En consecuencia, siendo esta parte la legitimada para solicitar la suspensión de la medida, este Órgano Jurisdiccional revoca la medida de embargo ejecutivo decretada en fecha 19 de enero de 2007, por este Tribunal y practicada por el mencionado Juzgado Ejecutor, en fecha 19 de marzo del año en curso, sobre el inmueble antes identificado, propiedad de los ciudadanos Fernando Martínez Natera y Maigualida del Valle López Piter, cuya ejecución de medidas fue participada al Registro de la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario de los Municipio Sucre y José Ángel Lamas del Estado Aragua, el 19 de marzo de 2007, mediante oficio No. 054-07. En base a la decisión que antecede, se ordena oficiar lo conducente a la Oficina Subalterna respectiva, para que tome la debida nota de la revocatoria decretada. Asimismo, se ordena librar oficio dejando sin efecto la comisión librada en fecha 18 de junio de 2007, donde se comisionó para la práctica del avalúo o justiprecio sobre el inmueble que fu.....

Asimismo, consignó copias simples del pagaré objeto de acción, estado de cuenta emitido por la entidad bancaria demandante y certificación de gravamen expedida por la oficina de registro antes mencionada, los cuales no constituyen prueba del hecho incierto de que emitido el fallo definitivo en la presente causa, éste quedé ilusorio; requisito que debe ser concurrente con la presunción de buen derecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional NIEGA la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada, por cuanto la parte actora no probó que en el presente caso se cumplen ambos presupuestos procesales para el decreto de la cautelar solicitada. Así se decide.

En consecuencia, en vez de copias certificadas, se ordena remitir el expediente completo al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito (Distribuidor de Turno) de esta Circunscripción Judicial, para que el Juzgado al cual corresponda decida la regulación. Líbrese oficio. Publíquese y déjese copia certificada de esta decisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.