TSJ Regiones - Decisión

PUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ESTADO ARAGUA EN FUNCIONES DE
PRIMERO DE JUICIO
215° y 166°

Maracay, 24 de abril de 2026
CAUSA Nº: 1J-3254-25

JUEZ: ABG. ELLIGSEN OBREGÓN MARTÍNEZ
SECRETARIA: ABG. LUISANA TORREALBA
FISCAL 6°MP: ABG. GABRIEL HERRERA
ACUSADO: DANIEL ENRIQUE BORRO
DEFENSOR PRIVADA: ABG. LISETH ZARRAMERA.
___________________________________________________________________________________________________

SENTENCIA ABSOLUTORIA
I
ANTECEDENTES

De la Competencia

Compete a esta Juzgadora dictar la sentencia que corresponde, el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias…

De conformidad con el artículo 68 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala que:

Es de la competencia del tribunal de juicio el conocimiento de: 1. La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia municipal en funciones de control. 2. La fase de juicio en las causas provenientes de los tribunales de primera instancia estadal en funciones de control. 3. Las causas por delitos respecto de los cuales pueda proponerse la aplicación del procedimiento abreviado. 4. La acción de amparo cuando la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación sea afín con su competencia natural, salvo que el derecho o la garantía se refieran a la libertad y seguridad personal.

Siendo esta Juzgadora competente conforme al artículo 68 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala la competencia sobre la materia de los Tribunales de Juicio, articulo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y celebrado el juicio oral y público en audiencias continúas realizadas. Compete a esta Juzgadora, valorado los medios de pruebas, así como también los alegatos de las partes; este Tribunal Primero de Juicio, concluyó que ABSUELVE al ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, de 36 años de edad, fecha de nacimiento: 26-08-1981, profesión u oficio: ALBAÑIL, residenciado en CALLE PRIMERO DE ENERO, CASA Nª 15, BARRIO 23 DE ENERO, MARACAY, ESTADO ARAGUA, TELÉFONO: NO POSEE, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS DE MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, delitos acusados por el Ministerio Publico; pasa entonces esta Juez, en conformidad con las previsiones del artículo 347 y 348 del Código Orgánico Procesal penal, pasa a redactar la Sentencia de la siguiente forma:
II
DEL JUICIO ORAL
De la acusación Fiscal: Enunciación De Los Hechos
El Ministerio Público en forma oral, imputó al acusado DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS DE MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, acusados por el Ministerio Publico, realizando la narración de los hechos, señalados en el escrito de acusación fiscal, y fundamentos de su imputación; manifestando entre otras cosas que:

HECHOS OBJETOS DEL PROCESO:

“Los hechos se desarrollaron siendo aproximadamente 08:00 horas de la manana, del día 1 de septiembre del año en curso, cuando tuncionarios adscritos a la Guardia Nacional Bol varlana se encontraban realizando labores de patrullaje de seguridad ciudadana, en tres (03) vehículos militares tipo moto y cuando se desplazaban por el barrio San Vicente, por la calle principal, municipio Girardot, Estado Aragua, logran avistar en unas de las esquinas a un (01) vehículo tipo moto, marca jaguar de color negro, el mismo al notar la
presencia de la comisión emprendió la huida, iniciándose una persecución, luego de unos metros mas adelante se logra interceptar al ciudadano, dándole la voz de alto e indicándole que se le realizaria un chequeo corporal. posteriormente luego de realizar la inspección los funcionarios castrenses encontraron una bolsa de material sintético de color negro, oculto en el asiento del vehículo, contentivo en su interior de un material estratégico denominado (COBRE), de aproximadamente un (01) kilogramo, el ciudadano aprehendido no poseía documentación por lo que dijo ser y llamarse: 1.) DANIEL ENRIQUE BORRO, C! V-23.587.933, DE 30 AÑOS DE EDAD, F/N: 26/08/1988, vestía para el momento: short de color blanco con negro, franela de color negro con blanco, zapatos negro y gorra negra, dadas las circunstancias procedimos a hacer la detención preventiva de el ciudadano, trasladándonos hasta la sede del destacamento de seguridad urbana. Se celebró la Audiencia Especial de Presentacion el dia 03 de septiembre de 2018, en la cual el Fiscal del Ministerio Publico precalifico la accion antijurídica desplegada por el hoy imputado DANIEL ENRIQUE BORRO, COMO TRAFICO ILICITO DE RECURSOS O MATERIALES ESTRATÉGICOS, conducta tipificada como reprochable en las leyes penales de la República, de igual forma solicitó sea declarada la aprehensión como flagrante, la aplicación del Procedimiento ordinario y la aplicación de la medida de privación judicial preventiva de libertad, siendo
acordado por el Tribunal todo lo solicitado por el Ministerio Público.

ALEGATOS DE APERTURA DEL MINISTERIO PÚBLICO:

“En este acto esta representación fiscal ratifica la acusación, a través del debate oral y público el Ministerio Publico, va a demostrar la responsabilidad del ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, por el delito de TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS DE MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Ratificando los medios de pruebas ofrecidos, tanto las testimoniales como documentales, en su oportunidad se demostrará a través de los medios de pruebas la participación de la acusada en los hechos y solicitará se decrete Sentencia Condenatoria. Es todo.

DE LA EXPOSICIÓN O DESCARGO DE LA DEFENSA:

La defensa Privada, ciudadano ABG. LISETH ZARRAMERA, manifestó, en forma oral, en la Apertura, lo siguiente:

“Buenas tardes a todos los presentes, esta defensa en el transcurso del juicio demostrará la inocencia de mi defendido. Es todo”.

De los acusados en la APERTURA:

Seguidamente se impone al acusado DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, del contenido del artículo 49 Ordinal Quinto, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, y se le informa igualmente de la calificación jurídica por la cual está siendo acusado por el Ministerio Publico, se le pregunta si desea declarar; así como de los derechos procesales que le asiste en el juicio, quienes sin coerción ni apremio alguna, cada uno por separado, expone: “NO DESEO DECLARAR”.

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS PARA EL CONTRADICTORIO:
1.- Pruebas del Ministerio Público:

Testimoniales:
EXPERTOS y FUNCIONARIOS:
- TTE. MARIN URRIBARI DANIEL.
- SM/2 MOTA AZUAJE HUMBERTO.
- VARGAS VEGAS DENNYS ENRIQUE.
- S/2 GONZÁLEZ RODULFO JUAN.
- S/1 JOSE GOMEZ.

DOCUMENTALES:

01.- ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL, de fecha 01 de septiembre del 2018.
02.- INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL, suscrita por los Funcionarios adscritos a la Sala Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Caña de Azúcar, realizada en: Sector San Vicente, Calle Principal, Municipio Girardot, Maracay Estado Aragua.
03.- DICTAMEN PERICIAL N° 353, de fecha 02 de septiembre de 2018.
04. 04.- DICTAMEN PERICIAL N° 358, de fecha 03 de septiembre de 2018.

Pruebas prescindidas

Se deja constancia de que se prescinde de la declaración de loa órganos de prueba que no comparecieron, TTE. MARIN URRIBARI DANIEL. SM/2 MOTA AZUAJE HUMBERTO, S/2 GONZÁLEZ RODULFO JUAN, - S/1 JOSE GOMEZ, así como de las pruebas documentales INSPECCIÓN TÉCNICO POLICIAL, suscrita por los Funcionarios adscritos a la Sala Técnica del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Caña de Azúcar, realizada en: Sector San Vicente, Calle Principal, Municipio Girardot, Maracay Estado Aragua. DICTAMEN PERICIAL N° 353, de fecha 02 de septiembre de 2018. Y DICTAMEN PERICIAL N° 358, de fecha 03 de septiembre de 2018, por cuanto este tribunal agoto suficientemente todas las vías necesarias, tal y como consta en las actuaciones procesales y de las resultas recibidas. Todo ello en virtud en virtud de que se realizaron todas las diligencias necesarias, a los fines de lograr su comparecencia al proceso. Y Por cuanto hasta la presente fecha consta en el expediente de las actuaciones procesales, notificación y oficios debidamente emitidos por este despacho judicial, no obteniendo respuesta fructuosa de los mismos, de igual manera. Todo conforme al artículo 340 del Código Orgánico Procesal Penal. Es por lo que quién aquí decide considera que no existe inconveniente alguno para aceptar que no sean incorporadas al debate el resto de las pruebas en esta fase del proceso, valorándose de esta manera la actividad probatoria, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, oída como fue la exposición de las partes.Es por lo que quién aquí decide considera que no existe inconveniente alguno para aceptar que no sean incorporadas al debate el resto de las pruebas en esta fase del proceso. Se deja constancia de que las partes estuvieron de acuerdo, estipulando el resto de la carga probatoria, no presentando ningún tipo de objeción a la decisión acordada de acuerdo al principio de comunidad de las pruebas, por cuanto se aprecia que se ocasionaría un desgaste innecesario de tiempo y recursos humanos siendo así, este Tribunal considera procedente, prescindir del resto de la carga probatoria, tomando en consideración los principios de economía procesal y celeridad procesal y en atención a las disposiciones de los artículo 26, 49, y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se decide.
PRUEBAS EVACUADAS. VALORACIÓN:

Ahora bien, habiendo dado estricto y formal cumplimiento a todas las fases del proceso, con apego al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa; concluyendo dicho proceso con la decisión de ABSOLVER al ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, de los hechos acusados por el Ministerio Publico, dándose lectura de la parte dispositiva del fallo correspondiente; en conformidad con los criterios sustentados por nuestro Tribunal Supremo de Justicia en consonancia con la doctrina explanada en sus fallos en relación al análisis y valoración de las pruebas aportadas y, debatidas o evacuados en el proceso; este Tribunal, conforme a la norma contenida en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con lo establecido en el artículo 16 eiusdem, procede a valorar las pruebas objeto del contradictorio, lo que hace con fundamento en la sana crítica, máximas de experiencia, con observancia de los conocimientos científicos, y fundamentalmente con el principio de inmediación que tuvo de las mismas dentro del desarrollo del juicio oral.

Testimoniales:

1.- De la Testimonial del ciudadano SARGENTO MAYOR DE SEGUNDA DENNYS ENRRIQUE VARGAS VEGAS, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-21.460.202, EN CONDICIÓN DE FUNCIONARIO ACTUANTE, QUIEN DEBIDAMENTE JURAMENTADO PROCEDE A DEPONER SOBRE ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018, UBICADA EN EL FOLIO CINCO (05), quien debidamente juramentado, expuso lo siguiente:

““Buenas tardes, reconozco contenido y firma, consistió en que en el 2018 nos encontrábamos de patrullaje en labores que hacíamos los funcionarios en el comando de zona 42 San Vicente, hacíamos labores de patrullaje, es todo”. SEGUIDAMENTE SE LE CEDE LA PALABRA AL ABG. GABRIEL HERRERA, FISCAL 06º DEL MINISTERIO PÚBLICO, QUIEN PROCEDE A INTERROGAR: “buenas tardes, esos labores de patrullaje qué ocurrió? Hicieron el chequeo. Qué hizo usted? Al momento que observamos al ciudadano que se pasaba en la moto lo vimos de manera sospechosa y lo detuvimos, al momento de hacer una requisa, se le consigue un bolso contentivo porque trasladaba cobre. Qué hizo usted específicamente? La detención del ciudadano. Estaba usted solo? con los compañeros. Es todo”. SEGUIDAMENTE SE LE CEDE LAG PALABRA A LA DEFENSA PRIVADA ABG. LISETH ZARRAMERA, QUIENPROCEDE A INTERROGAR: “buenas tardes, se recuerda la fecha? ya por el tiempo no recuerdo. Aproximadamente el año? En el 2018, no recuerdo el día exacto. Reconoce contenido y firma? sí. Cuál fue su participación en específico? Fui de seguridad, al momento de detener al ciudadano, junto con 3 compañeros. Se encontraba con quién al momento que presuntamente lo aprehende? Con un oficial y un sargento con más rango que yo. Usted menciona que en la moto había un bolso, que tenía el bolso? Material estratégico tipo cobre. Es todo”. SEGUIDAMENTE LA JUEZ PROCEDE A INTERROGAR: “le hizo la inspección corporal? Sí. Dónde le incauta el cobre? En la moto. Le dan la voz de alto y es cuando le hacen el procedimiento? Le vimos actitud sospechosa, le dimos voz de alto cuando lo vamos a parar, le hicimos chequeo personal, no tenía nada y en la moto había el material estratégico. Había algo? Una bolsa. En compañía de quién? Oficial y un sargento. Es todo”. Es todo”.

VALORACIÓN: De la Testimonial del ciudadano De la Testimonial del ciudadano SARGENTO MAYOR DE SEGUNDA DENNYS ENRRIQUE VARGAS VEGAS, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-21.460.202, EN CONDICIÓN DE FUNCIONARIO ACTUANTE, QUIEN DEBIDAMENTE JURAMENTADO PROCEDE A DEPONER SOBRE ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018, UBICADA EN EL FOLIO CINCO (05), quien debidamente juramentado, expuso entre otras cosas que reconozco contenido y firma, consistió en que en el 2018 nos encontrábamos de patrullaje en labores que hacíamos los funcionarios en el comando de zona 42 San Vicente, hacíamos labores de patrullaje. A preguntas realizadas por el ABG. GABRIEL HERRERA, FISCAL 06º DEL MINISTERIO PÚBLICO, contestó entre otras cosas que esos labores de patrullaje qué ocurrió. Hicieron el chequeo. Qué hizo usted. Al momento que observamos al ciudadano que se pasaba en la moto lo vimos de manera sospechosa y lo detuvimos, al momento de hacer una requisa, se le consigue un bolso contentivo porque trasladaba cobre. Qué hizo usted específicamente. La detención del ciudadano. Estaba usted solo. con los compañeros. A preguntas realizadas por la DEFENSA PRIVADA ABG. LISETH ZARRAMERA, contesto entre otras cosas que se recuerda la fecha. ya por el tiempo no recuerdo. Aproximadamente el año. En el 2018, no recuerdo el día exacto. Reconoce contenido y firma. sí. Cuál fue su participación en específico. Fui de seguridad, al momento de detener al ciudadano, junto con 3 compañeros. Se encontraba con quién al momento que presuntamente lo aprehende. Con un oficial y un sargento con más rango que yo. Usted menciona que en la moto había un bolso, que tenía el bolso. Material estratégico tipo cobre. A preguntas realizadas por la JUEZ contesto entre otras cosas que le hizo la inspección corporal. Sí. Dónde le incauta el cobre. En la moto. Le dan la voz de alto y es cuando le hacen el procedimiento. Le vimos actitud sospechosa, le dimos voz de alto cuando lo vamos a parar, le hicimos chequeo personal, no tenía nada y en la moto había el material estratégico. Había algo. Una bolsa. En compañía de quién. Oficial y un sargento. Declaración antes señalada se observa que se trata de un funcionario actuante que actuó en el procedimiento y manifestó las circunstancias de modo , tiempo y lugar en que ocurren los hechos, por lo que este Tribunal le da pleno valor probatorio a su declaración, tomando en consideración sus conocimientos científicos que posee sobre la materia. Y su declaración puede ser concatenada con la prueba documental ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018. No obstante, considera quien aquí decide que de su declaración no emergen elementos de responsabilidad penal en contra del acusado, por cuanto aun cuando el mismo fue aprehendido, no permite la carga probatoria evacuada que evidencien elementos de culpabilidad en su contra, debido a que existen incongruencias en relación a las declaraciones, aun cuando existe un señalamiento, no le queda claro a esta Juzgadora sobre la participación del acusado en los hechos denunciados, por tal motivo no existe una certeza jurídica que permita comprobar la responsabilidad penal del acusado, no existiendo elementos de culpabilidad en su contra. Y así se valora. Declaración esta que se analiza en toda y cada una de sus partes; según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, a través de la inmediación de conformidad con los artículos 22 y 16 del Código Orgánico Procesal Penal.

