Respecto a dicha prueba de experticia, quien aquí decide observa que la referida prueba es impertinente toda vez que los mencionados correos no fueron impugnados y como se señaló anteriormente quedaron admitidos como prueba documental, aunado a que no se evidencia en este caso la existencia de una firma electrónica que permita la certificación de los mismos, razón por la cual se declara INADMISIBLE la prueba de experticia solicitada por la parte querellante. Así se establece. Finalmente por cuanto de las pruebas admitidas, se observa que las mismas no requieren evacuación alguna, se advierte a las partes que este Juzgado fijará audiencia definitiva por auto separado de conformidad con lo establecido el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Respecto a dicha prueba de experticia, quien aquí decide observa que la referida prueba es impertinente toda vez que los mencionados correos no fueron impugnados y como se señaló anteriormente quedaron admitidos como prueba documental, aunado a que no se evidencia en este caso la existencia de una firma electrónica que permita la certificación de los mismos, razón por la cual se declara INADMISIBLE la prueba de experticia solicitada por la parte querellante. Así se establece. Finalmente por cuanto de las pruebas admitidas, se observa que las mismas no requieren evacuación alguna, se advierte a las partes que este Juzgado fijará audiencia definitiva por auto separado de conformidad con lo establecido el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: IMPROCEDENTE la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos solicitada en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por la ciudadana CAROLIN ELENA KASSAR RINCÓN, titular de las cédula de identidad Nro. V-10.517.231, asistida por la Abogada Aura Rincón de Kassar, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 1.871, en contra de la FUNDACIÓN BOLIVARIANA DE INFÓRMATICA Y TELEMÁTICA (FUNDABIT).