Por otro aspecto, la decisión emanada del Tribunal Vigésimo Tercero de Primera Instancia en funciones de juicio de este Circuito Judicial Penal, de fecha 15 de Enero de 2007, a juicio de esta superior instancia, no solo resulta contradictoria e incongruente sino tambien inmotivada, toda vez, que la a quo manifiesta " ... en donde ciertamente existe una jurisprudencia de la Sala Constitucional, que indica que el Tribunal de Control que decrete procedente el Auxilio Judicial, debe proceder a la notificación de los imputados del derechos que ellos tienen también de controlar alguna pruebas..." sin señálar datos de registro y promulgación de la supuesta decisión de la sala constitucional y en que supuestos es aplicable al caso in examine y por demás resulta evidente la inexistencia de tal decisión en tales términos, toda vez, que en el desarrollo del Auxilio Judicial no existe posibilidad alguna de considerar alguna de las partes como IMPUTADOS, según lo expresado por la juez a quo. .....

No obstante lo asentado anteriormente, esta Sala al revisar el fallo impugnado constata que no se infieren vicios graves que atañen al debido proceso, que estén por encima de cualquier formalismo no esencial que conlleve la aplicación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues en efecto, el sentenciador de primera instancia al establecer los hechos punibles, objetos del juicio, así como la culpabilidad de los acusados JORGE LUIS GÓMEZ RONDÓN y MARCOS ADIEL GÓMEZ OSUNA, expresó las razones de hecho y de derecho, que a su juicio demostraban tales extremos, haciendo una determinación precisa y circunstanciada de los hechos que estimó acreditados en base a las pruebas incorporadas en el debate oral y público, según la sana crítica, observando las reglas de lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, tal como lo disciplina el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo un juicio libre pero razonado, estimando lógic.....