1

Revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente, este tribunal considera pertinente estudiar la figura de la perención de la instancia, con el objeto de verificar si están o no cumplidos los presupuestos necesarios para la procedencia de la misma.

En ese sentido, se debe partir indicando que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención (…)” Por su parte, el artículo 269 eiusdem, indica lo siguiente: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal (…)”. E igualmente, el artículo 270 del mismo código adjetivo señala que: “(…) Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención.”

En atención a las normas que anteceden este tribunal superior considera menester señalar que la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 eiusdem. La función de esta institución procesal no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la ligitiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado, es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones “huerfanas de tutor” en la carrera judicial. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de pleno derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. De igual forma se verifica que siendo la perención un medio de extinción de toda instancia, esta puede operar por ante el tribunal de alzada, generando también como consecuencia en ese caso, que la sentencia apelada adquiera fuerza de cosa juzgada.

Al respecto, la Dra. Marlene Robles de Rodríguez, en ponencia ofrecida en las V Jornadas “Lic. Miguel José Sanz” del Colegio de Abogados del estado Carabobo, recogida en la obra “DERECHO PROCESAL CIVIL. UN NUEVO ENFOQUE DEL DRECHO PROCESAL CIVIL” (1999), página 190, indicó lo siguiente: “(…) La función del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso. En el pasado y especialmente en las legislaciones más remotas, la perención se presentó como institución de orden público, remedio al mal de la prolongación de los juicios y como pena a la negligencia de los litigantes. La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que “la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia, el legislador patrio, inspirado en el principio de celeridad procesal, ha querido siempre que los juicios iniciados terminen y que ello ocurra en el menor tiempo posible”. Para cumplir con ese propósito, nuestra legislación procesal establece la perención de la instancia, como sanción con la negligencia de los litigantes en llevar el juicio hasta su pronta y definitiva conclusión (…)” (Negrillas nuestras).

Igualmente, el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en su obra “COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL” (2009), Tomo II, páginas 318 y 319, explica lo siguiente: “(…) Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno (…) El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargos innecesarios (…) El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto (…) Por ello, el juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia (…)” (Negrillas nuestras).

Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante fallo dictado en fecha 1 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, contenido en el expediente No. 00-1491, dejó establecido que: “(…) Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil). En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil (…) Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad (…) Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias (…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes (…) Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil (…) Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes, como ocurre en los ejemplos antes especificados (…)” (Negrillas y subrayado nuestro).

En abono a lo anterior, la misma Sala Constitucional mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2001, contenida en el expediente No. 01-2782, con ponencia del Magistrado Antonio García García, dejó establecido que: “(…) Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia e, inclusive, del hoy Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para aplicarlo a los procedimientos que por ante dicha Sala cursaban. Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez (…)” (Negrillas y subrayado nuestro).

Y más recientemente, la tantas veces mencionada Sala Constitucional, mediante decisión dictada en fecha 5 de mayo de 2006, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, contenida en el expediente No. 02-0694, reiteró que: “(…) la declaratoria de perención opera, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constante la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso (…)”

Así las cosas, vistos los anteriores criterios doctrinales y jurisprudenciales, los cuales este juzgador comparte y acoge, se concluye que la perención de la instancia opera de pleno derecho y que no es absoluto el principio consagrado en el artículo 267 eiusdem, que expresa que luego de vista la causa, ésta no puede ser declarada.

Explica la Sala Constitucional, que efectivamente cuando un juicio esté en suspenso por motivo de que el juez no dictó la decisión en el lapso legal correspondiente y lo único que haga falta para la finalización del procedimiento sea precisamente el fallo requerido no opera la perención de la instancia; no obstante a ello, se puede presentar el caso que estando la causa en estado de sentencia ocurra la paralización de la misma por situaciones casuísticas que requieren el impulso de las partes para que se reanude el procedimiento y el juez dicte la decisión respectiva. Todo esto, conforme al principio dispositivo que rige el proceso civil, según el cual recae sobre las partes la carga de estimular la función judicial en el más amplio sentido de la palabra.

2

Ahora bien, una vez explicado lo anterior, este juzgador considera oportuno realizar un recuento de las actuaciones realizadas en esta segunda instancia, a saber:

En fecha 30 de mayo de 2024, la presente causa compuesta de copias certificadas de un cuaderno de medidas, fue recibida por ante esta alzada, procedente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Aragua.

En fecha 5 de junio de 2024, mediante auto se fijó el término para presentar informes y el lapso para decidir.

En fecha 10 de julio de 2024, se dejó constancia que las partes no habían presentado informes.

En fecha 18 de julio de 2024, este tribunal ordenó oficiar al tribunal a quo con el objeto de remitiera copia certificadas de actuaciones necesarias para poder decidir el recurso interpuesto.

En fecha 22 de julio de 2024, el alguacil de este juzgado, mediante diligencia, informó que había entregado el oficio por ante el tribunal a quo, por medio del cual se le solicitaba que remitiera las copias certificadas necesarias para decidir.

En fecha 25 de julio de 2024, se dio por recibido oficio remitido por el juzgado a quo, donde informó que no podía remitir las copias certificadas solicitadas, ya que, por efecto de un recurso de regulación interpuesto, había enviado el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

En fecha 10 de octubre de 2024, este tribunal de alzada, mediante auto estableció entre otras cosas, lo siguiente:

“(…) Visto el contenido del oficio signado con el Nro 184/2004, proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, y que fuera agregado a los autos en fecha 25 de julio del año en curso, en el cual se informa a esta superioridad que “(...) el expediente signado con el N° 15.998 (nomenclatura interna de este Tribunal) contentivo del juicio incoado por la ciudadana Catterinne De Abreu Pita por Daños y Perjuicios contra la Sociedad Mercantil Construcciones Sequoia, CA. no se encuentra en este Despacho, con ocasión al planteamiento de regulación de competencia planteado por la Abogada Carmen Colmenares en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, el mismo fue remitido a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 08 de julio de 2024 (…)”, y visto igualmente que para el pronunciamiento del fallo respectivo en el presente asunto, resulta imprescindible tener conocimiento de las actuaciones habidas en el cuaderno de medidas y que sirvieron de fundamento al Juez a quo para emitir su pronunciamiento con respecto a las mismas, toda vez que lo remitido a esta alzada fueron copias certificadas del respectivo cuaderno cautelar y no su original, es por lo que en aras de garantizar una administración de justicia, así como en aras de respetar los principios de seguridad jurídica, y debido proceso, se insta a la parte apelante, que en el presente caso lo es la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES SEQUOIA, C.A. a que mediante apoderado judicial debidamente facultado, consigne a la mayor brevedad posible, copias de las actuaciones que se señalan a continuación:

- Marcado "A" Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES SEQUOIA C.A., inserta por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua en fecha 26 de febrero del 2014, inserta bajo el No. 40, Tomo 26-A.

-Marcado "A.1" Acta de asamblea de accionistas de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES SEQUOIA C.A. celebrada el día 26 de febrero del 2016 e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en fecha 06 de abril del 2016, inserta bajo el No. 10, Tomo 53-A.

Marcado "B" Acta de matrimonio civil celebrado el día 02 de agosto de 2008, inscrita en los Libros del Registro Civil de Matrimonio de la Oficina de Registro Civil del Municipio Sucre del estado Aragua bajo el No.155, Tomo 01 del año 2008.

Marcado "C" Documento de compraventa de inmueble otorgado en fecha 03 de junio del 2015, inserto bajo el número 2015.474, Asiento Registral del inmueble matriculado con el Nro. $1.4.1.3.8108 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2015 del Registro Público del primer Circuito del Municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Aragua

Marcado "D" Documento de Integración de dos (02) inmuebles, otorgado en fecha 25 de noviembre del año 2014, inserto bajo el No.7, Folio 14 del Tomo 17 del Protocolo de Transcripción laño 2014, e inscrito bajo el No. 2013.2008.

- Marcado "E" Documento de Condominio otorgado por el Registro Público del Primer Circuito del Municipio Girardot de la Circunscripción Judicial del estado Aragua de fecha 18 de mayo de 2018 bajo el N°45, folio 483 del Tomo 8 (…)”

Luego de este último auto, las partes no han realizado ninguna actuación en el expediente. De tal manera, es patente que, desde el 10 de octubre de 2024, el presente juicio se ha mantenido paralizado sin actuación alguna de las partes tendiente a impulsar el procedimiento, transcurriendo hasta el día de hoy, más de un (1) año. Por ende, es perfectamente factible declarar la perención de la instancia en este expediente, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo.

Por último, este tribunal de alzada también debe destacar que, la labor de un juez es dirigir el proceso y dirimir una controversia, pero sólo podrá hacerlo si cuenta con los elementos de juicio necesarios para ello; y en el caso de la actividad desplegada en alzada, por efecto de una apelación oída en un solo efecto, es deber irrenunciable de las partes suministrar las copias certificadas de las actuaciones pertinentes en las cuales estén esos elementos de juicio que el juez necesita para producir su decisión. (Vid. Sentencia No. 777, publicada en fecha 13 de diciembre de 2022 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia).
DISPOSITIVA
Con fundamento en las consideraciones de hecho y derecho anteriormente mencionadas, este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: La perención de esta segunda instancia en el presente expediente, contentivo de copias certificadas del cuaderno de medidas correspondiente al juicio que, por indemnización de daños y perjuicios, inició la ciudadana CATTERINNE DE ABREU PITA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 14.052.513, contra la sociedad mercantil “CONSTRUCCIONES SEQUOIA, C.A.”, representada legalmente por el ciudadano MANUEL JOSÉ MORALES PÉREZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad No. V- 12.310.004. En consecuencia, una vez quede firme la presente decisión, se debe considerar que la sentencia recurrida de fecha 4 de abril de 2024, ha adquirido fuerza de cosa juzgada, en conformidad al artículo 270 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes de la presente decisión.

TERCERO: No se condena en costas en razón de la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese, remítase y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala del despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en Maracay, a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2025. Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.