TSJ Regiones - Decisión

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRÀNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ARAGUA.
216º y 167º
Cagua, 04 de marzo del año 2026
Exp. N° T-INST-C-26-18.283

DEMANDANTE(S): FENG CHUANG HUI, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-82.280.086.
Abogado Asistente: MANUEL ERNESTO CARPIO BEJARANO, abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el N°61.982.
DEMANDADO(S): La Sociedad Mercantil INVERSIONES 1120, C.A, inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripción judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el N°17 tomo 59-A, Sgdo, en fecha 15 de junio de 1976, en la persona de su representante ROBERTO AÑEZ WEIL, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 280.230 y La Sociedad Mercantil FUNDACIONES PORTUARIAS DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripción judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el N°57 tomo 3-A, Pro, en fecha 22 de enero de 1981,en la persona de su representante DEMETRIO MARCOTULLI, extranjero, titular de la cédula de identidad N° E- 180.206.
MOTIVO: PRESCRIPCION ADQUISITIVA.

-I-
ANTECEDENTES
De la revisión al presente asunto se observa:
Que, en fecha 05 de febrero de 2026, fue presentado escrito de demanda junto a sus recaudos anexo, por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, por el ciudadano FEMG CHUANG HUI, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-82.280.086, asistido por el abogado MANUEL ERNESTO CARPIO BEJARANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°61.982, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES 1120, C.A, inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripción judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el N°17 tomo 59-A en fecha 15 de junio de 1976,en la persona de su representante ROBERTO AÑEZ WEILvenezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 280.230 y La Sociedad Mercantil FUNDACIONES PORTUARIAS DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripción judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el N°57 tomo 3-A, Pro, en fecha 22 de enero de 1981, en la persona de su representante DEMETRIO MARCOTULLI, extranjero, titular de la cédula de identidad N° E- 180.206.
Que, por auto de fecha 10 de febrero del año 2026 se le dio entrada y curso de ley asignándosele la nomenclatura Exp. N° T-INST-C-26-18.283
Este Tribunal a los fines de pronunciarse al respecto referente a su admisión, pasa a realizar las siguientes consideraciones que a continuación se plantean:

-II-
MOTIVACIÓN

Antes de entrar a examinar los alegatos expuestos, la parte actora en relación al mérito del asunto debatido y visto que el objeto de la pretensión hecha valer en la demanda no es otro que se declare la procedencia de una prescripción adquisitiva, considera este tribunal necesario verificar previamente si se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“…La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva Oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título respectivo…” (Subrayados y negrillas del Sentenciador).

La norma precedentemente trascrita establece las condiciones de admisibilidad de la demanda por prescripción adquisitiva; esto es así por cuanto dentro de un proceso en el cual se pretenda hacer valer dicha pretensión sin que se encuentre demostrado fehacientemente quién es el propietario del inmueble que se pretende adquirir por prescripción, se desconocerían los derechos del legítimo propietario y se emitiría un pronunciamiento inejecutable.
Siendo así, el elemento fundamental que sostiene la estructura del proceso de prescripción adquisitiva es la demostración eficaz de los hechos alegados por el solicitante, entre los cuales es estrictamente necesario comprobar el tracto sucesivo del inmueble cuya prescripción se solicita. Este elemento se cumple con la certificación genérica o de registro expedida por la respectiva Oficina de Registro Público y además con la prueba de la condición de propietario del demandado, que se desprende del documento de propiedad; documentos estos que deben ser consignados junto con el escrito libelar, ya que la presentación de uno de ellos no es suficiente para satisfacer los extremos de Ley.
En ese sentido, la Sala Político Administrativa de nuestro Máximo Tribunal en sentencia de fecha 08 de agosto de 2.002, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, señaló lo siguiente:

“…se pudo observar que dicho juicio se refería a una acción por prescripción adquisitiva sobre el inmueble identificado en el cuerpo de la presente decisión, por lo que llama la atención que con ocasión del citado proceso se omitiera la inicial consignación de la “certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título respectivo,” a que se refiere el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, y que el juez de la causa en lugar de declarar inadmisible dicha acción por faltar un documento requisito como lo es el mencionado instrumento, haya ordenado de oficio la presentación del mismo, el cual una vez producido en el expediente, revela que fue también omitida la correcta mención de todas las personas que figuran en el registro como titulares del derecho de propiedad…omissis…” (Subrayados y negrillas del Sentenciador).

En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal en sentencia de fecha 10 de septiembre de 2003, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, señaló lo siguiente:

“…Entre los artículos 690 y 696 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra contemplado el juicio declarativo de prescripción, entre ellos se encuentra el 691, referido a los requisitos de la demanda de prescripción adquisitiva o usucapión, y el mismo dispone:
“La demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva Oficina de Registro como propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. Con la demanda deberá presentarse una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título respectivo”. (Resaltado de la Sala).

En la exposición de motivos del Código, la comisión redactora del Código de Procedimiento Civil, al referirse a esta norma señaló:

“…Se exige que la demanda se interponga contra todas aquellas personas que aparezcan como propietarias o titulares de cualquier otro derecho real sobre el respectivo inmueble; y que se acompañe con el libelo una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales persona. Este requisito garantiza por sí mismo que el juicio será entablado con la intervención de todos los sujetos interesados…”. (Resaltado de la Sala).

Así, de una revisión de las actas del expediente, este Juzgado evidencia, que la parte demandante consignó la certificación de gravamen, copia simple fotostática de documento de compra-venta entre la ciudadana Yana Cecilia Di Stefano Joyce, venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-5.073.761 y FENG CHUANG HUI, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-82.280.086, copia simple fotostática de ficha catastral y certificado de solvencia, mas no la certificación genérica contemplada en el artículo 691 del código de procedimiento civil.
Por indicación expresa del artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos indispensables a los efectos de establecer la cualidad pasiva de los demandados e integrar el litisconsorcio pasivo necesario, entre todas aquellas personas, naturales o jurídicas que aparezcan como propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble deberán ser acompañados con el escrito de demanda en estos tipos de proceso por prescripción adquisitiva como requisito de procedencia.
Desde el punto de vista, no cabe duda que cuando el Legislador estableció en el artículo 691 eiusdem que el demandante deberá presentar los referidos instrumentos, no es potestativo, sino un verdadero requisito procesal a los efectos del trámite posterior de la demanda, los cuales deben ser presentados con el libelo, por cuanto dicha demanda debe ser dirigida contra todas aquellas personas que aparezcan señaladas en el mencionado documento, por tanto, la pretensión procesal, no sólo está conformada por los alegatos de hecho y derecho, y su objeto, sino que también la integran los sujetos, activos y pasivos entre quienes se debate el juicio. Y tal omisión trae como consecuencia la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda.
El Juez de instancia, debe ser estricto en la exigencia del cumplimiento del requisito impuesto por el Legislador al demandante en prescripción adquisitiva, establecido en los artículos 691 y 692 del Código de Procedimiento Civil, para que de esta forma quede garantizada la participación en el juicio de todas aquellas personas que integraron el negocio jurídico o que ostentan algún derecho real sobre el inmueble en litigio.
Todos estos requisitos, se deben verificar a los efectos de que no se construya la cosa juzgada a espaldas de las partes interesadas, y en obsequio al derecho de defensa de ellas.
Entendiéndose así, estos documentos como factor procesal indispensable, a los efectos de la determinación de la cualidad pasiva, no cabe duda que deben consignarse con el libelo, para así dar cumplimiento con lo exigido por los artículos 691 y 692 del Código de Procedimiento Civil.
A mayor abundamiento la Sala de Casación Civil del nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2.007, con ponencia de la Magistrado Isbelia Pérez Velásquez, indicó lo siguiente:

“…Asimismo, los artículos 691 y 692 eiusdem, contraen que la demanda deberá proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble. En consecuencia, junto a la demanda deberá presentarse una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas, y copia certificada del título respectivo; admitida la misma se ordenará la citación de los demandados y la publicación de un edicto…omissis…”

En este punto este Juzgador estima necesario traer a colación lo establecido en el artículo 341 de la Ley Adjetiva Civil que estatuye lo siguiente: “(…) Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la Ley (…) omissis.
En este sentido y a los fines de dilucidar el contenido de la norma transcrita, el tratadista patrio Jesús Eduardo Cabrera indica en su revista de Derecho Probatorio, Pag. 47 y 48:

“...Omissis... ¿Cuándo es contraria a derecho una petición? Indudablemente, cuando no existe acción…Omissis…Cuando la acción está prohibida por la Ley, estamos en la misma situación. Sentencias de la casación del 18-11-64 y del 26-9-64, señalaron que si la acción está prohibida por la ley la demanda es contraria. Pero si la acción está prohibida por la ley, no hay acción, no es que es contraria a derecho, sino que simplemente no hay acción.. omissis… Se ha venido planteando ¿Qué sucede si la demanda es contraria al orden público?. Según el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, esa demanda era inadmisible. Pero fue admitida. Llegamos a la sentencia definitiva y allí el juez está convencido de que la demanda es contraria al orden público, y toda demanda que es contraria al orden público también es contraria a derecho…”(Cabrera, Jesús E., Ob. Cit., pág. 47 y 48).

Con relación a lo antes expuesto, nuestro máximo Tribunal señala lo siguiente:

“(…)Omissis Como puede leerse en lo transcrito, si el demandado contestó la demanda, pero no alegó la prohibición legal de la admisión de la demanda incoada, o si no contestó, dicho sujeto podrá hacer el correspondiente alegato en cualquier etapa del proceso. Pues bien, considera la Sala que, si así puede hacerlo el accionado, también lo puede ex officio el juez de la causa, en cualquier estado del trámite procesal; ello con fundamento en su cualidad de director del proceso según el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 11 ejusdem(…)” Sentencia Nº 2558 Sala Constitucional del 28 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, en el Juicio de Aeroexpresos Ejecutivos, C.A y otra empresa, exp. Nº 00-3202) (Subrayados y negrillas del Sentenciador.)

Se observa pues, que no fue anexada al escrito de demanda LA CERTIFICACIÓN GENÉRICA DE REGISTRO expedida por el Registrador Público inmobiliario en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de las personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble, en virtud que la demandante manifiesta tener posesión del inmueble mencionado por un espacio mayor de 20 años, lo que contraviene con lo establecido en el artículo 691 eiusdem, ya que la demanda debe proponerse contra todas aquellas personas que aparezcan en la respectiva oficina de registro como propietarias o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble y el modo de constatarlo es a través de una certificación del Registrador en la cual conste el nombre, apellido y domicilio de tales personas. Y así se declara.

-III-
DISPOSITIVA

Por lo antes expuesto, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la pretensión contenida en la demanda ejercida por el ciudadano FENG CHUANG HUI, extranjero, mayorde edad, titular de la cédula de identidad N° E-82.280.086, asistido por el abogado MANUEL ERNESTO CARPIO BEJARANO, abogado en ejercicio inscrito en el Inpreabogado bajo el N°61.982, en contra de la Sociedad Mercantil INVERSIONES 1120, C.A, inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripción judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el N°17 tomo 59-A en fecha 15 de junio de 1976, identificada en el registro de información fiscal bajo el N° J-502214879, en la persona de su representante ROBERTO AÑEZ WEILvenezolano, titular de la cédula de identidad N° V.- 280.230 y la Sociedad Mercantil FUNDACIONES PORTUARIAS DE VENEZUELA, C.A, inscrita en el registro mercantil segundo de la circunscripción judicial del Distrito Federal y estado Miranda, bajo el N°57 tomo 3-A, Pro, en fecha 22 de enero de 1981, identificada en el registro de información fiscal bajo el N° J-502214879, en la persona de su representante DEMETRIO MARCOTULLI, extranjero, titular de la cédula de identidad N° E- 180.206.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.
Se acuerda la devolución de los originales a la parte actora.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de la presente decisión en el Copiador de Sentencia llevado en el Archivo digital de este Tribunal de conformidad a lo preceptuado en el artículo 248 eiusdem.
Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, a los cuatro (04) días del mes de marzo de 2026. Años 215° de la Independencia y 167° de la Federación.
LA JUEZ,

MAGALY BASTIA
LA SECRETARIA

ISMERLY PUERTA

En esta misma fecha se publicó la anterior Sentencia, siendo las diez de la mañana (10:00a.m.), en cumplimiento del artículo 247 del Código de Procedimiento Civil.

LA SECRETARIA

Exp. N° T-INST-C-26-18.283
MB/mnb