Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD el recurso de nulidad interpuesto por los abogados Tayruma Josefina Garay Peña y Alfredo José Garay Peña, actuando como apoderados judiciales del ciudadano ORLANDO RAFAEL MEDINA SUCRE, antes identificados, contra la Providencia Administrativa N° 0781, dictada en fecha 13 de julio de 2004 por la Inspectoría del Trabajo en los Valles del Tuy, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El Tribunal observa que desde la fecha de la última actuación cumplida hasta la fecha del presente auto, ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que se hubiera realizado actuación alguna que tienda a la prosecución del proceso, por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA y así se decide. Archívese el expediente sustanciado en la oportunidad correspondiente.

Con fundamento en lo antes señalado este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por el abogado Carlos Alberto Guevara Solano, actuando como apoderado judicial del ciudadano SALOMÓN SEGUNDO CENTENO HUERTA, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (ASAMBLEA NACIONAL), todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

DECISION Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la abogado AMRI JIMENEZ BELISARIO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 70.994, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana JUDITH INMACULADA HERNANDEZ ALVAREZ, venezolana, titular de la cedula de identidad N° 2.520.808, en contra del MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES.

Por las razones expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda interpuesta por el ciudadano JOHAN CARDALES GARZÓN, representado por su apoderada judicial la abogada MARÍA GABRIELA ROMERO FOX, contra el Instituto Autónomo de Policía Municipal de Sucre del Estado Miranda.

declara Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar por los abogados ROSA ANA LARDIERI, MARIANN SALEM PEREZ y FRANCISCO OLIVO CORDOVA, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA BRONTRX, C.A., contra Providencia Administrativa Nro. 504-05, de fecha 23 de septiembre de 2005, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, en el expediente Nro. 030-05-01-00372., mediante la cual se declaró con lugar el procedimiento de reenganche y pago de los salarios caídos incoado por el ciudadano EMILIO RENÉ GÓMEZ, portador de la cédula de identidad Nro. 13.287.007. En consecuencia se declara la nulidad de la Providencia Administrativa Nro. 504-05, de fecha 23 de septiembre de 2005, dictada por la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, en el expediente Nro. 030-05-01-00372., mediante la cual se declaró con lugar el proc.....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: ADMITE el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por el abogado Rafael Antonio Fuguet Alba, actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CORPORACION PLASTICOS FM, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 61-2004, dictada en fecha 16 de febrero de 2004 por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda. SEGUNDO: Declara IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar. TERCERO: Examínese por separado de esta decisión la caducidad del recurso.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por la ciudadana Eliana Sanchez de Aranguren, asistida por los abogados Oscar Borges Prim, Diurkin Bolívar Lugo y Pedro Alexander Velásquez, contra el acto administrativo N° 523.0806 dictado en fecha 04 de agosto de 2006 por el Director Ejecutivo de la Magistratura (DEM).

SE DESESTIMA, el recurso de hecho, propuesto en fecha 19 de junio de 2001, por los abogados Miguel Ángel Ortega y Neiver Valladares actuando como apoderados judiciales de la ciudadana Carmela Todaro de Campana, contra el auto de fecha 07 de junio de 2001, que oyó en el sólo efecto la apelación interpuesta en fecha 18 de mayo de 2001, por el abogado Miguel Ángel Ortega, contra la decisión de fecha 09 de mayo de 2001, que declaró concluida la partición, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la acción interpuesta por el ciudadano ANDRES AUGUSTO PEREZ, venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V- 3.718.083 en contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), Sociedad Mercantil de este domicilio, inscrita en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal, el día 20 de junio de 1930, bajo el No. 387, Tomo 2 y cuya última reforma estatutaria quedó debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 18 de diciembre de 2003, bajo el No. 10 Tomo 184-A-Pro. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.