TSJ Regiones - Decisión

CAPITULO II
DE LA COMPETENCIA

En primer lugar, corresponde a estaSala Especial de Responsabilidad Penal del Adolescente de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, actuando en Sede Constitucional, examinar su competencia para conocer y decidir la acción de amparo incoada y al respecto observa, de la “consideración previa” de la sentencia dictada el día veinte (20) de enero de dos mil (2000), por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, (Caso E. MATA MILLÁN), la cual dispone lo siguiente:

”…las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los Jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció y ordenó el acto que contiene la violación o la infracción constitucional...”

Al respecto del tema decidendum, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone:

“...La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También Procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley.
3. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente...”. (Cursivas de esta Alzada).

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos los Tribunales de la República, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableció la competencia para conocer de las acciones de amparo contra decisiones, mediante fallo recaído en el expediente N° 00-2419, de fecha trece (13) de febrero de dos mil uno (2001), con ponencia del Magistrado JOSÉ MANUEL DELGADO OCANDO, estableciendo:

“…..De tal manera, que en supuesto de privaciones ilegítimas por privaciones policiales o administrativas, incluidas las practicadas en acatamiento de las sanciones disciplinarias decretadas por los Jueces, debemos reiterar que corresponde la competencia en primera instancia, como regla general, a los jueces de control de primera instancia en lo penal.
En el otro supuesto, si la acción va dirigida contra una privación judicial preventiva de libertad ordenada por un Juez, por considerarse que actuó con abuso de poder o con extralimitación de funciones en cualquiera de las fases del proceso penal, es decir, actuando con facultad jurisdiccional –no administrativa- con ocasión de la comisión de un delito o falta, con fundamento en el Código Orgánico Procesal Penal o en cualquier otra ley penal, aun cuando el contenido de la pretensión involucre un habeas corpus por alegarse que tal detención en sí misma, resulta ilegítima o por extensión excesiva de la misma en el tiempo que haya adquirido el carácter de ilegitimidad, se atenderá al grado de gradación del órgano en contra de quien accione. No cabe duda, entonces de que el caso deberá analizarse bajo la óptica del artículo 4 de la Ley de Amparo, y la competencia corresponderá a un Tribunal Superior, en el orden jerárquico de aquél que emitió el pronunciamiento, puesto que se trata de un acto, resolución o sentencias emanadas de un órgano jurisdiccional actuando en tal condición…..” (Subrayado de la Corte)…”

El anterior criterio jurisprudencial queda ratificado con la disposición del artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual dispone:

“...Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República actuando fuera de su competencia, dice una resolución y orden un acto que lesione un derecho constitucional.
En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva…..” (Negrillas de esta Corte).

Así mismo el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que:

“…..Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Primera Instancia serán decididos por el Superior respectivo. Los trámites serán breves y sin incidencias procesales…..” (Subrayado de esta Sala).

Aunado a fecha treinta (30) de diciembre del año mil novecientos noventa y nueve (1999), momento histórico en el cual es publicada en la Gaceta Nacional N° 36.860 de esta República, el texto íntegro de una nueva Constitución, la cual da una conclusión definitiva, en términos políticos y administrativos, a la República de Venezuela (mejor conocida históricamente como la cuarta República), y genera el nacimiento de la República Bolivariana de Venezuela, (quinta República) la cual, emerge como un Estado democrático y social, de derecho y Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, esto de conformidad con el artículo 2 ejusdem, el cual es del tenor siguiente:

“..…Artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político..…”. (Negrillas y subrayado de esta Alzada).

Por el razonamiento efectuado, estaSala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua en Sede Constitucional, es COMPETENTE PARA CONOCER DE LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesto por la abogadaELVIA BENITEZ, en su carácter de Defensa Privada, de las ciudadanas ROSAURA BAGGI HERRERA y ROSANNA BAGGI HERRERA, en su condición de acusadas; en contra de la abogada RAIZA TOVAR, en su condición de Jueza delTRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, y así expresamente se DECLARA.

