REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA CORTE DE APELACIONES SALA ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE SALA 1 Maracay, 12 de Noviembre de 2025 215° y 166º CAUSA: 1Aa-945-2025. JUEZA PONENTE: DRA. GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ. DECISIÓN N° 015-2025. CAPITULO I: DE LA IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y DEL RECURSO EJERCIDO Una vez que esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, advierte que riela por ante este Despacho Judicial Superior, el expediente signado con la nomenclatura N° 1Aa-945-2025 (alfanumérico interno de esta Sala 1), el cual fue recibido en fecha Siete (07) de Noviembre del año dos mil veinticinco (2025), procedente del TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en virtud del Recurso de Apelación de Auto, interpuesto por el abogado JOSE GREGORIO ROJAS, en su condición de APODERADO JUDICIAL DE LA VICTIMA, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha Seis (06) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025), en la causa Nº 2JA-1328-2025 (Nomenclatura interna de ese Despacho), seguida en contra del ciudadano YOSTIN ARTURO LOZADA MENDEZ por el delito de ABUSO SEXUAL CON PENETRACION CONTINUADO A ADOLESCENTE previsto en el articulo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, se observa que en el presente proceso convergen las siguientes partes: 1.-ACUSADO: Ciudadano YOSTIN ARTURO LOZADA MENDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-31.342.479, de Diecinueve (19) años de edad, nacido en fecha Veintinueve (19) de Diciembre del Dos mil Cinco (2005), natural de Maracay estado Aragua, profesión u oficio: Estudiante, residenciado en: PAYITA, CALLEJON LAS LUNAS, CASA N° 26, TURMERO, MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO, ESTADO ARAGUA. 2.- REPRESENTANTES LEGALES DEL ACUSADO: Ciudadana NATACHA NAZARETH MENDEZ TIRADO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-20.336.404 y Ciudadano CARLOS ARTURO LOZADA MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-14.469.991, ambos residenciados en: PAYITA, CALLEJON LAS LUNAS, CASA N° 26, TURMERO, MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO, ESTADO ARAGUA. (PADRES DEL ACUSADO) 3.-DEFENSAS PRIVADAS: Abogado FRANK ERNESTO RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad N° V-13.520.039, debidamente inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 261.893 y Abogada CARMEN MAYERLY LOZADA MARTINEZ, titular de la cedula de identidad N° V-12.610.295, debidamente inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 292.896, ambos con domicilio procesal en: CALLE ATAMAICA, CASA N°71, SAN JOSE, MARACAY MUNICIPIO GIRARDOT, ESTADO ARAGUA. TELEFONO: 0412-462.16.64/ 0424-358.68.58. CORREO ELECTRICO: Frank.abogado2021@gmail.com. 4.-VICTIMA: Ciudadana MARIA JOSE MENDEZ DE PONTE, venezolana, menor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-24.176.116. 5.-REPRESENTANTE LEGAL DE LA VICTIMA: Ciudadana MARIA ELBA DE PONTE, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-20.893.461, residenciada en: CALLE COMERCIO, EDIFICIO FORNELLI, PISO 01, OFICINA N°03, CAGUA, ESTADO ARAGUA. TELEFONO: 0412-683.66.70. (MADRE DE LA VICTIMA) 6.-APODERADO JUDICIAL DE LA VICTIMA: abogado JOSE GREGORIO ROJAS, titular de la cedula de identidad N° V-8.795.992, debidamente inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el N° 242.596, con domicilio procesal: CALLE COMERCIO, EDIFICIO FORNELLI, PISO 01, OFICINA N°03, CAGUA, ESTADO ARAGUA. TELEFONO: 0412-683.66.70. CORREO ELECTRONICO: abog.josegrr@hotmail.com. 7.-FISCALIA: Abogado HENRRY SILVA en su condición de Fiscal Trigésimo Séptimo (37°) del Ministerio Publico del Estado Aragua Se deja constancia que, en fecha Siete (07) de Noviembre del año dos mil veinticinco (2025), es recibido Cuaderno Separado por ante esta Corte de Apelaciones constante de Cuarenta y Ocho (48) folios útiles, proveniente del TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, correspondiéndole la ponencia a la doctora GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ, en su condición de Juez Superior. CAPITULO II: DE LA COMPETENCIA A efecto de determinar su competencia para conocer del presente recurso de apelación, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, estima necesario destacar de forma pre-ambular, que el derecho penal concebido por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, en términos procesales, es desarrollado por medio de un sistema judicial de impartición de justicia sumamente atípico, poco convencional y extremadamente garantista, y social. El génesis de la anterior aseveración, data a la fecha treinta (30) de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999), momento histórico en el cual es publicada en la Gaceta Nacional N° 36.860 de esta República, el texto íntegro de una nueva Constitución, la cual da una conclusión definitiva, en términos políticos y administrativos, a la República de Venezuela (mejor conocida históricamente como la cuarta República), y genera el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela, (quinta República) la cual, emerge como un Estado democrático y social, de derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, esto de conformidad con el artículo 2 eiusdem, el cual es del tenor siguiente: “…..Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político..…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada). En este orden de ideas, se desprende del artículo 2 de la Constitución, que el funcionamiento pleno de la república debe estar enmarcado en un método democrático y social de derecho y de justicia. Mas sin embargo es de mérito resaltar, que la Asamblea Constituyente conformada en el año 1999, en el ejercicio del poder originario que dio lugar a la Constitución, considero que para que el ente abstracto que reconocemos como estado o sistema de gobierno, pudiese gestionarse de forma exitosa, dándole fiel acatamiento a su naturaleza constitutiva, era necesario que este se ramificara en diversas dependencias, de escala nacional, estatal y municipal, que pudieran abarcar los extremos de la función del poder público, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual detalla que: “…..Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.….”. (negritas y subrayado de esta Alzada). Bajo este entendido, es posible ratificar la concepción del sistema de gobierno venezolano, como una figura abstracta de índole político-legal y administrativa, que se conforma con la concurrencia del Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral, en sus respectivas dependencias nacionales, estadales y municipales, a las cuales se les atañe responsabilidades específicas y respectivas, tales como: (Poder Legislativo) realizar las enmiendas, y reformas que tengan lugar en las leyes vigentes, así como sancionar nuevas legislaciones que ajusten el ordenamiento jurídico al contexto social, económico y político actual, (Poder Ejecutivo) desplegar las políticas públicas establecidas en el plan de desarrollo nacional, (Poder Judicial) dirigir el sistema de impartición de justicia, (Poder Ciudadano) controlar la licitud y transparencia de la función de gobierno, y (Poder Electoral) organizar los procesos de sufragio establecidos en la norma. Respecto a la responsabilidad de administrar de Justicia que recae sobre el Poder Judicial, es preciso verificar el tenor del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala: “…..Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias. El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados para el ejercicio. (negritas y subrayado nuestro). En este orden de ideas, luego de avistar en el texto del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que al poder judicial le corresponde dirigir el sistema de impartición de justicia, es importante resaltar la importancia de la actividad jurisdiccional, en la defensa del estado democrático y social de derecho y de justicia, trayendo a colación, una extracción de la sentencia numero 85, Expediente Nº 01-1274 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veinticuatro (24) del mes de enero del año dos mil dos (2002), que expone: “…..En este orden de ideas se debe señalar, en primer término, que por Estado de Derecho deberá entenderse aquel poder que se ejerce únicamente a través de normas jurídicas y como consecuencia directa de ello, toda la actividad del Estado y de la Administración Pública en general, debe ser regulada por ley. Asimismo, Carmona (2000) sostiene que la esencia de esta conceptualización del Estado de Derecho está centrada en el control judicial de la legalidad desde la norma suprema, esto es, la Constitución como ley normativa suprema y garantizada por la separación y autonomía de los poderes públicos que conforman el Estado. Cabe destacar, que nuestra Constitución Bolivariana vigente recoge toda esta concepción. Ahora bien, a este concepto de Estado de Derecho, la Constitución de 1999 vigente le agrega el aditivo de Estado Social. En este sentido, la jurisprudencia in comento señala que el concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental en su artículo 21 ejusdem. Igualmente, sostiene que es el Estado el instrumento de transformación social por excelencia, a lo largo de la historia, y, por tanto, su función histórica es la de liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia de la humanidad. Se hace necesario pues, reconocer la evolución histórica que ha sufrido el Estado como organización jurídico-política, para llegar a entender al Estado Social de Derecho y de Justicia actual, acuñado por la vigente Constitución Bolivariana, y ese es el criterio de la Sala Constitucional. Revisados dichos antecedentes se puede entonces plantear un concepto actual de Estado Social de Derecho. En efecto, se debe considerar que el Estado Social de Derecho lo que persigue (criterio de la Sala) es la armonía de las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación. De esta manera, esta forma de organización jurídico-política deberá tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales (cursiva nuestra). Así pues, el Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución; como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Cabe señalar además, que este concepto