientes medidas y linderos: NORTE: Calle Piar, en dieciocho metros y ochenta centímetros (Mts. 18.80); SUR: Cesar Bonilla, en veinte metros y cuarenta y tres centímetros (Mts.20,43); ESTE: Calle 19 de Abril, en veintinueve metros y ochenta y siete centímetros (Mts. 29,87) y OESTE: Familia Riera, en veintinueve metros y treinta y cinco centímetros (Mts. 29,35), en una superficie o cabida aproximada de QUINIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS CON SETENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS (M2 580,71); quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972, quedando inscrito por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Girardot del Estado Aragua, quedando Registrado bajo el No.40, folio 131, Protocolo primero, Tomo 2 de fecha 12 de Diciembre del año 1972.

SEGUNDO: SE ORDENA de conformidad con el artículo 600 del Código de Procedimiento Civil oficiar a la OFICINA SUBALTERNA DEL PRIMER CIRCUITO DE REGISTRO DEL MUNICIPIO GIRARDOT DEL ESTADO ARAGUA a los fines que estampe la nota marginal correspondiente. Líbrese oficio.
TERCERO: NO HAY condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.
Publíquese, regístrese, Diaricese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencia llevado en archivo por control interno de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los Once (11) días del mes de Marzo de 2.025. Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación. -
EL JUEZ SUPLENTE,

HÉCTOR ENRIQUE TABARES AGNELLI,
LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO

En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia previo anunció de Ley, siendo las 11:00 a.m.
LA SECRETARIA,

MIRIAMNY LIZMAR JIMENEZ PADRINO




Exp. N° 43.382 (Cuaderno de Medidas)
HT/MJ/jd