CAPITULO III
FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

Laaccionante, abogadoELVIA BENITEZ, en su carácter de DefensaPrivada, de las ciudadanas ROSAURA BAGGI HERRERA y ROSANNA BAGGI HERRERA,en su condición de acusadas,interpuso acción de Amparo Constitucional, de fecha veintisiete (27) del mes de agostodel año dos mil veintiséis (2026); tal como consta desde el folio uno (01) hasta el folio cinco(05), de las presentes actuaciones, señalando lo siguiente:

“…Quien suscribe, Abg. Elvia Benitez, actuando en mi carácter de Abogada Privada de las ciudadanas: Rosaura Baqqi y RosannaBaqqi, cuya identificación riela con la presente causa. Ocurro ante su competente autoridad a fin de Accionar AMPARO CONSTITUCIONAL, en contra de la ciudadana Abogada Raiza Tovar, quien funge como Juez del Tribunal Tercero Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua sede la Victoria.

Es el caso, que el día 18 de agosto del 2026, se realizo audiencia preliminar en contra de mis representadas en mención, por uno de los presuntos delitos de Perturbación Violenta a la Posesión Pacífica; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal, realizada la audiencia, y resulto por el tribunal la solicitud de las partes, considero esta defensa que el auto dictado por la juzgadora afectaba gravemente los derechos e intereses de mis patrocinadas procediendo en derecho a tratar de interponer Recurso de Apelación en contra de dicha decisión, no obstante el tribunal se negó a recibirme dicho recurso de señalando que la causa ya había sido remitida para distribución a juicio, vulnerando de esta manera los lapsos procesales, que le permitieran a esta defensa ejercer dicho recurso, por consiguiente viéndose vulnerados el artículo 26, 49 y 51 Constitucional. Lo ajustado a derecho es interponer como en efecto interpongo AMPARO CONSTITUCIONAL por violación, a la Garantía Constitucional de la Tutela Judicial efectiva, a la Garantía Constitucional del debido proceso en su vertiente de violación del derecho a la defensa, lo cual lesiona de forma absoluta cualquier otra garantía establecida en la constitución o en la norma abjetiva(sic) penal, pues deja en total estado de indefensión a mis representadas.

DEL DERECHO
Ley de Amparo y Garantías Constitucionales.
Art. 2. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el hoce y ejercicio de sus derechos a la libertad y seguridad personal ante cualquier hecho, acto u omisión de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal o de personas naturales y jurídicas…
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Art. 26. Tutela Judicial Efectiva.
Art. 49. Debido Proceso.
Numeral 1. Derecho a la Defensa
Numeral 7. Restablecimiento o Reparación Jurídica.
Art. 51. Derecho a Petición.

ASUNTO PROBATORIO
A los fines de no dejar ilusnio(sic) de presente Recurso de Amparo consigno Copia del Recurso de Apelación el cual se negó a recibir la “HONARABLE JUZGADORA”, igualmente se oficie a la sede de dicho despacho a los fines de que remita copia certificada del libro de atención público de fecha 26/08/2026, en el cual aparece mi rublica(sic), dando fe de que acudí al mismo a los fines de incoar el recurso de apelación.
Se recurre de la presente causa a los fines de verificar el oficio de remisión de la misma, pues del mismo se desprende que dicha causa fue remitida sin haberse vencido el lapso correspondiente.

PETITORIO
1.- Se admita el presente Recurso de Amparo por no ser contrario a derecho.
2.- Se Notifique a la ciudadana Raiza Tovar quien funge como Juez del Tribunal Tercero Municipal del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua con sede en La Victoria a los fines de que pueda rendir su informe en relación a la violación de los Derechos Constitucionales aquí relatados.
3.- Se fije audiencia de Amparo Constitucional a los fines de Esgrimir Oralmente las violaciones aquí señaladas ante esta honorable Corte de Apelaciones.
4.- Se decrete con lugar la presente Acción de Amparo señalándole a la agraviante Abogada Raiza Tovar que restituya la situación jurídica infringida retrotrayendo los lapsos al momento de poder incoar el recurso de apelación antes señalado.
5.- Se notifique a la comisión Judicial del TSJ en Caracas el error inexcusable por parte de esta juzgadora a los fines que se le aperture el procedimiento administrativo correspondiente.
6.- Para las Notificación.
Parte Agraviada
Abg. Esp. Elvia Benitez. Inpre 234.452
Telef. 0414-186-54.41.
Dirección Procesal: Urbanismo Ciudad Socialista, Manzana 2. Torre L12. Apto 201, La Victoria Estado Aragua.
Parte Agraviante
Abg. Raiza Tovar. Juez del Tribunal Tercero Municipal del Circuito Judicial Penal de Estado Aragua. Sede en la Victoria. Sector La Chapa.