Documentales
1- .- ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018, UBICADA EN EL FOLIO CINCO (05).

VALORACIÓN: Es de hacer notar que, las pruebas documentales, fue incorporada legalmente al juicio por su lectura, por su lectura al contradictorio, por cuanto fueron ofrecido y admitidos por el tribunal de control respectivo, tal como consta de las actuaciones en el caso sub-examine; en razón de ello y en sintonía con el criterio jurisprudencial antes trascrito, es por lo que esta sentenciadora, procede a valorar el medio de prueba en referencia, la cual se trata de ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018, y puede ser concatenad con la declaración del funcionario SARGENTO MAYOR DE SEGUNDA DENNYS ENRRIQUE VARGAS VEGAS, en cuanto a la las investigaciones realizadas sobre el hecho punible ocurrido. No obstante, considera quien aquí decide que de su declaración no emergen elementos de responsabilidad penal en contra del acusado, por cuanto aun cuando el mismo fue aprehendido, no permite la carga probatoria evacuada que evidencien elementos de culpabilidad en su contra, debido a que existen incongruencias en relación a las declaraciones, aun cuando existe un señalamiento, no le queda claro a esta Juzgadora sobre la participación del acusado en los hechos denunciados, por tal motivo no existe una certeza jurídica que permita comprobar la responsabilidad penal del acusado, no existiendo elementos de culpabilidad en su contra. Y así se valora. Ahora bien, las pruebas documentales antes señaladas, fueron estudias cada una particularmente, como medio probatorio se analizó en todas y cada una de las partes, conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, tal como lo exige el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, a través de la inmediación de conformidad con el artículo 16 eiusdem. Se hace menester traer a colación Sentencia N° 390 de la Sala de Casación Penal, expediente N° c08-389 de fecha 06/08/2009, que explica:

“Según el sistema de la apreciación razonada de la prueba o las reglas de la sana critica, que el sentenciador, ineludiblemente, entiende que esa apreciación, es conciencia no es más que la valoración racional y lógica, según el cual el juzgador debe expresar razonadamente el por qué llega a determinado convencimiento. Para controlar esa racionalidad y esa coherencia es necesario que el juzgador se ajuste a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos, es por eso que tiene la obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado plasmándolo en el texto de la sentencia. Solo así se logra demostrar la libertad de ponderación de la prueba que ha sido utilizada, y si esta se utilizó en la forma correcta y ponderada…”

Es así como, el contenido de las prueba documental incorporada por su lectura al Debate, se aprecia mayormente para demostrar la corporeidad delictual, y estas mismas aunadas a las declaraciones anteriores sirven para determinar la responsabilidad penal del acusado y así se aprecia, analizándose en todas y cada una de sus partes, según la sana crítica observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, a través de la inmediación de conformidad con el Artículo 22 y 16 del texto adjetivo penal.

DE LAS CONCLUSIONES DE LAS PARTES
De la representación fiscal, ABG. GABRIEL HERRERA:
“Buenas tardes. En la presente sala se escuchó la declaración de los funcionarios promovidos y fueron incorporadas todas y cada una de las pruebas documentales, las cuales fueron traídas a este Debate Oral y Público, elementos de prueba se relacionan entre sí y comprometen al acusado, por lo que solicito sentencia condenatoria.. …(SIC).

