TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY, SANTA BÁRBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS

Maturín (13) de Mazo de 2025
214º y 166º

De conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos:

DEMANDANTE: GEORGINA DEL VALLE GALLARDO DE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.451.986, de este domicilio, con número telefónico 0412-8326792.

ABOGADA ASISTENTE: MIRIAM MARCANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.977.995, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 50.663.

DEMANDADO: FELIPE SANTIAGO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.547.056, con domicilio en la Urbanización Las Garzas, Calle 41, Casa N° 5, Parroquia Santa Cruz, Municipio Maturín, estado Monagas, actualmente residenciado fuera del país, con número telefónico +559581196247 y correo electrónico: Omairahermandez2805@gmail.com.

ACCIÓN DEDUCIDA: DIVORCIO POR DESAFECTO

EXPEDIENTE Nº: 5.675-2025

RESOLUCIÓN N°: T3-MOEM-2025-270

DE LOS ANTECEDENTES

La presente causa se inició por escrito de demanda, presentado en fecha 21 de Febrero del 2025, ante el Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, quien se encontraba en función de distribuidor y recibido por este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas esa misma fecha, por la ciudadana GEORGINA DEL VALLE GALLARDO DE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.451.986, debidamente asistida por la abogada en ejercicio MIRIAM MARCANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.977.995, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 50.663, en contra del ciudadano FELIPE SANTIAGO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.547.056, quien actualmente reside fuera del país, con número telefónico +559581196247, y correo electrónico: Omairahermandez2805@gmail.com. Seguidamente, se le dio entrada en fecha 26-02-2024, ordenándose anotar en el Libro de entrada de Causas con el N° 5.675-2025. De la revisión pormenorizada del libelo y sus anexos presentados, se observó, que la demandante anotó su nombre de la siguiente manera: “GIORGINA DEL VALLE GALLARDO SANCHEZ”, pudiéndose leer en su documento de identidad: “GEORGINA DEL VALLE GALLARDO DE HERNÁNDEZ”, por otra parte dice en su escrito: “(…) De nuestra unión nacieron cinco (5) hijos de nombres: OMAIRA, OMAR, MAURO, RICHARD Y JOEL HERMANDEZ GALLARDO(…)”; pero entre los anexos presentados, existe una copia fotostática de Documento Provisorio de Registro Nacional Migratorio, emanado en la República Federativa de Brasil, donde se identifica al ciudadano FELIPE JAVIER HERNÁNDEZ GALLARDO, fecha de nacimiento 04 de Septiembre del año 1988, nacional de Venezuela, hijo de GEORGINA DEL VALLE GALLARDO y FELIPE SANTIAGO HERNÁNDEZ, quien no fue señalado como hijo en el libelo de demanda, además presenta error al anotar el apellido como: “HERMANDEZ” siendo lo correcto “HERNANDEZ”. Por tal razón, este juzgado, dictó un despacho Saneador, indicándole a la demandante de autos las respectivas correcciones, para lo cual se le otorgó un lapso perentorio de Cinco (05) días de despacho. Y, habiendo concluido sobradamente el lapso otorgado para subsanar el libelo de la demanda, este Tribunal pasa a emitir pronunciamiento con respecto a la admisión de la presente demanda, de la siguiente manera:

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el caso que nos ocupa, la demandante, ciudadana GEORGINA DEL VALLE GALLARDO DE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.451.986, solicitó se decrete el DIVORCIO POR DESAFECTO y como consecuencia, la disolución del vínculo matrimonial que la une con el ciudadano FELIPE SANTIAGO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.547.056, fundamentado en lo establecido lo previsto en el Artículo 185 del Código Civil y en la Sentencia N° 1070, de fecha 9 de Diciembre del 2016, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que instituyó el Desafecto como causal de Divorcio.

Procesalmente para el derecho, la demanda es el escrito por el cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una acción. Este acto inicia un proceso regulado por una norma adjetiva, destinado a la resolución de un conflicto y su fin es lograr un veredicto por parte del Estado, para resolver controversias entre las partes. De conformidad con el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, el procedimiento ordinario comienza con la demanda, que se propone a cualquier día y hora ante el Secretario del Tribunal o ante el Juez.
En este sentido, el Dr. José Ángel Balzan en su libro “Lecciones de Derecho Procesal”, indica:

“Al hablar del Derecho Procesal, señalamos que es la ciencia que estudia el conjunto de normas que regulan el proceso; que cuando ese estudio se reduce a las normas que regulan el Derecho Civil, se denomina entonces Derecho Procesal Civil, que es el objeto de nuestro estudio; que su finalidad es la de hacer efectivo el derecho, vale decir, proteger y poner en actuación el derecho sustantivo (…) toda vez que las normas que regulan el proceso civil, son aplicables por un órgano del Estado y no por particulares, comportándose el Estado en la aplicación de la Ley en un plano de superioridad.

Respecto de los caracteres del Derecho Procesal, señalamos que se caracteriza por ser una disciplina coherente, que tiene fisonomía propia, además de que es una rama de derecho público, siendo que de ello devienen sus caracteres, a saber: a) Derecho Formal, puesto que las formas están previamente determinadas por la Ley y la manifiestan las partes y el Juez de la manera consagrada en el texto legal; b) Derecho Instrumental, por cuanto el derecho procesal es un instrumento para la realización de la justicia, y por consiguiente no es un fin en si mismo, sino un instrumento para la realización de la justicia; y c) Ciencia Autónoma: Toda vez que el Derecho Procesal tiene sus propias normas formales y materiales, no subordinado ni accesorio, sino que tiene sus principios, presupuestos, instituciones, no compartidas con otras ramas del derecho, siendo que entre estos principios podemos citar el de la bilateralidad, verdad procesal, inquisitivo, dispositivo, aportación de partes y sus instituciones propias como son la demanda, la contestación, la sentencia, los recursos, la cosa juzgada y la ejecución.

Por último señalamos, que el derecho Procesal tiene un objeto que le es propio: El estudio del proceso y una finalidad que lo caracteriza: Hacer efectivo el derecho sustantivo”. (Balzan, José Ángel. Lecciones de Derecho Procesal Civil, Segunda Edición. Editorial Su libro, C.A. El Cojo, S.A., Caracas, 1952, páginas 23 y 24).

En este sentido, la Ley adjetiva establece los requisitos de forma que debe llenar la demanda y el Juez es el encargado de asegurar que en su fallo, exista congruencia de la sentencia con lo alegado y probado en autos, con esto garantiza el derecho del debido proceso y el derecho a la defensa de la parte demandada.

Por otra parte, el articulo 340 eiusdem, regula los requisitos de forma, como una obligación que debe cumplir la parte actora.

Cuando señala: Articulo 340:

“El libelo de la demanda deberá expresar:
1°) La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.
2°) El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tienen.
3°) Si el demandante o el demandante fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a la creación o registro.
4°) El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación, y linderos, si fuere inmueble; las marcas, los colores, o distintivos, si fuere semovientes; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.
5°) La relación de los hechos y el fundamento de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.
6°) Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.
7°) Si se demandare la indemnización por daños y perjuicios, las especificaciones de estos y sus causas.
8°) El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
9°) La sede o dirección del demandante a que se refiere el Artículo 174.

Es decir, cuando la norma establece: “El libelo de la demanda deberá expresar”, quiere decir, que a la parte actora no le es dado la facultad para omitir estos requisitos, y el juez como el director del proceso, debe velar que dicha norma sea cumplida y es que su carácter de director del proceso, debe ir más allá de impulsar el proceso, pues también debe velar porque la norma sea cumplida. No basta con solo impulsar el proceso, también debe garantizar el acceso a una justicia expedita, sin dilaciones, transparente, garantizar así la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses que se pidan se hagan valer a través de una sentencia ajustada a derecho, y es así, como los requisitos de la demanda establecidos en el mencionado artículo 340 del Código de Procedimiento Civil también deben estar relacionados con los requisitos de la sentencia.

De todo lo antes expuesto, puede concluirse, que es deber de todo juez, hacer que la parte actora cumpla con los requisitos exigidos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, mediante la institución del “Despacho Saneador”.

En este orden de ideas, establece el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil vigente, lo relacionado al despacho saneador, de esta forma:
Artículo 206:

“Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando hayan dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado”

De la revisión de la presente solicitud y sus anexos, puede observarse que la parte interesada no cumplió cabalmente con el requisito exigido en el ordinal 2° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, al no señalar correctamente su identificación, así mismo, omitió mencionar de uno de los hijos procreados la unión conyugal. Además, de que no realizó la subsanación indicada por este despacho en el lapso perentorio de Cinco (05) días de despacho concedidos por este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas.

Por su parte, de conformidad con la Sentencia de Sala de Casación Civil de fecha 11-12-2007, caso: Addias Ramos Díaz y otros contra Damaso Moreno y otros, “de conformidad con el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, los actos deben realizarse en la forma prevista en este Código y en leyes especiales. Esta norma consagra el principio de legalidad de las formas procesales, en aplicación del cual la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo, esta preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez subvertir o modificar el tramite ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos procesales. Por esta razón, la Sala ha establecido de forma reiterada que no es potestativo de los tribunales subvertir las formas procesales dispuestas por el legislador para la tramitación de los juicios, pues su observancia es de orden público. En efecto, las formas procesales no fueron establecidas caprichosamente por el legislador, ni persiguen entorpecer el proceso en detrimento de las partes, por el contrario, su finalidad es garantizar el debido proceso”.