Es Justicia que espero...”

CAPITULO IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones del estado Aragua, actuando en Sede Constitucional, para decidir, previamente considera propicia la oportunidad para traer a colación la definición de Amparo Constitucional realizada por el estudioso del derecho Rafael. J. Chavero Gazdik, en su obra “El Nuevo Régimen del Amparo Constitucional en Venezuela” pág. 34, en donde establece lo siguiente:

“…..El amparo constitucional es un derecho fundamental que se concreta en la garantía de acceder a los tribunales de justicia, mediante un procedimiento breve, gratuito, oral y sencillo, a los fines de restablecer urgentemente los derechos constitucionales que hayan sido vulnerados...”

De la anterior transcripción textual se desprende que los Derechos y Garantías Fundamentales y aquellos inherentes a todo ser humano, se encuentran Tutelados Efectivamente en nuestra Carta Magna, y para ello se contempló una acción con características excepcionales para la restitución expedita y eficaz de éstos, la cual es la Acción de Amparo, siendo un medio judicial breve y expedito, a través del cual se protegen derechos fundamentales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce, operando sólo cuando se dan las condiciones establecidas como necesarias de esta institución de conformidad con la ley que rige la materia.

Es así como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra en el artículo 27 lo siguiente:

“…Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad; y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella... ”

De igual forma se encuentra consagrado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales de la forma siguiente:

“…Artículo 1. Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...”

Del mismo modo, el artículo 4 eiusdem, establece:

“…Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional...”

En este mismo orden de ideas, el autor patrio Rafael Chavero señala:

“…El objeto del proceso de amparo constitucional es, en pocas palabras, la protección de derechos y garantías constitucionales. Esta es la finalidad de esta institución, pues se trata de consagrar en el ordenamiento jurídico un proceso autónomo y algunos otros remedios adicionales para los procesos ordinarios (medidas cautelares) con la intención de agilizar la tutela judicial de los principios elementales de las personas… Una vez entendido que la acción de amparo protege todos los derechos y garantías constitucionales contenidos o no en nuestro texto fundamental, corresponde tratar de precisar cómo debe ser la vulneración constitucional que haría proceder un mandamiento de amparo constitucional. Es decir, que tipo de infracción puede considerarse como suficiente para entender lesionado el derecho fundamental… La tesis de la violación directa, entonces, debe implicar que la gravedad del hecho lesivo debe ser significativa y no una mera trasgresión de la norma legal que desarrolla un derecho constitucional. Tiene que tratarse de un hecho, acto u omisión que afecte el contenido esencial del derecho fundamental, imponiendo limitaciones que los ciudadanos no están obligados a soportar. Aquí, obviamente, entran en juego muchos elementos subjetivos del Juez Constitucional, de modo de tratar de fijar ciertos parámetros que den alguna seguridad jurídica” (Conf. El Nuevo Régimen de Amparo Constitucional en Venezuela. Rafael Chavero Gazdik)…” (Negrita por esta Corte).

Por consiguiente, siendo una de las características esenciales de la lesión Constitucional que la misma esté ocurriendo aún en la actualidad, ello implica que para que resulte admisible una Acción de Amparo Constitucional es necesario que la lesión sea real, efectiva, tangible, ineludible, pero sobre todo presente, principalmente debido a que los efectos de esta acción son meramente restablecedores, de forma que, si lo que se busca es una indemnización ante situaciones pasadas y consolidadas, deberá escogerse otro medio judicial distinto.

Para mayor abundamiento, los órganos de administración de justicia tienen el deber constitucional de enmarcar sus actuaciones en el conocimiento de asuntos de su competencia, en orientación y en la obtención a la tutela judicial efectiva y debido proceso, en aras de proporcionar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebida, sin formalismos o reposiciones inútiles. Garantías contenidas respectivamente en el artículo 26 y 49 del Texto Constitucional, los cuales prevén que:

“…..Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles…..”.

“…..Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas…..”.

De igual forma la jurisprudencia de la Sala Constitucional en sentencia N° 708 del 10 de mayo del 2001, y ratificada mediante sentencia N° 334 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional en fecha 02 de mayo del 2016, que dejo establecido lo siguiente:

“…..El derecho a la tutela judicial efectiva, de amplísimo contenido, comprende el derecho a ser oído por los órganos de administración de justicia establecidos por el Estado, es decir, no solo el derecho de acceso si no también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan el fondo de las pretensiones de los particulares y, mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión del derecho deducido, de allí que la vigente Constitución que no se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales y que el proceso constituye un instrumento fundamental para realización de la justicia (artículo 257). En un Estado social de derecho y de justicia (artículo 2 de la vigente Constitución), donde se garantiza uno justicia expedita, sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles (artículo 26 eiusdem), la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograra las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. La conjugación de articulo como el 2, 26 o 257 de la Constitución de 1999, obliga al juez a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo, de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos reposiciones inútiles…..”.

Así mismo es necesario citar el contenido de la jurisprudencia de la Sala Constitucional en sentencia N° 97 del 15 de marzo del 2000, y ratificada mediante sentencia N° 253 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, en fecha 08 de noviembre del 2019, que dejo establecido lo siguiente:

“…..se denomina debido proceso a aquel proceso que reúne las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva, no siendo una clase determinada de proceso, (…) si no la necesidad de que cualquiera sea la vía escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva…..”.

En virtud de lo plasmado por el legislador patrio en los artículos 26 y 49 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como de los criterios jurisprudenciales emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, anteriormente traídos a colación, se logra precisar la elaboración de un proceso judicial garantista y en apego a las los derechos humanos, ya que todos los jueces de la república en el desempeño de sus funciones de emplear una justicia idónea, imparcial, eficiente como expedita, sin procesos dilatorios ni reposiciones inútiles, esto en aras de resguardar el cumplimiento y disfrute de los derechos y las garantías establecidas en nuestra carta magna, a los ciudadanos sometido al proceso judicial.

Ahora bien del estudio efectuado al caso sub júdice, observa esta Superioridad que, la presenta acción de Amparo Constitucional realizada por la abogadaELVIA BENITEZ, en su carácter de Defensora Privada, de las ciudadanas ROSAURA BAGGI HERRERA y ROSANNA BAGGI HERRERA, en su condición de acusadas, en la causa signada con el alfanumérico N°DPMA-S-0016-2026(Nomenclatura de ese Tribunal de Primera Instancia); en contra de la abogada RAIZA TOVAR, en su condición de Jueza del TRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, fue realizada en fecha veintisiete (27) del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), en donde alegó la presunta violación de Garantías Constitucionales y Procesales, de conformidad con los artículos 26, 49 y 51 contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando entre otras cosas lo siguiente:

“…Es el caso, que el día 18 de agosto del 2026, se realizo audiencia preliminar en contra de mis representadas en mención, por uno de los presuntos delitos de Perturbación Violenta a la Posesión Pacífica; previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal, realizada la audiencia, y resulto por el tribunal la solicitud de las partes, considero esta defensa que el auto dictado por la juzgadora afectaba gravemente los derechos e intereses de mis patrocinadas procediendo en derecho a tratar de interponer Recurso de Apelación en contra de dicha decisión, no obstante el tribunal se negó a recibirme dicho recurso de señalando que la causa ya había sido remitida para distribución a juicio, vulnerando de esta manera los lapsos procesales, que le permitieran a esta defensa ejercer dicho recurso, por consiguiente viéndose vulnerados el artículo 26, 49 y 51 Constitucional. Lo ajustado a derecho es interponer como en efecto interpongo AMPARO CONSTITUCIONAL por violación, a la Garantía Constitucional de la Tutela Judicial efectiva, a la Garantía Constitucional del debido proceso en su vertiente de violación del derecho a la defensa, lo cual lesiona de forma absoluta cualquier otra garantía establecida en la constitución o en la norma abjetiva penal, pues deja en total estado de indefensión a mis representadas...”

De lo anteriormente expuesto, observa este Tribunal Colegiado que, de la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por la ciudadana abogada ELVIA BENITEZ, en su carácter de Defensora Privada, de las ciudadanas ROSAURA BAGGI HERRERA y ROSANNA BAGGI HERRERA, en su condición de acusadas, en la causa signada con el alfanumérico N°DPMA-S-0016-2026(Nomenclatura de ese Tribunal de Primera Instancia); alude la presunta violación ala Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y el Derecho de Petición, por cuanto se fundamenta que presuntamente el Tribunal de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control, se negó a recibir escrito de apelación en contra de la decisión dictada, alegando haber remitido el expediente a un Juzgado de Juicio, vulnerando así los lapsos procesales; trayendo consigo un estado de indefensión que transgrede los derechos constitucionales fundamentales, por parte de la abogada RAIZA TOVAR, en su condición de Jueza del TRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA.

En virtud de lo anterior, resulta conveniente hacer énfasis en el deber inexorable que poseen todos los jueces de la República Bolivariana de Venezuela en el ejercicio de sus facultades al administrar justicia emanada por el pueblo e impartida por autoridad de la ley, los cual deben regirse por los principios y garantías establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en garantía y cumplimiento con el Debido Proceso, la Tutela Judicial Efectiva, así como los valores supremos al derecho a la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, solidaridad, la democracia y la responsabilidad social, estos contenidos en el artículo 2 de nuestra carta magna; con el propósito y la convicción de brindarle a los ciudadanos la implementación de una justicia accesible, eficaz y expedita.

En este sentido, de la presentación de la Acción de Amparo Constitucional, ut supra explanada, y luego de verificar en el Sistema de Información y Control de Causas (SICCA) se evidencia que el expediente proveniente del Tribunal de Primera Instancia Municipal en Función de Control fue distribuido al Juzgado Noveno (9°) de Juicio.Por órdenes de la Juez Presidente de esta Sala 1 de esta Corte de Apelaciones en Sede Constitucional Dra. RITA LUCIANA FAGA DE LAURETTA, en fecha primero (01) del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), siendo las diez y treinta (10:30) horas de la mañana, se dirigió la Secretaria de la Corte de Apelaciones de esta sede abogada MARÍA GODOY, al TRIBUNAL NOVENO (9°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, a fin de solicitar información acerca del estado actual de la causa N° 9J-322-2026(Nomenclatura interna de ese Despacho); en virtud del referido requerimiento, el secretario del precitado despacho, me suministrara la información en razón a la conjetural remisión del expediente sin haberse cumplido el lapso procesal correspondiente, en virtud de lo planteado por la presunta agraviada sujeto a conocimiento de ese juzgado de Primera Instancia.

En razón a lo antes expuesto, procedió la abogadaMARÍA GODOY, en su condición de Secretaria de la Corte de Apelaciones de esta Sede Judicial, a levantar la correspondiente acta dejando constancia de la diligencia practicada, la cual es del siguiente tenor:

“…En el día hoy, primero (01) del mes de septiembre del año dos mil veintiséis (2026), siendo las diez y treinta (10:30) horas de la mañana, quien suscribe la abogadaMARÍA GODOY, en mi condición de Secretaria adscrita a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, en razón de Acción de Amparo Constitucional en contra de la abogada RAIZA TOVAR, en su condición de Jueza del TRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, incoado por la abogada ELVIA BENITEZ, en su carácter de Defensa Privada, de las ciudadanas ROSAURA BAGGI HERRERA y ROSANNA BAGGI HERRERA, en su condición de acusadas, el cual, después de darle entrada en el libro de control de causas de la Sala 1 de esta Corte de Apelaciones, quedó signada con el alfanumérico 1Aa-15.444-2026 (Nomenclatura Interna de este Tribunal Superior), y siguiendo el cumplimiento de las instrucciones de la Jueza Superior y Presidenta de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal en Sede Constitucional DRA. RITA LUCIANA FAGA DE LAURETTA, procedí a trasladarme a la sede del TRIBUNAL NOVENO (9°) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA con el objeto de solicitar información acerca del estado de la causa principal signada con el número 9J-322-2026, respecto a la presunta remisión del expediente sin haberse cumplido el lapso procesal correspondiente, además de la negativa de recibir escrito de apelación de auto. Siendo atendida por el Secretario ABG. JUAN CORREA, adscrito a dicho despacho judicial, quien me permitió el acceso al expediente signado con el N° 9J-322-2026 (Nomenclatura de ese Despacho), indicando que la Juzgadora del Tribunal Tercero (3°) de Primera Instancia Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, una vez realizada la Audiencia Preliminar en fecha dieciocho (18) del mes de Agosto del año dos mil veintiséis (2026) y publicado el Auto Fundado de la Audiencia Preliminar y el Auto Fundado de Pase a Juicio en la misma fecha, transcurrió el lapso correspondiente e ininterrumpido para interponer formal recurso de apelación, sin que las partes actuantes hicieran uso de esta facultad, motivado a ello se procedió a la remisión del expediente a un tribunal de Juicio en fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil ventaseis (2026) con el fin de resguardar lo citado en la Norma Constitucional en los artículos 26 y 49; me trasladé nuevamente a la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, donde procedí a dejar constancia a través de la presente acta y se incorporará a los autos que conforman el cuaderno separado signado con la nomenclatura de esta Alzada 1Aa-15.444-2026(nomenclatura de esta alzada). Terminó, se leyó y conformes firman…”

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Colegiado, pudo evidenciarse que, de la información suministrada por el secretario adscrito al Tribunal de Primera Instancia, y la revisión del expediente se observa que,la Audiencia Preliminar se realizó en fecha dieciocho (18) del mes de Agosto del año dos mil veintiséis (2026) y se publicó el Auto Fundado de la Audiencia Preliminar y el Auto Fundado de Pase a Juicio en la misma fecha, tal y como se evidencia en la certificación de los días de despacho emitida el tribunal, evidenciándose el cumplimiento del lapso procesal y su correcta tramitación cumpliendo los lapsos establecidos en la Norma para la remisión del expediente a un Tribunal de Juicio; por lo que, se evidencia la inexistencia de alguna transgresión constitucional realizada por la abogadaRAIZA TOVAR, en su condición de Jueza del TRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en la causa signada con el N° DPMA-S-0016-2026(Nomenclatura interna del Tribunal de Primera Instancia); comportando de esta manera la inexistencia de una violación que pueda ser inmediata, posible o realizable por la abogadaRAIZA TOVAR, en su condición de Jueza del TRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, en este sentido quienes aquí deciden con total convicción aprecian que no fueron vulnerados los Derechos ni las Garantías Constitucionales.

En atención a ello, la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra en su artículo 6 ordinal 2º lo siguiente:

“….Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo:
…Omisis…
2) Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible y realizable por el imputado;….”

El artículo ut supra, dispone que la Acción de Amparo no será admisible cuando la violación o amenaza de algún Derecho o Garantía Constitucional, no pueda ser vulnerada de forma inmediata, posible o realizable por el posible infractor, lo que producirá la inadmisibilidad inmediata del Amparo Constitucional.

En este sentido partiendo de lo antes mencionado, advierte este Tribunal Colegiado que en el presente asunto no existe una violación que pueda ser inmediata, posible o realizable por la abogadaRAIZA TOVAR, en su condición de Jueza del TRIBUNAL TERCERO (3°) DE PRIMERA INSTANCIA MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA, por lo tanto y en atención al artículo 6 en su numeral 2° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se declara INADMISIBLE, la Acción de Amparo Constitucional intentada por la ciudadana abogada ELVIA BENITEZ, en su carácter de Defensora Privada, de las ciudadanas ROSAURA BAGGI HERRERA y ROSANNA BAGGI HERRERA, en su condición de acusadas.Y ASÍ SE DECIDE.

Se ordena la remisión del presente Cuaderno Separado, signado con el N° 1Aa-15.444-2026 (Nomenclatura de esta Sala 1 de la Corte de Apelaciones), al TRIBUNAL NOVENO (9°) DE PRIMERA INSITANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ARAGUA en la causa signada con la nomenclatura 9J-322-2026 (Nomenclatura del Tribunal de Instancia). Y ASÍ FINALMENTE SE DECIDE