TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA CON SEDE EN LA VICTORIA.

PARTE DEMANDANTE: ADMINISTRADORA BARVEL C.A., Debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, bajo el Nª 36, Tomo 12-A de fecha 24 de marzo de 1.998; representada por el ciudadano JUAN CARLOS BARNOLA ESPINO venezolano, mayor de edad, de profesión abogado, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nro.V-8.581.917, inscrito I.P.S.A bajo el Nª120.075 en mi condición de director de la sociedad mercantil.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A., Sociedad de Comercio domicilia en la ciudad de la Victoria, Estado Aragua, debidamente por ante el Registro Mercantil que por secretaria llevaba el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil con sede en la Victoria, en fecha 05 de noviembre de 1.976, bajo el número 31, tomo 12. INVERSIONES SALERNO C.A., Sociedad de Comercio domicilia en el Estado Aragua, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 27 de julio de 1.978, bajo el número 04, Tomo 15-B, (supuesta propietaria de las parcelas B1 y B2). INVERSIONES CAMPANA C.A., Sociedad de Comercio domicilia en la ciudad de la Victoria, Estado Aragua, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 27 de julio de 1.978, bajo el número 09, Tomo 12-B. (supuesta propietaria de las parcelas B3, B4 y B5). En la persona de su Gerente General ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIA LAVERI venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nro.V-3.847.260.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
EXPEDIENTE: 24.738
DECISIÓN: SENTENCIA DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN
Observada la inactividad procesal de la parte actora por tres (03) años, este Tribunal pasa a pronunciarse en la presente causa y acoge el criterio esgrimido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, existe una interesante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Nº 956, caso Valero-Portillo), bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual se estableció la siguiente doctrina: (Omissis) “…A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento. Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde. Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida…(Omissis) …Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (artículo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse. No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial…”
La citada jurisprudencia distingue dentro de las modalidades de la extinción del proceso la pérdida sobrevenida del interés procesal, la cual puede ser aprehendida por el juez sin que las partes la aleguen, y que tiene lugar cuando el solicitante no quiere que se resuelva el asunto, lo que se concreta mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. Sus efectos consistirán en la extinción de la acción, los cuales vienen a estar justificados por la conducta del actor o el solicitante, la cual denota una profunda falta de interés del que se le administre una justicia oportuna y expedita. Ahora bien, en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Legislador patrio consagró el Derecho que tiene todo ciudadano al acceso a los órganos de administración de justicia, que es ejercido mediante la acción. Teniendo así el requisito del interés procesal como elemento de la acción, que deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. En relación al interés procesal el maestro I.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica E.A., Buenos Aires, 1973), señaló lo siguiente:“…El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional…”.-
En este sentido, considera quien suscribe que el interés procesal surge de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. El interés procesal ha de manifestarse de la demanda y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Al ser el interés procesal un requisito de la acción, constatada la falta de éste, se puede declarar de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
De igual manera, éste Tribunal debe señalar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que reza: “Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente”. -
Observa ésta sentenciadora que el interés procesal constituye requisito sine qua non para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, entendido como la necesidad del solicitante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se reconozca una situación de hecho a su favor; convirtiéndose así dicho interés en la razón de ser de todo proceso, dado que vista la inactividad procesal de las partes a los efectos de impulsar la presente demanda, se evidencia el total desinterés procesal, puesto que nos encontramos con una causa paralizada, donde la fecha de la última actuación de los sujetos procesales sobrepasa por mucho el lapso de la perención establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, de lo cual resulta es evidente que las partes no han demostrado el más mínimo interés procesal en proseguir la presente acción, ni mucho menos en que se le dicte el fallo correspondiente, puesto que desde el día 25 de octubre de 2023, hasta la presente fecha, ha transcurrido tres (03) años, sin que la parte interesada insistiera de alguna manera, con la continuación del proceso. Así se decide. -
En consecuencia, concluye ésta administradora de justicia con arreglo a lo previsto en el artículo 16 y 321 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la interpretación progresiva de dicho articulado, las jurisprudencia y doctrinas antes expuestas, siendo que efectivamente en el caso de marras se pudo comprobar que han transcurrido tres (03) años de inactividad procesal y por ende la inminente pérdida del interés en las resultas del presente proceso, mal podría esta sentenciadora continuar tramitado un asunto en el cual las partes han perdido el interés, en razón de ello le es forzoso para éste Juzgado declarar el decaimiento de la acción, por pérdida del interés procesal, en consecuencia, se declara terminado el presente procedimiento en virtud del abandono del trámite. Así se decide. -
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derecho anteriormente explanadas, y en mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoada por la ADMINISTRADORA BARVEL C.A., representada por el ciudadano JUAN CARLOS BARNOLA ESPINO venezolano, mayor de edad, de profesión abogado, hábil en derecho y titular de la cédula de identidad Nro.V-8.581.917, inscrito I.P.S.A bajo el Nª120.075 en su carácter de director de la sociedad mercantil. Contra CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.; INVERSIONES SALERNO C.A., e INVERSIONES CAMPANA C.A., representada por el ciudadano ORESTE ALFREDO SCHIA LAVERI venezolano, mayor de edad, y titular de la cédula de identidad Nro.V-3.847.260 en su carácter de Gerente General.
SEGUNDO: Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, Regístrese en el sitio web página www.aragua.scc.org.ve y déjese copia digital de conformidad con la resolución 2016-0021 de fecha 14/12/2016 y lo establecido en el artículo 248 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Dada, Firmada y sellada en esta Sala de Despacho de Primera Instancia en Lo Civil Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en la ciudad de La Victoria, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2026. Años 216º de la Independencia y 167º de la Federación.
LA JUEZA
EGLEE M, ROJAS C.- LA SECRETARIA
SILVIA C, RODRIGUEZ C.
En la misma fecha anterior, siendo las 9:00 a.m., se registró y publicó la anterior decisión.
LA SECRETARIA

SILVIA C, RODRIGUEZ
EXP N° 24.738
EMRC/SCRC/vg