De la representación de la Defensa Privada ABG. LISETH ZARRAMERA:
“esta defensa solicita que el sentido de fallo sea lo contrario, ya que no se encontró ninguna evidencia de que mi representado haya sido el autor del delito que se le acusa, es por lo que solicito sentencia absolutoria, se deje sin efecto cualquier medida de coerción ante mis defendidos Es todo. (SIC).
Se deja constancia de que las partes NO ejercieron su derecho a réplicas y contrarréplicas.

CAPITULO IV
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
(Motivación)

Habiendo este Tribunal realizado el análisis y el estudio exhaustivo de los medios de prueba que fueron objeto del debate oral y público, teniendo como aplicación de la justicia, los principios de valoración y apreciación de las pruebas contenidos en el Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, tales como: la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, procediéndoles a tomar el respectivo Juramento de Ley a los distintos medios de Prueba así como lo indicado en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Sentencia Nro. 1768 de fecha 23-11-11 con Ponencia de la Presidenta Magistrada Dra. LUIS ESTELA MORALES LAMUÑO que nos indica entre sus máximas “…La obligación de motivar el fallo impone que la misma esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente a las pretensiones, pues de lo contrario implicaría que las partes no podrían obtener el razonamiento de hecho o de derecho en que se basa el dispositivo, se impediría conocer el criterio jurídico que sigue el juez para dictar la decisión… (Fin de la cita)”. Hace que este Tribunal considere lo siguiente: Señala la decisión antes citada que los jueces de Primera Instancia en funciones de Juicio, tienen el deber de realizar el análisis adecuado que los lleve a concluir cómo verdaderamente sucedieron los hechos, y, que del examen efectuado no emerjan dudas, ni lagunas. Más aún, es probable que en la comprobación de los hechos no se llegue a establecer la totalidad de las circunstancias que señale el Ministerio Público en su acusación, siendo la situación más factible que estas varíen un poco, de allí que el análisis del medio probatorio debe ser exhaustivo y completo. De lo anterior, se hace necesario citar la sentencia número 80, de fecha 17 de septiembre de 2021, mediante la cual esta Sala de Casación Penal expresó:“…existirá motivación en aquellos casos donde haya ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la apreciación de los diferentes elementos probatorios cursantes en autos…”. (sic)Para efectuar la valoración de una prueba, es menester, que el Juzgador señale la convicción que le generó la misma y con sus propias palabras establezca las razones por las cuáles la considera a los fines de dar por cierto un hecho concreto, a cuál conclusión llegó. El omitir todo esto incide de manera negativa en la sentencia, pues termina convirtiéndose en una sentencia vacía, sin contenido esencial a los ojos de todo aquel que pretenda conocer las razones de hecho y derecho que conducen al juez a tomar la decisión, traduciéndose en inmotivación.De lo que antecede, la necesidad de citar lo que en relación al establecimiento de los hechos y la motivación, ha sido criterio reiterado de esta Sala de Casación Penal, que entre otras sentencias señaló en el fallo número 212, de fecha 30 de junio de 2010, lo siguiente:

“…el juez debe necesariamente establecer cuáles son los hechos que considera probados, para con posterioridad constatar si encajan en la norma penal sustantiva y en su conminación típica. No basta con citar simplemente y en forma aislada la disposición que se considera aplicable, pues su labor debe ir más allá y por ello está en el deber de ser lógico, claro y preciso al momento de dar las razones tanto de hecho (circunstancias de modo, tiempo y lugar) como de Derecho que motivan la sentencia dictada por él: si incumple ese deber su fallo está inmotivado…”. (Sentencia N° 200 del 23 de febrero del año 2000). Asimismo, la Sala de Casación Penal en un criterio reciente, dejó establecido que: “…adolece del vicio de falta de motivación aquella sentencia que carezca de un relato preciso y circunstanciado de los hechos acreditados, ante la falta de claridad en la declaración del relato fáctico, la incomprensión de lo que realmente se pretendió manifestar, la ininteligibilidad o ambigüedad de las frases empleadas o ante omisiones sustanciales que provoquen lagunas o vacíos en la relación histórica de los hechos, todo lo cual, sea capaz de imposibilitar la comprensión del fallo al impedir poder determinar la existencia del delito, la participación concreta del acusado, en definitiva, la verdad de lo acontecido …”. (Sentencia N° 200 del 5 de mayo de 2007). En tal sentido, estima la Sala que el vicio en el que incurrió el sentenciador del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de Juicio, del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, constituye un vicio que produce la nulidad absoluta de la sentencia, tal como lo prevé el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone que: “…Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República”. (Subrayado de la Sala). (Sic)

HECHOS OBJETOS DEL PROCESO Y QUE EL TRIBUNAL ESTIMA NO ACREDITADOS:

Igualmente se debe mencionar la sentencia de fecha 14 de agosto de 2022, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual señala que:

Al respecto, considera la Sala, que el establecimiento de los hechos constituye la base fáctico-jurídica de toda sentencia, pues es con ello que el juez puede subsumir la conducta del individuo dentro de un determinado tipo penal, en consecuencia, siendo el establecimiento de los hechos la garantía tanto para las partes como para el Estado, que la decisión del juzgador es la fiel expresión del resultado del análisis, valoración y comparación de todas y cada una de las pruebas del proceso, tampoco se puede concebir que con la mera transcripción de las pruebas se establezcan los hechos, es imprescindible para ello que el juez exprese en forma clara y que no deje lugar a dudas, cuáles son los hechos que él consideró probados a través del análisis y valoración que le merecieron las prueba, lo cual no ocurrió en el caso de marras. (sic)

Los hechos señalados en el escrito de acusación y que el Tribunal estima no acreditados son los siguientes: “siendo aproximadamente 08:00 horas de la mañana, del día 1 de septiembre del año en curso, cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana se encontraban realizando labores de patrullaje de seguridad ciudadana, en tres (03) vehículos militares tipo moto y cuando se desplazaban por el barrio San Vicente, por la calle principal, municipio Girardot, Estado Aragua, logran avistar en unas de las esquinas a un (01) vehículo tipo moto, marca jaguar de color negro, el mismo al notar la
presencia de la comisión emprendió la huida, iniciándose una persecución, luego de unos metros más adelante se logra interceptar al ciudadano, dándole la voz de alto e indicándole que se le realizaría un chequeo corporal. posteriormente luego de realizar la inspección los funcionarios castrenses encontraron una bolsa de material sintético de color negro, oculto en el asiento del vehículo, contentivo en su interior de un material estratégico denominado (COBRE), de aproximadamente un (01) kilogramo, el ciudadano aprehendido no poseía documentación por lo que dijo ser y llamarse: 1.) DANIEL ENRIQUE BORRO, C! V-23.587.933, DE 30 AÑOS DE EDAD, F/N: 26/08/1988, vestía para el momento: short de color blanco con negro, franela de color negro con blanco, zapatos negro y gorra negra, dadas las circunstancias procedimos a hacer la detención preventiva del ciudadano, trasladándonos hasta la sede del destacamento de seguridad urbana. ” (SIC). Hechos estos que el Tribunal estima no acreditados por cuanto no existen elementos de culpabilidad que hayan surgido del debate probatorio en contra del acusado, por lo cual no queda clara como fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cómo ocurrieron los hechos y la aprehensión del acusado DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, por cuanto de la actividad probatoria realizada, no surgen elementos de responsabilidad en contra de los acusados.

ADMINICULACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:

Este Tribunal una vez realizado el análisis y el estudio exhaustivo de los medios de prueba que fueron objeto del debate oral y público, y en aplicación de los principios de valoración y apreciación de las pruebas contenidos en el Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, mediante la valoración de las pruebas controvertidas, y traídas al proceso observa lo siguiente: A través de los medios probatorios evacuados en el contradictorio Primeramente es necesario señalar que a través de los medios probatorios evacuados en el contradictorio, tal como: De la Testimonial del ciudadano De la Testimonial del ciudadano De la Testimonial del ciudadano SARGENTO MAYOR DE SEGUNDA DENNYS ENRRIQUE VARGAS VEGAS, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-21.460.202, EN CONDICIÓN DE FUNCIONARIO ACTUANTE, QUIEN DEBIDAMENTE JURAMENTADO PROCEDE A DEPONER SOBRE ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018, UBICADA EN EL FOLIO CINCO (05), quien debidamente juramentado, expuso entre otras cosas que reconozco contenido y firma, consistió en que en el 2018 nos encontrábamos de patrullaje en labores que hacíamos los funcionarios en el comando de zona 42 San Vicente, hacíamos labores de patrullaje. A preguntas realizadas por el ABG. GABRIEL HERRERA, FISCAL 06º DEL MINISTERIO PÚBLICO, contestó entre otras cosas que esos labores de patrullaje qué ocurrió. Hicieron el chequeo. Qué hizo usted. Al momento que observamos al ciudadano que se pasaba en la moto lo vimos de manera sospechosa y lo detuvimos, al momento de hacer una requisa, se le consigue un bolso contentivo porque trasladaba cobre. Qué hizo usted específicamente. La detención del ciudadano. Estaba usted solo. con los compañeros. A preguntas realizadas por la DEFENSA PRIVADA ABG. LISETH ZARRAMERA, contesto entre otras cosas que se recuerda la fecha. ya por el tiempo no recuerdo. Aproximadamente el año. En el 2018, no recuerdo el día exacto. Reconoce contenido y firma. sí. Cuál fue su participación en específico. Fui de seguridad, al momento de detener al ciudadano, junto con 3 compañeros. Se encontraba con quién al momento que presuntamente lo aprehende. Con un oficial y un sargento con más rango que yo. Usted menciona que en la moto había un bolso, que tenía el bolso. Material estratégico tipo cobre. A preguntas realizadas por la JUEZ contesto entre otras cosas que le hizo la inspección corporal. Sí. Dónde le incauta el cobre. En la moto. Le dan la voz de alto y es cuando le hacen el procedimiento. Le vimos actitud sospechosa, le dimos voz de alto cuando lo vamos a parar, le hicimos chequeo personal, no tenía nada y en la moto había el material estratégico. Había algo. Una bolsa. En compañía de quién. Oficial y un sargento. Declaración antes señalada se observa que se trata de un funcionario actuante que actuó en el procedimiento y manifestó las circunstancias de modo , tiempo y lugar en que ocurren los hechos, por lo que este Tribunal le da pleno valor probatorio a su declaración, tomando en consideración sus conocimientos científicos que posee sobre la materia. Y su declaración puede ser concatenada con la prueba documental ACTA DE INVESTIGACIÓN POLICIAL DE FECHA 01-09-2018. No obstante, considera quien aquí decide que de su declaración no emergen elementos de responsabilidad penal en contra del acusado, por cuanto aun cuando el mismo fue aprehendido, no permite la carga probatoria evacuada que evidencien elementos de culpabilidad en su contra, debido a que existen incongruencias en relación a las declaraciones, aun cuando existe un señalamiento, no le queda claro a esta Juzgadora sobre la participación del acusado en los hechos denunciados, por tal motivo no existe una certeza jurídica que permita comprobar la responsabilidad penal del acusado, no existiendo elementos de culpabilidad en su contra. Y así se valora. De modo que se observa que de acuerdo a la evacuación de los medios de prueba, no se evidencian elementos de responsabilidad en contra del acusado. De manera que al realizar la adminiculación de los órganos de prueba a los fines de establecer los fundamentos de hecho y de derecho se observa que se observa que no quedaron evidenciadas las cómo fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en cómo ocurrieron los hechos y la aprehensión del acusado, por cuanto no se pudo establecer que exista elementos de responsabilidad penal en contra del acusado, en tal sentido este Tribunal debe mencionar la sentencia de fecha 14 de agosto de 2022, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual señala que:

“el juzgador está no solo en el deber, sino que tiene la obligación de indicar la valoración de cada elemento probatorio, y exponer si el mismo lo desestima o si por el contrario aportó algún elemento de convicción para arribar a una conclusión, todas las pruebas deben ser analizadas de manera individual, lo cual debe ser explicado detalladamente. (sic)

Es criterio jurisprudencial que la motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales, al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a un punto o conclusión serio, cierto y seguro. A los fines de ilustrar se debe traer a colación lo expresado por la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el sentido de "....Es criterio vinculante de esta sala, que aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de Juzgamiento contenga una motivación requerimiento este que atañe al orden público puesto que de lo contrario, no tendría aplicación el Sistema de responsabilidad de los Jueces que la propia norma preceptúa, además que se desconocería como se obtuvo la Cosa juzgada al tiempo que principios Rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social.."( Exp 24-03-00. Caso José Gustavo Di Mase y Carmen Elisa Sosa Pérez) Omisis. De igual manera "....La obligación de Motivación de los fallos es uno de esos requisitos y constituye una garantía contra el atropello y el abuso, precisamente porque, a través de aquella es posible la distinción entre los que es una imposición arbitraría de una decisión y lo que es una sentencia imparcial..."(Sent 891 del 13-05-2004. Ponente Pedro Rondón Hazz). Considera este Tribunal que en relación a los órganos de prueba promovidos por la Fiscalía del Ministerio Público, considera quien aquí decide que durante el debate no hubo un señalamiento directo, claro, conteste, que permita a esta Juzgadora desvirtuar el principio de presunción de inocencia que debe amparar al acusado ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, por cuanto ciertamente el mismo durante la investigación realizada durante la fase preparatoria fue señalado como el autor del delito, sin embargo, no es menos cierto que estos medios probatorios debe permitir al Juez durante el debate oral obtener un convencimiento cierto sobre determinados hechos. No siendo el caso que nos ocupa, por cuanto de los medios de pruebas evacuados durante el contradictorio, no existe un prueba que permitan a esta juzgadora tener una certeza jurídica sobre la culpabilidad del ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, ya que aun cuando el mismo fue señalado durante la investigación, tales señalamientos no constituyen en este momento plena prueba sobre los hechos imputados. se observa que se trata de unos hechos los cuales una vez escuchados los órganos de prueba, no quedan claras las circunstancias de modo, tiempo y lugar, existiendo contradicciones entre las investigación realizada y lo dicho por los órganos de prueba, lo que hace que a esta Juzgadora le surjan dudas razonable con respecto a la participación del acusado en los hechos acusados por el ministerio público, no habiendo una relación clara y concisa que pueda sustentar una sentencia condenatoria,lo cual hace acreedor al acusado del principio IN DUBIO PRO REO, en razón de que esta juzgadora ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas, por cuanto no existe un señalamiento directo que permita determinar su participación en el hecho, existiendo dudas y contradicciones que no permita exista una certeza jurídica para comprobar la responsabilidad penal del acusado, en tal sentido debe esta Juzgadora dictar una sentencia absolutoria a favor del acusado, por cuanto considera que existe falta de certeza jurídica en razón de que no concurre plena prueba que demuestre la responsabilidad del acusado en el hecho que se le imputa.
Debe mencionare quien aquí decide la Sentencia Nro. 447 de fecha 15-11-11 de Sala de Casación Penal con ponencia de la Magistrada NinoskaQueipo en su extracto señala:“… Para condenar a un acusado se hace necesaria la certeza de la culpabilidad, sin ningún tipo de duda racional, obtenida en la valoración de la prueba de cargo con todas las garantías y conforme a la sana critica…”
Igualmente se debe mencionar la sentencia de fecha 14 de agosto de 2022, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, la cual señala que:
La motivación de las sentencias constituye un requisito de seguridad jurídica que permite establecer con exactitud y claridad a las diferentes partes que intervienen en el proceso, cuáles han sido los motivos de hecho y de derecho, que en su respectivo momento han determinado al Juez, para que declare el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales, al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a un punto o conclusión serio, cierto y seguro.

