RESOLUCIÓN DUUH CL AP/Se dictó resolución en la cual este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en el Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin perjuicio de terceras personas con igual o mejor derecho, DECLARA las presentes actuaciones como JUSTIFICATIVO DE DECLARACIÓN DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del JESÚS DANIEL MAZAIRA OROPEZA, quien en vida fuera titular de la Cédula de Identidad N° V-13.511.209, a su hijo, el niño [...],de seis (06) años de edad, de conformidad a lo establecido en el Artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con los Artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

/CARGA FAMILIAR/Este Tribunal Noveno administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declaró como CARGA FAMILIAR del ciudadano ELIOMAR LOZADA LOPEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de Identidad No. V-15.082.887, a la niña: SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN, de cinco (05) años de edad.

En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales, interpuesta por el ciudadano LUIS ALBERTO LEAL CASTILLO, contra la empresa ANNFELCA SEGURIDAD, C.A., al pago de la cantidad de TRES MIL QUINCE BOLIVARES CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 3.015,24, más lo que resulte de la experticia complementaria del fallo. Se ordena su realización según lo parámetros determinados en la parte motiva de la decisión. Se condena en costas a la demandada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

Vista la diligencia presentada por el abogado EFRAIN SANCHEZ, en su condición de apoderado judicial de la parte actora, inscrito en el I.P.S.A Nº: 33.908, suficientemente facultado para desistir, según consta en instrumento poder que cursa a los autos, mediante el cual desiste del procedimiento contra los demandados personales DIRECTORES personas naturales co-demandas los ciudadanos RAMON CANELA ABEL DE LA CRUZ , ANDRES ANTONIO CANELA ABEL DE LA CRUZ , ANTONIO RAMON POSSAMAI BAJARES y PABLO JAVIER MANAURE HERNANDEZ; en consecuencia este Juzgado HOMOLOGA dicho desistimiento del en los términos expuestos, sólo en cuanto a las personas naturales, de conformidad con lo establecido en el Art 263 y 265 del Código de Procedimiento Civil, aplicado analógicamente por el Art 11 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo. El Juez El Secretario Abg. Beatriz Pinto Abg. Dorimar chiquito

RESOLUCIÓN HOM. CONV. OM DH/Se dictó resolución en la cual este Tribunal admitió e impartió homologación al acta suscrita por los ciudadanos EDWARD ANTONIO ARCAY URBINA y JESSIKA ROMINA NAVAS HERRERA, titulares de las cédulas de identidad números V-10.818.147 y V-11.921.351, respectivamente, en fecha 17/09/12, contentiva del CONVENIMIENTO DE FIJACIÓN DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, en la cual se fijó un quantum mensual de Bs. 540,00, conforme a los art. 375 y 518 de la LOPNNA.

Este Tribunal, DECLINA LA COMPETENCIA EN LAS CORTES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, para el conocimiento y decisión del recurso de nulidad interpuesto por la recurrente.-

, por cuanto no las considera ilegales ni impertinentes admite las pruebas documentales presentadas por las partes, cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva; con respecto a la prueba de exhibición presentada por la Apoderada Judicial de la Contribuyente mediante la cual solicita a la Administración Tributaria que exhiba el expediente administrativo, este Tribunal considera inoficioso pronunciarse por cuanto el mismo fue presentado en fecha 18-09-2012 por la Sustituta de la ciudadana Procuradora General de la República.

este Tribunal, por cuanto no las considera ilegales ni impertinentes, las admite cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva.

por cuanto no las considera ilegales ni impertinentes, las admite cuanto ha lugar en derecho salvo su apreciación en la definitiva.

Se observa que el promovente no indicó el objeto a probar, de tal manera que, conforme a los criterios jurisprudenciales anteriormente trascritos, la finalidad de indicar el objeto de la prueba radica en que el Tribunal no puede convertirse en intérprete de la intención de la parte promovente de dicha prueba. En orden a lo expuesto, es por lo que este Tribunal la considera impertinente, y en consecuencia no admite la prueba promovida por la parte demandada, en orden a lo pautado en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.