REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA Maracay, 24 de Septiembre de 2026 216° y 167° CAPITULO I ANTECEDENTES Vista la incidencia de inhibición planteada en fecha 25 de Septiembre del 2026 por el Abg. RAMÓN CARLOS GAMEZ ROMÁN, actuando en su condición de Juez Provisorio del JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, en el marco del juicio por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoado por el ciudadano JULIO CESAR CAMACHO ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.330.764, contra de la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES COMES MARTINEZ, venezolana, mayor de edad, titular de a cedula de identidad V-7.234909, sustanciado bajo el Expediente N° JUEZ-1SUP-C-18.755.19, nomenclatura interna de ese juzgado. CAPITULO II DE LA COMPETENCIA Este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua resulta competente para conocer y decidir la presente incidencia, en virtud de la potestad legal de alzada atribuida a los tribunales superiores de la misma circunscripción para resolver las inhibiciones de los jueces de igual categoría, conforme a la distribución y tramitación de los asuntos asignados a esta superioridad. ASÍ SE ESTABLECE. CAPITULO III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR De las actas procesales que conforman la presente incidencia, se observa que el funcionario judicial interviniente fundamenta su separación voluntaria del conocimiento del asunto en la causal de enemistad, manifestando textualmente en su acta de inhibición lo siguiente: Cito Textualmente: “Revisadas como han sido las presentes actuaciones contentivas en el expediente Nº C-18.755-19 y por cuanto se observa de las actas procesales que en el juicio por prescripción adquisitiva, interpuesto por Julio Camacho Álvarez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad V-10.330.764 contra María de los Ángeles Gómez Martínez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 7.234.909, siendo asistida la parte actora por el profesional del derecho Víctor Alfonso Laya Uribe inscrito en el impreabogado bajo el número 224.089, con el cual tengo enemistad manifiesta y tomando en consideración que conforme al ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, es esta una causal taxativa den inhibición, es por lo que, con el fin último de evitar una situación adversa que pudiera impedir la actuación objetiva e imparcial de mi parte en este caso, me INHIBO a conocer de la presente causa. Ahora bien, siendo que riela a los autos inhibición de la Jueza del Tribunal Superior Segundo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta circunscripción Judicial de fecha 12 de Agosto de 2019, se ordena oficiar a la Rectoría de la circunscripción Judicial del Estado Aragua, a los fines de que se designe el Juez accidental para que conozca de las inhibiciones propuesta” Ingresadas las actuaciones a esta Superioridad en fecha 20 de Agosto de 2026, se le dio entrada formal al asunto bajo la nomenclatura interna de este Despacho signada con el Expediente N° JUZ-3-SUP-APEL-007, mediante auto dictado en horas de despacho en fecha 22 de Septiembre del 2026, este Tribunal ordenó la sustanciación y tramitación de la presente incidencia de conformidad con el procedimiento breve y sumario establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, habiéndose cumplido a cabalidad los lapsos procesales y las formalidades de ley. Estando la causa en estado de sentencia, este Tribunal Superior Tercero procede a resolver la incidencia de inhibición con base en las consideraciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales que a continuación se exponen. La inhibición constituye una institución de orden público procesal concebida por el legislador como un mecanismo de abstención obligatoria de la función jurisdiccional. Su objeto primordial es desvincular al juzgador del conocimiento, trámite y resolución de un asunto determinado desde el instante en que sobrevenga o se constate una causal objetiva o subjetiva susceptible de menoscabar la imparcialidad, ecuanimidad y transparencia indispensables en el ejercicio de la administración de justicia. El principio de imparcialidad del juzgador no es una simple pauta legal, sino una garantía de rango constitucional consagrada en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dichos preceptos imponen al Estado la obligación de velar por una tutela judicial efectiva, sin dilaciones indebidas y dispensadas por un Juez Natural, Independiente e Imparcial. Cuando un funcionario judicial detecta en su persona la existencia de un motivo que atenta contra esa neutralidad frente a las partes o el objeto de la causa, el acto de inhibición se transforma en un auténtico deber ético y jurídico. Como acertadamente ha sostenido la doctrina patria, entre ellos el procesalista Ricardo Henríquez La Roche: “La inhibición es el acto en virtud del cual el Juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso”. El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil ratifica este carácter imperativo al disponer que el funcionario judicial que conozca la existencia de una causa de impedimento en su persona, está en la obligación de declararla de oficio, sin esperar a que sea recusado por las partes procesales. Tradicionalmente, la doctrina procesal sostuvo que las causales de inhibición y recusación previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil poseían un carácter estrictamente taxativo, imposibilitando su aplicación analógica o extensiva, en este sentido a este Juzgado Superior, le corresponde pronunciarse sobre la inhibición planteada, para lo cual se observa: El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil (CPC) consagra las causales por las cuales los jueces están obligados a inhibirse de conocer en las causas en que se hallen incursos, contemplando de manera expresa en su ordinal 18 lo relativo a: “Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado”. No obstante, cabe acotar brevemente que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 4120 del 7 de agosto de 2003, ha establecido un criterio expansivo sobre la no taxatividad de las causales de inhibición para garantizar una sana administración de justicia e imparcialidad. Del examen sistemático de las actas procesales y de los argumentos esgrimidos en el escrito de inhibición, este Juzgado Superior Tercero advierte que al haberse evidenciado la existencia de circunstancias sobrevenidas dentro del proceso que comprometen de manera directa la ecuanimidad y la capacidad subjetiva del juez, subsumiéndose los hechos en el referido ordinal 18 del artículo 82 sustantivo, o bien, en atención al criterio expansivo de la citada sentencia N° 2140 de la Sala Constitucional sobre la no taxatividad de las causales para garantizar una sana administración de justicia, y cumpliéndose cabalmente con las exigencias de fundamentación lógica exigidas por la jurisprudencia patria para salvaguardar la garantía constitucional del juez natural, se configuran plenamente los elementos de orden legal y doctrinal necesarios para declarar con lugar la inhibición planteada y apartar al funcionario del conocimiento de la causa que resulta imperativa la separación del funcionario para preservar la transparencia, el equilibrio procesal y los postulados fundamentales de la recta administración de justicia. ASÍ SE DECIDE. CAPITULO IV DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la incidencia de inhibición planteada por la abogada Abg. RAMÓN CARLOS GAMEZ ROMÀN, en su condición de JUEZ PROVISORIO del JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, dentro del juicio de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA incoado por el ciudadano JULIO CESAR CAMACHO ALAVREZ en contra de la ciudadana MARIA DE LOS ANGELES COMES MARTÍNEZ. SEGUNDO: Se ordena la notificación formal del prenombrado funcionario sobre los términos de este fallo mediante oficio dirigido a su tribunal de origen, a los fines legales y procesales consiguientes. No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA, en Maracay, a los Veinticuatro (24) días del mes de Agosto de dos mil veintiséis (2026). Años: 216º de la Independencia y 167° de la Federación. EL JUEZ DR. MICHAEL PEREZ AMARO EL SECRETARIO ABG. MISTRAL BARRIOS SARMIENTO En esta misma fecha se publicó, registró y dejó copia certificada. Siendo las 12:30 p.m. Se libra oficio Nº 036-2026 EL SECRETARIO ABG. MISTRAL BARRIOS SARMIENTO Exp. N° N°: JUZ-3-SUP-APEL-007 MMPA/MBS/mb