De lo anterior se puede inferir, que se debe realizar una interpretación en esta materia, acorde con los postulados establecidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo el a quo emitir nuevo pronunciamiento con respecto al recurso ejercido, al resultar evidente la incontrovertible voluntad del recurrente de alzarse contra la decisión antes mencionada, la cual no era susceptible de impugnación mediante el recurso ordinario de apelación, ello en aras de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso del justiciable, por lo que considera este Tribunal que lo mas prudente en el sub iudice es reponer la causa al estado que se emita pronunciamiento al respecto tomando en cuenta el criterio antes referido, quedando anulado todo lo actuado desde el auto que oyó indebidamente el recurso en fecha 22.5.2013, y así se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en el cuerpo de este fallo judicial. ASÍ EXPERESAMENTE SE DECIDE.

En ese sentido, sí se hace procedente el pedimento de la parte demandada, sociedad mercantil INVERSIONES LUBEGAN, S.R.L., y se estima que la primera instancia debió limitar en el despacho de ejecución, en forma expresa, positiva y precisa (Art. 243, 5º Código de Procedimiento Civil), el embargo de bienes (muebles o inmuebles) hasta por una cantidad de dinero que no debía exceder del doble de la deuda y de las costas procesales, conforme se señala en el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil. Congruentes con lo señalado, se estima que se debe anular el decreto de ejecución -embargo ejecutivo- de fecha 24 de abril de 2012, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por incurrir en una violación de los artículos 243, 5º y 630 del Código de Procedimiento Civil, causando indefensión a la parte accionada y ordenar que se libre nuevo despacho embargo donde se p.....

De la declaración ut supra transcrita y a tenor de lo preceptuado en el artículo citado, se desprende en forma indubitable, que el funcionario inhibido debe desprenderse del conocimiento de la causa in commento dada la existencia, tal y como lo afirma, de una causal de recusación y de inhibición, esto es, haber manifestado opinión sobre lo principal del juicio, supuesto de hecho que se subsume en la causal contenida en el ordinal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que expresa lo siguiente: "...Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa". En atención a lo narrado y dadas las circunstancias fácticas preindicadas, en opinión de este juzgador no hay duda de la incompetencia subjetiva manifiesta que presenta la Dra. ROSA DA SILVA GUERRA en su condición de Juez Titular del Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercant.....