Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, actuando de conformidad a lo establecido en los artículos 887 y 362 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR La CONFESIÓN FICTA del ciudadano ANTONIO JOSE CHACARO GARCIA, por no darse de manera concurrente los tres (3) supuestos legales exigidos por el Artículo 362 del Texto Procedimental. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la demanda de DESALOJO por falta de pago, incoado por el ciudadano HUGO JESUS COLMENARES SIERRA, en contra del ciudadano ANTONIO JOSE CHACARO GARCIA, ambas partes identificadas al inicio del presente fallo. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se revoca la medida .....

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, este juzgado observa que existiendo en el presente caso, incompatibilidad de procedimientos, por cuanto el juicio de simulación o nulidad de venta debe ser ventilado por un procedimiento ordinario (oral), y el de Desalojo, es tramitado por el procedimiento breve, tal y como lo establece el Artículo 33 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, en consecuencia y con fundamento a los artículos 888 y 366 del Código de Procedimiento Civil, este juzgado de oficio, declara INADMISIBLE la reconvención, por cuanto la misma debe tramitarse por un procedimiento incompatible al del juicio principal. Y así de decide.-

D E C I S I O N Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, le imparte su HOMOLOGACION al DESISTIMIENTO interpuesto por la parte actora, en contra del ciudadano MUSTAPHA ABDUL HADDI, en fecha 13 de Diciembre de 2.007 en los mismos términos expuestos.- REGISTRESE, PUBLIQUESE y DEJESE COPIA EN EL ARCHIVO DEL TRIBUNAL.-

En consecuencia, debido a que en el presente caso se observa que el abogado solicitante no aportó medio de prueba alguno que hiciera surgir en esta juzgadora presunción alguna de la ilusoriedad del fallo, y al no presentarse la consecución en el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, la medida preventiva de secuestro solicitada debe declararse improcedente. Así se decide.

declara PERIMIDA LA INSTANCIA

declara CON LUGAR la demanda de desalojo interpuesta por la representación judicial del ciudadano DANIEL FERNANDEZ MEDINA en contra de la ciudadana MERY ALEXANDRA BENAVIDES.

resulta forzoso para este Tribunal negar la medida de secuestro peticionada por la accionante.

En el caso sub iúdice, el Tribunal observa que desde En fecha 17 de Enero del año 2.007, compareció la ciudadana MIRIAN ELENA ANCHILA PABON, y le confirió Poder especial al Abogado Oscar José Caro, evidenciándose que luego de ello la parte actora no compareció ni por si ni por medio de apoderado alguno a dar impulso procesal a la causa, y vista la falta de interés de la parte actora y por cuanto tal inactividad se encuentra sancionada en nuestro ordenamiento jurídico, con la figura de la Perención de la Instancia cuyo efecto se circunscribe y da por extinguida la causa, no pudiendo promoverse nuevamente sino transcurrido como sean noventa (90) días de verificada la misma. Con fundamento a las anteriores consideraciones este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.....

DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 numeral 1° del Código de Procedimiento Civil.

este Tribunal por no ser contraria a derecho, a las buenas costumbres, ni alguna disposición expresa de la ley la ADMITE cuanto ha lugar en Derecho, de conformidad con lo pautado en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil.