REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GIRARDOT Y MARIO BRICEÑO IRAGORRY DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.-
Maracay, 17 de Marzo del 2.025
214º y 166º
EXP Nº T5M-M-2690-25
PARTE DEMANDANTE: DARWIN ROLANDO DUQUE SEQUEDA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.444.453, asistido por el Abogado FRANCISCO JOSE ROJAS CARVAJAL, inscrito en el Inpreabogado bajo la matrícula Nº 99.508.
PARTE DEMANDADA: WUAYDITH DANESSA DELGADO ARMARO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-23.801.600.
MOTIVO: DIVORCIO DESAFECTO.
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA DECLINACION DE COMPETENCIA.
I
ANTECEDENTES.
En fecha 26 de febrero del 2025, se da inicio al presente procedimiento de divorcio con la causal DESAFECTO en virtud de la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional en su carácter de distribuidor de turno, quedando asignado con el Nº de distribución 644, por el ciudadano: DARWIN ROLANDO SDUQUE SEQUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-21.444.453, asistido por el abogado en ejercicio FRANCISCO JOSE ROJAS CARVAJAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 99.508; acción judicial ejercida en contra de la ciudadana: WUAYDITH DANESSA DELGADO AMARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-23.801.600.
En fecha 10 de Marzo de 2.025 el alguacil de este Tribunal consigno Notificación recibida y firmada por el Fiscal del Ministerio Publico con competencia Civil y de Familia.
En fecha 14 de Marzo de 2.025 la ciudadana: WUAYDITH DANESSA DELGADO ARMARO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-23.801.600, asistida por el abogado FREDDY MARTINES, debidamente inscrito en el Inpreabogados bajo el Nº 64.151 consigna, copia de informe médico en el cual se demuestra su estado de Gravidez actual.
II
MOTIVA
A fin de decidir, este Tribunal lo hace; previas las siguientes consideraciones:
PRIMERA: La competencia puede definirse como “...Atribuciones de un Juez o un Tribunal; capacidad para conocer de un juicio o una causa (…) Los jueces tienen facultad para conocer de ciertos asuntos en atención a su naturaleza lo cual determina su competencia (...) El juez tiene el poder de juzgar, pero está limitado en razón de su competencia…” Guillermo Cabanellas De Torres, “Nuevo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual” 2009, Buenos Aires, Tomo 2, p: 266. Por otro lado, Rengel Romberg. A, en “Tratado de Derecho procesal Venezolano, 2003, Caracas, Tomo: 1, p: 298, expuso: “…la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el Juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio…”.
Así, debemos destacar que al momento de proponer la demanda no basta que el demandante se dirija a uno cualquiera de los cientos de jueces que existen en la organización judicial, sino que previamente debe examinar si conforme a los criterios de ley que determinan la competencia, el juez a quien dirige su demanda es quien debe conocer de la misma por corresponder dicho asunto a la esfera de poderes y atribuciones dentro de las cuales puede ejercer la función jurisdiccional en concreto. De allí que la competencia sea uno de los requisitos o condiciones necesarias para la validez de cualquier proceso.
En este sentido debe este Tribunal apreciar, además del carácter de orden público que tiene la competencia, que nuestra Constitución del 1999 prevé en su artículo 253 el conocimiento y potestad de los órganos del poder judicial de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan las leyes o hacer ejecutar sus sentencias. Así mismo el artículo 49 numeral 4 ejusdem establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en la Constitución y en las leyes.
Principalmente va a estar determinada por la naturaleza de la cuestión discutida y por las disposiciones legales que lo regulan, tomado en cuenta la pretensión y el objeto; ya que, dependiendo de estos dos aspectos se determinara la aplicación de ciertos requisitos y disposiciones legales que se encuentran reguladas dentro de la cuestión discutida, y esto lo vemos reflejado en el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en el numeral tercero (3°), el cual expresa: “…3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad…”.
En este Sentido, en el fiel cumplimiento a lo dogmáticamente establecido en el artículo 334 Constitucional, la cual se transcribe parcialmente así: “…Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución…”; en este sentido, se hace obligatorio transcribir lo enunciado por el artículo 78 de nuestra Carta Magna, de esta manera:
“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”
Bajo esta normativa, se le confiere en forma irrevocable a los niños, niñas y adolescentes la cualidad de sujeto pleno de derecho, lo que quiere decir, que es el ente capaz de asumir deberes, derechos y obligaciones y el alcance del anterior artículo se establecen dos aspectos importantes, la primera: se refiere a la titularidad de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico a favor de las personas; la segunda: la aceptación de la capacidad jurídica progresiva y acorde al desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes en general, para ejercer de manera personal y directa todos sus derechos al igual que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, acompañados de sus padres, representantes o responsables.
Así las cosas, en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, que enuncia:
“…La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regula…”
A tales efectos, con respecto a la incompetencia, dispone el artículo 60 ejusdem, lo siguiente:
“La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en el artículo 47, se declarará aun de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso...”.
Esto lo vemos reflejado en materia de niños, niñas y adolescentes, donde la competencia esta señalada en el mismo Código Civil en su artículo 524, atribuyéndosela así: “Las funciones que en el presente Código se atribuyen a los Jueces de Primera Instancia en lo Civil en lo relativo al Derecho de Familia, podrán ser atribuidas a jueces especiales por las leyes respectivas...”. Así tenemos que las leyes regulan la competencia por la especialidad de la materia, entre otras leyes podemos mencionar las siguientes: Ley de Comercio Marítimo, Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Ahora bien, en el artículo 177, parágrafo primero, literal j) de la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece que los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes son competentes para conocer y decidir de: “…Divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, cuando haya niños, niñas o adolescentes comunes o bajo responsabilidad de crianza y/o patria potestad de alguno de los conyuges…”. En concordancia con el anterior artículo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictó Sentencia Nro. 51, en fecha 13 de febrero de 2019, con ponencia de la Dra. Jhannett María Madríz Sotillo, en el cual determinó:
“…Ahora bien, observa esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, se desprende que dentro de la unión conyugal que existió entre la ciudadana LILIANY JOSÉ OJEDA GÓMEZ y ÁLVARO JOSÉ SIVIRA RAMOS, nacieron dos (2) niñas, según se evidencia de las partidas de nacimientos cursante en los autos, lo que significa, que el juicio de Partición y Liquidación de la Comunidad Conyugal, debió tramitarse ante un Juzgado de Mediación y Sustanciación de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme a la disposición legal y al criterio jurisprudencial antes transcrito, es evidente que en el presente caso, se ven involucrados intereses de 2 niñas, en consecuencia, existe un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Por esta razón concluye esta Sala Plena, que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, no era el tribunal competente por la materia para conocer y decidir la demanda de autos…”.
SEGUNDA: En este orden de ideas, la parte demanda, consigna copia de informe médico de fecha 25 de enero de 2.025, en el cual se indica que tiene 4 semanas de embarazo, lo que representa que el Tribunal a quien corresponde la competencia por la especialidad de la materia es al Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a quien corresponda la distribución, todo de conformidad con lo ordenado en el artículo 49, numeral tercero (3°) de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 177, parágrafo primero, literal j, de la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
TERCERA: Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, este Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, se pronunciará en el dispositivo final en el cual se declarará INCOMPETENTE POR LA MATERIA ESPECIAL, y como consecuencia de ello, el órgano jurisdiccional competente para conocer la demanda de Divorcio por Desafecto, interpuesta por el ciudadano DARWIN ROLANDO SDUQUE SEQUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-21.444.453, asistido por el abogado en ejercicio FRANCISCO JOSE ROJAS CARVAJAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 99.508; acción judicial ejercida en contra de la ciudadana: WUAYDITH DANESSA DELGADO AMARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-23.801.600, es el Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, a quien corresponda la distribución. Ahora bien, se observa en lo antes indicado, que la competencia en cuanto a la materia ha quedado plenamente establecida. ASÍ SE DECIDE.
III
DISPOSITIVA.
Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la circunscripción judicial del estado Aragua, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que me otorga la Ley; corresponde a la U.R.D.D. del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay, conocer de la presente demanda, ya que el caso que nos ocupa existe una Gestación de un menor de edad, dentro de dicha unión. En consecuencia, de todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal:
PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE POR LA MATERIA ESPECIAL para conocer la demanda de Divorcio por Desafecto, interpuesta por el ciudadano DARWIN ROLANDO SDUQUE SEQUERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-21.444.453, asistido por el abogado en ejercicio FRANCISCO JOSE ROJAS CARVAJAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 99.508; acción judicial ejercida en contra de la ciudadana: WUAYDITH DANESSA DELGADO AMARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-23.801.600, por estar en estado de Gravidez, dentro de dicha unión, todo de conformidad con lo ordenado en el artículo 49, numeral tercero (3°) de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 177, parágrafo primero, literal j, de la vigente Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y DECLINA LA COMPETENCIA PARA EL CIRCUITO DE PROTECCION DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA; URDD, a los fines de realizar la correspondiente distribución.
SEGUNDO: En consecuencia, se ordena remitir íntegramente el expediente signado con la nomenclatura T5M-M-2690-25 al Tribunal de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, con sede en Maracay para que conozca de la presente causa. Se deja constancia que una vez transcurrido el lapso de ley, haya quedado firme la presente decisión, se procederá a computar el lapso establecido en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.- Líbrese oficio, una vez quede firme la presente decisión.-
TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, Regístrese y Déjese copias previa certificación por secretaría para el uso de los copiadores internos de esta Instancia Municipal, según lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción del Estado Aragua, a los Diecisiete (17) días del mes de Marzo del año 2.025. Años 214º de la Independencia y 166º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA
ABG. YESSIKA GABRIELA TREMON REBOLLEDO.
LA SECRETARIA ACC
ABG. ARIADNA A. CHIONIS M.
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.), todo en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA ACC
ABG. ARIADNA A. CHIONIS M.
EXP.: NºT5M-M- 2690-25
YGTR/Achm/juan.-
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