no se limita solo a los derechos sociales contenidos en la Constitución de 1999 vigente sino que abarca una amplitud de derechos que van desde los derechos económicos, pasando por los derechos culturales y ambientales. En este sentido, el Estado Social de Derecho debe buscar alcanzar una mejor distribución de las riquezas producidas, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por tanto, el Estado a fin de garantizar esta función social, deberá intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de estas actividades y vigilar, inspeccionar y fiscalizar la actividad concedida en estas áreas a los particulares, por lo que la propia Constitución de 1999 vigente restringe la libertad de empresa consagrada en el artículo 112 (criterio de la Sala). También hace referencia esta jurisprudencia al derecho de propiedad y el de libre empresa, al señalar que no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en este sentido deben interpretarse las leyes…..” Así las cosas, los Tribunales de esta república, como parte integrante del poder judicial, y por ende del poder público, en el cumplimiento de sus funciones, deben atender, a los valores superiores, como lo son, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la ética y el pluralismo político, propugnados por esta nación en su ordenamiento jurídico, con el fin de garantizar a cada uno de los ciudadanos venezolanos y extranjeros que pernotan dentro de la circunscripción político territorial de este país, el Principio de la Tutela Judicial Efectiva y Acceso a la Justicia, previstos en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de esta manera materializar de forma efectiva el estado democrático y social, de derecho y Justicia, previsto en el artículo 2 eiusdem. En este sentido el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que: “..…Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada). Del análisis del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se puede apreciar que el derecho a la tutela judicial efectiva, representa la obligación que posee el estado con la ciudadanía, de mantener la paz social, al ofrecer un sistema judicial de administración de justica digno y eficiente que garantice la incolumidad del ordenamiento jurídico vigente, combatiendo la impunidad, respecto a aquellos que cometen algún delito. Ahora bien, en cuanto al ambiento judicial, existen otro principio constitucional que se encuentra estrechamente ligado al estado democrático, y social de derecho y justicia, sobre el cual se constituye la República Bolivariana de Venezuela, y que así mismo tiene una implicación directa con el caso sub examine. Dicho principio debe imperar en todos los procesos judiciales, y no es otro que el Debido Proceso, que se encuentra establecido y regulado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra: “…..Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas..…”. (Negrillas y subrayado de esta alzada de esta Alzada). Al verificar el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se observa que el debido proceso se encuentra expresado en un conjunto de garantías, tales como el derecho a la defensa, el derecho a la doble instancia, la presunción de inocencia, el derecho a declarar, derecho a ser juzgado por el juez natural con la competencia y jurisdicción determinada por la ley, el principio de legalidad, el principio de cosa juzgada, y el derecho a proponer amparos constitucionales. En este orden de ideas, conviene destacar que el derecho a la doble instancia, consiste en la posibilidad de que la parte procesal que se sienta agraviada por un fallo judicial, pueda accionar en contra de este, a efectos de impugnarlo, por ante el Tribunal a-quem competente, el cual luego de contrastar el tenor del recuso apelativo, con el contenido de la recurrida deberá decidir sobra legalidad de los aspectos denunciados. Como corolario del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevé el Principio de Doble Instancia como parte integrante del Derecho al Debido Proceso, es importante traer a colación que los artículos 428 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que el conocimiento de la admisión de los recursos de apelación le corresponde al Tribunal de Alzada, en los términos siguientes: “…..Causales de Inadmisibilidad Artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal. La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas: a. Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo. b. Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación. c. Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley. Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la decisión que corresponda. Vemos pues que del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, se desprende la competencia de la Corte de Apelaciones, para poder conocer sobre la admisibilidad de los recursos de apelación, incoados por las partes. Ahora bien, a efecto de ratificar aun más la competencia de esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, es de utilidad verificar el contenido del artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su cuarto aparte, señala que: “…..Artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones: (…..) 4. EN MATERIA PENAL: a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo penal; b) Ejercer las atribuciones que les confieren el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y las demás leyes nacionales…..” (negritas y subrayado de esta Alzada) Vemos pues, que cuando se trata de materia impugnativa la responsabilidad de ejercer la tutela judicial efectiva dando respuestas, a los apelantes, y atender de oficio los vicios de orden público, para resguardar la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por ende el estado social de derecho y de justicia, sobre el que encuentra constituida esta nación, recae sobre los Jueces Superiores que integran las distintas salas de un Tribunal Colegiado. “…..Artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley…..” (negritas y subrayado nuestro). “…..Artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal. Corresponde a los jueces y juezas velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional…..” Luego de constatar la responsabilidad de resguardar la Constitución y el estado democrático y social de derecho y de justicia que ineludiblemente recae sobre los impartidores de justicia que ejercitan la actividad jurisdiccional dentro de la circunscripción polito territorial venezolana, es preciso traer a colación lo sostenido en la sentencia N° 1571, expediente 11-0384, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, la cual establece en su contenido que: “…..Todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencia, son tutores del cumplimiento de la Carta Magna…..” Expuesto todo lo anterior, justificados en los artículos 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, y la sentencia 1571, expediente 11-0384, de fecha veinte (20) de octubre del año dos mil veinte (2020) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHAN, este Tribunal Colegiado se declara COMPETENTE para conocer y decidir la admisibilidad del presente recurso de apelación de autos. Y ASI SE DECIDE. CAPITULO III: DE LA ADMISIBILIDAD En este sentido, siendo la oportunidad legal para decidir sobre la admisibilidad del recurso interpuesto, esta Alzada debe tomar en cuenta el Principio de Impugnabilidad Objetiva, previsto en el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que: “…..Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos…..” Así las cosas, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones, se permiten traer a colación las Causales de Inadmisibilidad establecidas en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales son: …..a.- Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo: Al respecto, en el caso in comento, el Recurso de Apelación fue incoado por el abogado JOSE GREGORIO ROJAS, en su condición de APODERADO JUDICIAL DE LA VICTIMA, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha Seis (06) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025), por el TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA en la causa Nº 2JA-1328-2025 (Nomenclatura interna de ese Despacho), seguida en contra del ciudadano YOSTIN ARTURO LOZADA MENDEZ por el delito de ABUSO SEXUAL CON PENETRACION CONTINUADO A ADOLESCENTE previsto en el articulo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, encontrándose en consecuencia, la legitimación del recurrente acreditado en autos. b.- Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación: En cuanto al tiempo procesal en que fue ejercido el presente Recurso de Apelación en contra de la decisión dictada y publicada en fecha Seis (06) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025), por TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA en la causa Nº 2JA-1328-2025 (Nomenclatura interna de ese Despacho), se observa que el referido recurso fue interpuesto en fecha Trece (13) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025) ante la Oficina de Recepción de Documentos de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, y siendo recibido por ante la secretaria del Tribunal A-quo en fecha Catorce (14) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025), en razón a ello, transcurrieron los Cinco días de despacho para la interposición de Recurso de Apelación de la siguiente manera: “…..MARTES 07-10-2025 MIERCOLES 08-10-2025, JUEVES 09-10-2025, VIERNES 10-10-2025 Y LUNES 13-10-2025…..”, de conformidad con el Cómputo suscrito por la abogada MARBELLA ZERPA Secretaria adscrita al referido Tribunal, según consta en el folio Cuarenta y Seis (46) del presente Cuaderno Separado, siendo notorio que el mencionado recurso fue interpuesto en el lapso correspondiente. c.- Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley: En este sentido se observa que la decisión es recurrible según lo establecido en el artículo 439 numerales 4° y 5° del Código Orgánico Procesal Penal. Con base a todo lo anterior, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones considera que lo procedente y ajustado a derecho es: declarar ADMISIBLE, el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado JOSE GREGORIO ROJAS, en su condición de APODERADO JUDICIAL DE LA VICTIMA, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha Seis (06) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025) por el TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA en la causa Nº 2JA-1328-2025 (Nomenclatura interna de ese Despacho), Y ASI SE DECLARA. DISPOSITIVA Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: PRIMERO: Esta Alzada se declara COMPETENTE para conocer y decidir, el presente Recurso de Apelación de conformidad con el artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. SEGUNDO: Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el abogado JOSE GREGORIO ROJAS, en su condición de APODERADO JUDICIAL DE LA VICTIMA, en contra de la decisión dictada y publicada en fecha Seis (06) de Octubre del año dos mil veinticinco (2025), por el TRIBUNAL SEGUNDO (02°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DE LA SECCION DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA en la causa Nº 2JA-1328-2025 (Nomenclatura interna de ese Despacho), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado acordó entre otros pronunciamientos: “…Es por todo lo antes expuesto, que este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCION DE JUICIO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ACUERDA:PRIMERO: SE ACUERDA PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud presentada los defensores privados ABG. FRANK ERNESTO RODRIGUEZ LOPEZ, inpre: N° 261.893, y la ABG. LOZADA MARTINEZ CARMEN MARYERI, Inpre N° 292.896, a favor de su representado el adolescente luris YOSTIN ARTURO LOZADA MENDEZ, titular de Cedula de Identidad N° V- 31.342479, natural de Maracay del estado Aragua, de 19 años de edad, fecha de nacimiento 29-12-2005, profesión u oficio estudiante residenciado en Payita, Callejón las Lunas, casa N° 26, Turmero del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, a quien se le sigue el presente asunto penal por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NINOS Y NINAS CON PENETRACION, previsto y sancionado en el articulo 259 de La Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la niña M.J.M.P, y se admiten las siguientes pruebas testimoniales: 1.- Declaración del ciudadano MARLON RIVAS, quien es el padrastro de la niña victima. 2.-Declaración del ciudadano JOSE GREGORIO RIVAS PINA, por ser el Hermano del ciudadano MARLON RIVAS quien es padrastro de la niña víctima y cuñado de la madre de la víctima. 3.- Declaración del ciudadano CARLOS ARTURO LOZADA MARTINEZ. 4.- Declaración del ciudadano JOSE VICENTE MENDEZ TIRADO, padre biológico de la niña víctima. 5.- Declaración de la niña MARA SOFIA MENDEZ, hermanita de la niña víctima, cuyos declaraciones son necesarios y pertinentes para una correcta búsqueda de la verdad, todo ello de conformidad con los artículos 2, 21, 26, 49,257 de la Republica Bolivariana de Venezuela así como los artículos 546 y 553 dela Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los artículos 11 y 12 del Código Orgánico Procesa Penal. SEGUNDO: No se admiten las siguientes pruebas: 1.- Declaración de la ciudadana M.E.D.R la madre de la niña víctima por cuanto ya fue ofrecida por la contraparte en su oportunidad legal y fue admitida en la audiencia preliminar. 2.- La declaración de la psicóloga que presuntamente atendió a la madre de la niña victima por cuanto se desconoce su identidad y no consta en autos informe psicológico al respecto. 3.- La declaración del joven ARGENIS a quien menciona la victima por cuanto se desconoce identidad. 4.- Realización del Vaciado al teléfono de la víctima por cuanto la misma es extemporánea en esta fase de juicio. 5.- Se declara extemporánea la realización de la prueba anticipada a los ciudadanos MARLON RIVAS y JOSE GREGORIO RIVAS PINA, por cuanto los mismos no fungen como víctimas en el proceso penal que se ventila, en virtud que dicha institución jurídica sólo aplica a niños, niñas y adolescentes que funjan como víctimas en delitos sexuales a los fines de no re-victimizar en la fase de juicio cuando no-se le haya practicado tal prueba por ante el Tribunal de control de conformidad con el articulo 289 del Código orgánico Procesal pena, así como que establece la Sentencia N° 1049 de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, de fecha 30-07-2013, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán. Líbrese lo conducente y Cúmplase. Diarícese.…” TERCERO: Como consecuencia de la admisión, se procede a conocer el fondo del recurso planteado de conformidad con el artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal. LOS JUECES DE LA SALA 1 DE LA CORTE DE APELACIONES EN CONFORMACION DE SALA ESPECIAL DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, DRA. RITA LUCIANA FAGA DE LAURETTA Jueza Superior - Presidente DRA. GREISLY KARINA MARTINEZ HERNANDEZ Jueza Superior – Ponente DRA. ELIS COROMOTO MACHADO ALVARADO Juez Superior – Temporal ABG. MARIA GODOY Secretaria En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. ABG. MARIA GODOY Secretaria Ponente: Greisly Karina Martínez Hernández Causa N° 1Aa-945-2025 (Nomenclatura de esta alzada) Causa Nº 2JA-1328-25 (Nomenclatura de ese Despacho) RLFDL/GKMH/ECMA/sdaer