Planteadas así las cosas, este Tribunal observa que la controversia en el presente asunto se circunscribe a determinar únicamente si resulta aplicable la eximente de responsabilidad penal tributaria prevista en el artículo 108 numeral 3° de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1982, aplicable al ejercicio fiscal investigado En relación a este único punto, este Tribunal observa que no existen en el expediente elementos probatorios que desvirtúen lo señalado y comprobado por la Administración Tributaria, por cuanto la recurrente no presentó las pruebas necesarias que demuestren la aplicación al caso concreto de la eximente de responsabilidad penal contenida en el numeral 3° del artículo 108 de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1982, aplicable ratione temporis, razón por la cual la Resolución impugnada, debe surtir plenos efectos legales, en virtud de la presunción de legalidad y veracidad de que gozan los actos Administrativos.

este Tribunal pasa a pronunciarse sobre la protección de Amparo Cautelar, visto que en el escrito recursivo se ha denunciado la violación de derechos constitucionales y establecido, como ha quedado, que la naturaleza del Amparo Cautelar se asemeja a la naturaleza que tiene la medida de suspensión de efectos de los actos administrativos tributarios, con relación a la exigencia de comprobación del requisito sobre el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, es decir, la probable existencia de un derecho, de que la pretensión principal será favorable al accionante, y este requisito no puede derivar únicamente de la sola afirmación del recurrente, sino que debe ser acreditado en el expediente, no solo con argumentos sino con elementos de prueba que lleven a la convicción del juez, prima facie y sin que signifique pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, que asiste al recurrente la apariencia de un buen derecho en su pretensión, esto es así, porque los actos administrativos .....

Con relación al desistimiento formulado por el apoderado judicial de la demandante, este Tribunal pasa a realizar las siguientes consideraciones: En primer lugar debemos definir lo que debe entenderse por desistimiento Del análisis efectuado a las actas procesales se evidencia de manera muy clara que el desistimiento del procedimiento más no de la acción, fue realizado en forma expresa por el representante judicial del demandante “PUERTOS DEL LITORAL P.L.C., C.A.”, facultado para ello, según documento poder y autorización suscrita por el ciudadano Presidente de la demandante supra identificada, mediante diligencia de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil cinco (2005), que cursa al folio trescientos cincuenta y nueve (359) del expediente, en la etapa introductoria del presente procedimiento judicial, siendo forzoso para este Tribunal concluir que dicho desistimiento cumple con todos los requisitos legales para surtir los efectos que le asigna el artículo 263 del C.....