Resulta oportuno traer a colación lo que catedrática M.C.D., en la obra “Manual de Derecho de Familia”, señala en relación al divorcio, cito:

“El divorcio precisa de una decisión jurisdiccional que se pronuncia en función de algunos de los supuestos taxativos en que el legislador permita la disolución del vinculo matrimonial contraído válidamente. De allí que el divorcio se traduce en la disolución legal del matrimonio en razón de una sentencia por las causas taxativas consagradas en la ley. Si bien desde el punto de vista práctico, no existe poder humano ni jurídico que logre mantener unidas a dos personas contra su voluntad, el legislador en función de un sentido de preservación del vínculo conyugal y por ende familiar, dada la importancia social de esta última, trata de dificultar la disolución del vinculo conyugal. O si se quiere, más precisamente tal disolución del matrimonio no procede libremente a voluntad de los interesados, por tratarse de una materia de orden pública, impregnada de normas imperativas y por tal razón, sustraída del principio de autonomía de la voluntad. En función de lo indicado, la doctrina señala algunas características de la materia relativa al divorcio; es de “orden público”, y por ende está sustraída del principio de la autonomía de la voluntad. El orden público está de por medio en aquellas materias que se consideran vitales o importantes para el desarrollo del Estado o la sociedad: como se afirma que el matrimonio tiene por objeto la familia, que es la base fundamental de la sociedad, se trata de preservar la misma”.

En consecuencia de esto, no es potestativo de los Tribunales subvertir las formas procesales que fueron establecidas por el legislador, pues su finalidad es garantizar el debido proceso tal como lo consagra nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 26, 49, 253. En acatamiento a los de los principios constitucionales vigentes, y es necesario señalar que, las cuestiones en materia de familia son de orden público, que son de cumplimiento incondicional, que no puede ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular.

Por su parte, el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece:
Artículo 341: “Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negara su admisión (…)”.

Terminado el lapso concedido por este Tribunal, sin que la parte interesada haya acudido a subsanar lo solicitado, en despacho saneador de fecha 26 de Febrero de 2025, que cursa al folio 18, forzosamente este juzgado no le queda más que INADMITIR la presente solicitud, por cuanto no cumple con los requisitos de ley, para su respectiva tramitación. Y así se decide.

En virtud de las anteriores consideraciones, esta instancia concluye que la referida demanda no cumple con los requisitos fundamentales exigidos de ley de conformidad con la Jurisprudencia patria y concordancia con los artículos 7, 206, 340 (2° y 5°) y 341 del Código de Procedimiento Civil. Y Así Se Decide.

DISPOSITIVA

En consecuencia de lo anteriormente establecido, este TRIBUNAL TERCERO DEL MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MATURIN, AGUASAY Y SANTA BARBARA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS, en nombre de la República y por autoridad de la ley declara: PRIMERO: INADMISIBLE la presente solicitud de DIVORCIO POR DESAFECTO de conformidad con el artículo 7, 206, 340 (ordinal 2° y 5°) y 341 del Código de Procedimiento Civil, intentada por la ciudadana: GEORGINA DEL VALLE GALLARDO DE HERNÁNDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-8.451.986, debidamente asistida por la ciudadana MIRIAM MARCANO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 8.977.995, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 50.663 contra el ciudadano FELIPE SANTIAGO HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.547.056. SEGUNDO: Una vez haya quedado firme la presente decisión, SE ORDENA LA DEVOLUCIÓN de los originales que se encuentran en la presente solicitud, dejándose copia certificada en su lugar una vez que la parte solicitante provea los emolumentos necesarios para las mismas. TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo.

Publíquese, regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, así como la pagina www.monagas.scc.org.ve, y déjese copia certificada en los archivos respectivos, de la presente decisión de conformidad con el establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maturín, Aguasay y Santa Bárbara de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, a los (13) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticinco. Años 214° de la Independencia y 166° de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,

ABG. INTI DANIEL LÓPEZ
LA SECRETARIA,

ABG. CARMEN MOREY

En esta misma fecha, siendo las 01:33 p.m., se dictó y publicó la anterior sentencia. Conste.

LA SECRETARIA,

ABG. CARMEN MOREY

Exp. Nº 5.675-2025
Abg. IDL/CLM/mcbc