Por los razonamientos este Tribunal administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la CUESTION PREVIA prevista en el articulo 346, ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, esto es la falta de jurisdicción de los Tribunales de la Republica ante los Organos de la Administración Pública. SEGUNDO: SIN LUGAR la CUESTION PREVIA prevista en el articulo 346, ordinal 11 del Código de Procedimiento Civil, "La prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, TERCERO: Se condena a la parte demandada al pago de las costas de la incidencia. Notifíquese a las partes.

Asimismo, vista la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 05 de diciembre de 2013, en la cual se DECLARÓ INCOMPETENTE por cuanto independientemente de a quien competa el conocimiento de la causa originaria, corresponde de un Tribunal Superior de aquel al que se le impute la decisión, actuación u omisión supuestamente lesiva; y en tal sentido DECLINA LA COMPETENCIA a los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, este Tribunal comparte el criterio expuesto en el fallo mencionado supra, dictado por el referido Juzgado de Sustanciación, y en consecuencia ACEPTA la competencia para conocer este asunto. Provéase por auto separado sobre la admisión de la Acción de Amparo Constitucional propuesta.-

En fecha 11 de julio de 2013, la partidora MARIA ESTHER RODRIGUEZ, consignó ESCRITO DE PARTICION y notificadas las partes sobre esa actuación, NO FORMULARON OBJECION NI REPARO ALGUNO contra el mismo, razón por la cual quedó firme la partición en cuestión, en cuya virtud se da por concluido este procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil.