TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, CON SEDE EN LA VICTORIA.-.
La Victoria, 23/05/2025
Años 215° y 166°
En fecha 07 de mayo de 2025, se recibió escrito presentado por el abogado la MOISES CISNEROS, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 254.970, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, y solicito se acuerde medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el siguiente inmueble constituido por una bienhechuría y lote de terreno donde se encuentra construida, ubicada en la siguiente dirección Urbanización Bolívar Sur Cantaura N° 45 La Victoria, Municipio Jose Félix Ribas del Estado ragua identificado con el N° 05-02-00-02-00-44-018-0000 catastral donde se evidencia que el mencionado lote de terreno tiene una superficie DE CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS (400M2) y un área de construcción de CIENTO OCHENTA METROS CUADRADOS CON SESENTA Y DOS CENTÍMETROS (180,62 M2) y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos NORTE: en 16 metros con casa de Dersy Malinosky SUR: En 16 metros con Calle Cantaura. ESTE: En 25 metros con casa N°47 OESTE: En 25 metros con casa N° 13 de la calle Aragua c/c Cantaura. Dicho inmueble le pertenece a la ciudadana de Pontes Dos Santos María Da Luz, venezolana, mayor de edad e identificada con la Cedula de Identidad N° C.I 11.552.517por haberlo adquirido según documento autenticado ante la Notaria Publica de la Victoria, Municipio Jose Félix Ribas del Estado Aragua, bajo el Numero 52, Tomo:152, Folio 2 hasta el 5, año:2012 y protocolizado ante la Oficina del Registro Público de los Municipios Jose Félix Ribas, Jose Rafael Revenga, Bolívar, Santos Michelena y Tovar del Estado Aragua, bajo el número 2019.150, asiento registral 1 del Inmueble matriculado N° 275.4.3.1.6062, correspondiente al folio Real del año 2.019. Así mismo una aclaratoria de las dimensiones del terreno y el inmueble sobre ella construido protocolizado ante la oficina del Registro Público de los Municipios Jose Félix Ribas, Jose Rafael Revenga, Bolívar, Santos Michelena y Tovar del Estado Aragua, bajo el número 2019.150, asiento registral 2 del Inmueble matriculado N° 275.4.3.1.6062, correspondiente al folio Real del año 2.019
Este Tribunal a los fines de pronunciarse sobre la misma, encuentra ineludible tomar las consideraciones siguientes:
Se evidencia del escrito que la parte solicitante manifiesta:
“…que existe el riesgo inminente que el inmueble pueda ser vendido por la demandada a terceras personas, haciendo más gravosa la situación para sus defendidos debido que otorga poder amplio y de

administración del inmueble aquí en cuestión,
Que siendo así el caso ciudadana Juez que se cumplen todos los requisitos para la procedencia de la medida solicitada, pues la demanda pudiera vender el inmueble, existiendo así este riesgo inminente de que venda el bien, por si, o por medio de su apoderado antes de que este Tribunal dicte sentencia, causándole a sus patrocinados graves daños y perjuicios y un gravamen irreparable al quedar ilusoria la ejecución del fallo que pudiera recaer en esta causa,
Que esta solicitud de medida cautelar en este grado e instancia del proceso, cumple con todos los requisitos de procedencia tipificados en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.
Que por último solicita que el escrito sea tramitado conforme a derecho…”
Ahora bien, en materia de medidas preventivas, el requisito de motivación del fallo se reduce al examen de los supuestos de procedencia a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora; independientemente de que haya habido o no oposición aun, pues siendo potestativa de la parte afectada por la cautela, la falta de tal medio defensivo no acarrea la confesión ficta, ni limita la actividad probatoria de ésta. (Vid. Sentencia de la Sala de Casación Civil, Nº 002 del 15 de noviembre de 2000).
En efecto, establecen los artículos 585 y 588 del expresado Código, lo que se transcribe a continuación:
“Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Subrayado de la Sala).
“Artículo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1. El embargo de bienes muebles;
2. El secuestro de bienes determinados;
3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos,

