Mediante Auto Fundado este TRIBUNAL NIEGA la solicitud interpuesta por el ABOGADO DANIEL ALEXANDER VILLAFAÑE, en su carácter de Defensor Privado del acusado JOSÉ EDUARDO ITANARE, ya que se estaría violentando el principio contemplado en el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo al procesamiento en libertad, considerando que dicha modificación y revisión es IMPROCEDENTE, POR LO QUE SE ACUERDA MANTENER LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en contra del Acusado JOSÉ EDUARDO ITANARE, titular de la Cédula de Identidad, Nº V.-11.603.394,todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237, 238 , 239 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE. Publíquese, diarícese, notifíquese a las partes y déjese copia de la presente decisión.-

Este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Impartiendo Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARAR CON LUGAR, la solicitud formulada por el ciudadano JOSE JACOBO MUJICA de la Cédula de Identidad Nº.-17.753.055, acusado de autos, y en consecuencia se extiende el lapso de presentaciones a cada Quince (15) días por ante el Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal del Estado Monagas. Notifíquese a las partes de la presente decisión, déjese copias certificadas de la misma. Ofíciese al Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas.-

Mediante Auto Fundado este TRIBUNAL en aras de garantizar el Derecho Constitucional a la Salud previsto en el articulo 83 de nuestra Carta Magna Acuerda: Ratificar oficio N° 1JV-2310-2013, dirigido al Jefe del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Región Monagas, de fecha 10 de Diciembre de 2013. Se ordena el traslado Urgente con la seguridad del caso del acusado ciudadano PEDRO JOSE CARIPE, portador de la Cedula de Identidad Nº 18.352.789, hasta la Medicatura Forense del Estado Bolívar a los fines de que sea evaluado con carácter de urgencia por un medico o medica forense psiquiatra, en aras de garantizar el Derecho Constitucional a la Salud previsto en el articulo 83 de nuestra Carta Magna.-