Debiendo esta Juzgadora decidir en base a lo alegado en el juicio para de esta manera enlazar el hecho indicador con la exposición de los medios probatorios que fueron evacuados. Esta Juzgadora, luego de analizados los diferentes medios de pruebas evacuados en el debate oral y público, considera que existe falta de certeza jurídica en razón de que no concurre plena prueba que demuestre la responsabilidad del acusado en el hecho que se le imputa, pues no se encuentran suficientes elemento de convicción. Ya que de la valoración de los órganos de prueba evacuados durante el desarrollo del Debate, logro concluir este Tribunal, que no quedo suficientemente comprobada la responsabilidad penal del acusado ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, en los hechos controvertidos, es por estas razones que considera esta juzgadora que no emergió relación de causalidad que hicieran presumir su participación en el hecho. Ahora bien, en atención al análisis del tipo delictivo imputado, esta juzgadora considera que no se puede entrar a analizar la participación, culpabilidad y responsabilidad penal del acusado, quedando la culpabilidad de los mismos desvirtuada o por lo menos no probada, sumado a ello no existen otros órganos de prueba que puedan esclarecer los hechos objetos de esta controversia judicial, y dado que no existen otras experticias o actividades de investigación que pudieran extraer algún elemento de culpabilidad o de responsabilidad penal sobre los ilícitos penales presentados por los entes acusadores a quienes le corresponde la carga de la prueba como representantes del estado, es por lo que en consecuencia este Órgano Jurisdiccional concluye que los acusados DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, se hace acreedor del principio IN DUBIO PRO REO, en razón de que esta juzgadora ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas y evacuadas en este debate judicial, razón por la cual este Tribunal, debe ABSOLVER de los hechos atribuidos por la Fiscalía 29º del Ministerio Publico del estado Aragua, al ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, y así se decide.

DISPOSITIVA
En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho que anteceden, siendo competente esta Juzgadora, procede a dictar decisión, de la manera siguiente: Este Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en funciones de Tribunal Primero de Juicio, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, PRIMERO: ABSUELVE al ciudadano DANIEL ENRIQUE BORRO, titular de la cédula de identidad Nº V-23.587.933, de 36 años de edad, fecha de nacimiento: 26-08-1981, profesión u oficio: ALBAÑIL, residenciado en CALLE PRIMERO DE ENERO, CASA Nª 15, BARRIO 23 DE ENERO, MARACAY, ESTADO ARAGUA, TELÉFONO: NO POSEE. PREVIO TRASLADO DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, DELEGACIÓN MARACAY, ESTADO ARAGUA, por la comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE RECURSOS DE MATERIALES ESTRATÉGICOS, previsto y sancionado en el artículo 34, de la Reforma de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Y así se decide. SEGUNDO: En virtud de la Sentencia Absolutoria se acuerda la Libertad Plena del encausado, se deja constancia que no se materializará la misma por cuanto el ciudadano ut supra se encuentra detenido a las órdenes del Tribunal de Primera Instancia en función de Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua en la causa N° 5J-3618-25, y así se decide.. CUARTO: Se deja constancia que el texto íntegro de la presente sentencia fue publicado dentro del lapso legal. Por lo que las partes quedan debidamente notificadas. Cúmplase en Maracay, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo del año de Dos Mil veintiséis.(2026).
LA JUEZ,

ABG. ELLIGSEN OBREGÓN MARTÍNEZ.
LA SECRETARIA,

ABG. LUISANA TORREALBA

Causa N° 1J3254-20
EROM/