Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Larry Nelson Herrera Giménez, actuando como apoderado judicial de la ciudadana DORIS JANETH SANDOVAL, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL).

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por las abogadas Concepción Olimpia Fermín Muñoz, Luisa Flores de Reyes y Elizabeth Arriojas, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando en su condición de apoderadas judiciales de la ciudadana DEISY MÉNDEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 3.769.091, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), todo de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano JEAN CARLOS BARRETO GONZALEZ, asistido por la abogada María Isabel Pulido Marrero, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE BOMBEROS ADSCRITO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por las abogadas Concepción Olimpia Fermín Muñoz, Luisa Flores de Reyes y Elizabeth Arriojas, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando en su condición de apoderadas judiciales del ciudadano RAFAEL PAREDES, titular de la cédula de identidad Nro. 2.614.6021, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), todo de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar solicitada por el ciudadano ALEARDO DE LA TRINIDAD RIVAS MARTIRE, titular de la cédula de identidad Nº 15.508.762, debidamente asistido por la abogada JOSEFINA MARTIRE MENDOZA, Inpreabogado Nro. 82.051, contra "el acto administrativo verbal" de fecha 14 de febrero de 2012, emanado de la ALCALDIA DE SUCRE, MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el abogado Larry Nelson Herrera Giménez, Inpreabogado N° 104.455, actuando como apoderado judicial de la ciudadana MARÍA JOSEFINA FONSECA MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° 6.170.159, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL).

Por las razones antes expuestas éste Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL Y EN CONSECUENCIA EL ABANDONO DEL TRÁMITE en el recurso de nulidad interpuesto por los abogados CARMELO DE GRAZIA SUÁREZ, HORACIO DE GRAZIA SUÁREZ Y PAMELA ALEXANDRA QUIROZ, en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA, contra la Providencia Administrativa Nº 198/03 dictada en fecha 29 de abril de 2003 por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas.