Vista la diligencia de fecha 23 de febrero de 2007, prestada por el abogado IGNACIO ORAMAS, inscrito en el IPSA bajo el N° 36.189, en su carácter de apoderado del actor, en la cual participa haberse practicado la notificación de la demandada, este juzgado hace las siguientes consideraciones, en el auto de fecha 14 de marzo de 2006, se acordó previa solicitud de la parte actora expedir los carteles de notificación a fin de ser practicados mediante notarios en el domicilio de la demandada, es decir, FUNDABARRIOS, ahora bien, en la diligencia practicada por el apoderado actor, da cuenta de haberse practicado la notificación en un domicilio totalmente distinto, no ajustado a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que este tribunal se abstiene de certificar la notificación presentada y así se decide. Es por ello, que se insta a la parte actora, que aclare si es su voluntad modificar su demandada, pues el Ministerio para la Vivienda y Habitat, n.....

Al reintegrase a este despacho el Juez Titular, según acta de juramentación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 25 de octubre de 2006, luego de haber cumplido suplencia especial en el Tribunal Primero Superior de esta Circunscripción Judicial del Trabajo, procedo a avocarme al conocimiento de la presente causa, ahora bien, vista que según auto de fecha 19 de enero de 2007, fue designado experto contable, por la Abogado. Marlene Sanchez, fungiendo para esa fecha como Juez Suplente de este Juzgado, y por cuanto de una revisión de la sentencia de fecha 11 de abril de 2005 y modificada por el Juzgado Superior Tercero, en forma alguna dispone la realización de experticia complementaria del fallo, en aras de garantizar el orden procesal y el debido proceso, dispuesto en el artículo 49 Constitucional, se procede a revocar y dejar sin ningún efecto el auto de fecha 19 de enero de 2007, así como la designación y posterior juramentación del Experto Contable. Así mismo.....

Visto que el poder de la Depositaria Judicial Monay CA, fuera revocado, por lo que resulta limitado este tribunal a otorgar credenciales a los representantes de dicha depositaria, y por ser una carga de la parte actora-ejecutante, con el fin de no producir retardos innecesarios en el proceso, es que se ordena a la aparte actora-ejecutante, poner a disposición de este juzgado un depositario judicial, de su preferencia, debidamente acreditado por ante el Ministerio del Poder Popular para el Interior y Justicia, a la brevedad del caso, con el fin de dar continuidad al proceso.-

En el día hábil de hoy, 28 de Febrero de 2007, siendo las 3:00 PM, oportunidad fijada para que tenga lugar la Prolongación de la Audiencia Preliminar, comparecen los ciudadanos RICHARD ALEXANDER MORENO, titular de la cédula de identidad N° V-10.501.735, en su carácter de actor y los abogados MARIA EUGENIA ALVAREZ DUQUE, NIVIA GUERRERO GALBAN y PEDRO ALBERTO DE ARMAS BRITO y, inscritos en el IPSA bajo los N° 76.175, 7.432 y 24.109, respectivamente, en su carácter de apoderada del actor la primera según se desprende de instrumento poder que corre inserto al expediente y apoderados de la demandada los dos últimos según se desprende de instrumento poder que presenta en original para su confrontación a la vista y en copia para ser insertado al expediente. En este estado la parte demandada toma la palabra y con el objeto de poner fin a esta demanda ofrece el pago único de la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (2.580.000,00 Bs.), como pago de los conceptos demandados.....

En consecuencia, este Juzgado Décimo de Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente caso y se ordena el cierre y archivo del expediente. Publíquese y Regístrese la presente decisión.

Vista la inactividad de la parte actora ejecutante en la presente causa, y por ser una carga lega que le corresponde como ejecutante, se le insta a que ubiquen y señalen bienes de la demandada con el objeto de proceder a la ejecución, todo con el propósito de evitar retardos procesales innecesarios.-