y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.”
Conforme a las normas precedentemente citadas, ha de concluirse que, una vez efectuada la solicitud de medida preventiva, ya sea en el libelo de demanda o en una actuación posterior, corresponde al sentenciador examinar si se encuentran llenos los extremos; esto es, si se cumplen los requisitos de procedencia de la cautela. En este sentido, estima esta sentenciadora que constituye un requisito sine qua non, que el decreto o denegatoria de la cautelar debe estar motivado, por lo que dicho examen debe comprender, ineludiblemente, el estudio tanto de los alegatos para la procedencia de la medida solicitada como de las pruebas producidas por las partes.
Al respecto, la Sala, mediante sentencia de 4 de junio de 1997 (Reinca, C.A., c/ Angel Carrillo Lugo), estableció el siguiente criterio que este Tribunal acoge:
“Establece el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, en su parágrafo primero, lo siguiente: … omissis … Parágrafo Primero. Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión”.
“Remite la disposición transcrita a los requisitos establecidos en el artículo 585 del mismo código, para la procedencia de las medidas preventivas”:
(Omissis)
“De la aplicación de ambas disposiciones legales, se observa la existencia de tres requisitos de procedencia de las medidas preventivas establecidas en el parágrafo primero del artículo 585, a saber”.
“1º) La existencia de un fundado temor de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra”;
“2º) Presunción grave del derecho que se reclama -fumus boni iuris- “.
“3º) Presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo -periculum in mora- “.
“Estos son los tres aspectos que debe examinar el juez para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar que la doctrina ha denominado “medida innominada”, por ser diferente a las medidas preventivas típicas de embargo, secuestro de bienes determinados y prohibición de enajenar y gravar”.
“Si el juez de alzada omite el examen de alguno de esos extremos de procedencia, no puede la Sala realizar el control de legalidad dentro de los límites de la casación, pues tendría que examinar las actas procesales, para determinar si es aplicable al caso concreto la disposición sobre medidas innominadas”.
“En efecto, al no poderse determinar del propio fallo si la regla legal rige o no el caso concreto, no es posible el control de legalidad. El propósito central del requisito de motivación del fallo es permitir al juez de alzada, o en el caso a la Sala de Casación Civil, dicho control, por lo cual es necesario concluir en que una decisión que no examina uno de los extremos de procedencia de la aplicación de la norma, carece, en ese aspecto de la controversia, de expresión de los motivos que la sustentan”. (Negritas de la Sala).
(Omissis)
“El sentenciador no examina de manera alguna el requisito específico de las medidas innominadas, cual es el peligro de que una de las partes pueda causar un daño a la otra en el curso del proceso, por tanto, de acuerdo con lo antes establecido, carece la decisión, en este aspecto, de expresión de los motivos de hecho y derecho que la sustentan, lo cual infringe el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, incurriendo en la sanción de nulidad establecida en el artículo 244 ejusdem”.
En este sentido, esta directora del proceso, revisado los alegatos y la jurisprudencia, para a revisar si se acompañó a la solicitud de un medio de prueba que constituya presunción de los requisitos de procedencia de la misma; ello solo a los efectos de revisar su procedencia, y sin que tal actividad de esta directora del proceso sea considerada como un prejuzgamiento para el fondo de la sentencia en la presente causa. De la revisión del escrito y sus anexo “A” cesión de derechos del ciudadano LEONEL ASCENSAO DE PONTES a la ciudadana MARIA DA LUZ DE PONTES DE DOS SANTOS, “B” aclaratoria de linderos del inmueble antes señalado por ante el Registro Inmobiliario de los Municipios Ribas, Revenga, Michelena, Bolivar y Tovar del Estado Aragua y “C” poder especial de su otorgante MARÍA DA LUZ DE PONTES DE DOS SANTOS a la ciudadana MAILIN ANAIS PIÑERO PEÑA, se deduce que valoradas de manera individual y adminiculándolas entre ellas y por no existir un hecho nuevo, las mismas no demuestra que haya presunción de un peligro grave o de difícil reparación por la demora y que haga que las resultas de este proceso sea infructuoso, por lo que el presupuesto establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, para la procedencia de las medidas preventivas en su ordinal 3º relativo a la presunción grave del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo-periculum in mora, no quedó demostrado, pues no trajo a los autos un hecho nuevo como medio de prueba que así lo constituya, y como consecuencia de ello, es forzoso para esta Juzgadora negar la solicitud de la medida por no encontrarse llenos los extremos de ley a que se refiere el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.
En consecuencia, este Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del estado Aragua con sede en La Victoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del código de procedimiento civil, NIEGA POR SER IMPROCEDENTE LA MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el inmueble antes descrito, por cuanto no llenan los requisitos contenidos en la Ley adjetiva mencionada y criterios jurisprudenciales, ratificando así el Auto de fecha 21/01/2025 que rielan a los folios 200 al 202 del presente Cuaderno de Medidas. Y así se decide
LA JUEZA

EGLEE M. ROJAS C.
LA SECRETARIA

SILVIA C. RODRIGUEZ C.
ERC/scr/Lp
Exp. Nro.25.198