En vista de ello, se procederá a emitir pronunciamiento sobre la medida solicitada, tomando en consideración lo expuesto solamente en la diligencia que antecede. Respecto a ello, el Tribunal observa que en dicha diligencia la parte actora no expuso fundamentos de hechos, por los cuales considera que deba decretársele la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, por lo cual este Tribunal se abstiene de analizar los recaudos presentados, pues las pruebas van dirigidas a demostrar las afirmaciones expuestas por las partes, y si en este caso no hay afirmaciones que tomar en consideración, no puede de oficio el juzgador, establecer de las pruebas presentadas, hechos no alegados por las partes. En consecuencia, este órgano jurisdiccional niega la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, por cuanto la parte actora no alegó ni probó la concurrencia de los presupuestos procesales para el decreto de la cautelar solicitada. Así se decide. Publíquese y regístrese.

En consecuencia, se procederá a revisar si dicho desistimiento reúne los requisitos para ser homologado, conforme a lo previsto en los artículos 263 y 264 eiusdem. La presente demanda versa sobre Daños y Perjuicios, derivados de un accidente entre vehículos, en cuya materia no están prohibidas las transacciones; igualmente se observa que fue la propia parte demandante quien desistió de la acción, es decir, la misma que tiene la capacidad para disponer del objeto sobre el cual recae la controversia. En consecuencia, este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara consumado el acto de desistimiento de la acción, teniéndose el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a tenor de lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Se condena en costas a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Códi.....

Con fundamento en las precedentes consideraciones este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: LA CONFESIÓN FICTA de la parte demandada, ciudadano RAFAEL ENRIQUE SALAZAR RAMÍREZ, titular de la Cédula de Identidad No. V-6.525.311. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpuso la ciudadana MARINA FERNÁNDEZ DE MONTESDEOCA contra el ciudadano RAFAEL ENRIQUE SALAZAR RAMÍREZ, antes identificados. TERCERO: Se condena a la demandada a PAGAR a la parte actora la cantidad de dos millones cien mil bolívares (Bs.2.100.000,00), equivalente a los cánones de arrendamiento de los meses de mayo, junio y julio de 2007. No hay condenatoria en costas, por cuanto a la parte actora no se le concedió todo cuanto solicitó en el libelo, en interpretación de lo dis.....