En lo atinente al Capítulo IX, en el cual se promueve y transcribe el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, éste Juzgado niega su admisión, toda vez que las leyes no son objeto de pruebas por tanto no requieren promoción alguna, y así se decide.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado Stalin A. Rodríguez S., actuando como apoderado judicial de la ciudadana CARMEN ALICIA GOMEZ DE DIAZ contra la República Bolivariana de Venezuela (Ministerio del Poder Popular para la Educación). SEGUNDO: Se ordena al Organismo querellado pagarle a la actora los intereses moratorios causados por retardo en el pago de prestaciones sociales, desde el 1° de agosto de 2003 hasta el 08 de noviembre de 2006, lo cual debe hacerse sin capitalizarlos. TERCERO: A los fines de determinar con toda precisión el monto a pagar a la actora, se ordena practicar experticia complementaria del fallo en la cual se determinará el monto de los intereses de mora causa.....

Al respecto observa el Tribunal que ciertamente la prueba de exhibición promovida por la parte querellante no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, ya que la parte promovente no determinó con precisión cuales son los documentos que pretende le sean exhibidos. Amén de que no acompaña el actor una copia de los documentos, ni tampoco explicación de su contenido, ello impide a este Tribunal derivar la presunción de la existencia de dichos documentos y de su posesión por parte del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura; de allí que de obligarse al querellado a tal exhibición podría acarrearle indefensión, por tal razón este Tribunal declara procedente la oposición analizada, y así se decide.