Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía el Ciudadano: Pedro Brizuela, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declarar la Caducidad, esto es, la Inadmisibilidad de la presente pretensión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. N°. 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Así se decide.

Como consecuencia de lo anterior, se ordena el reajuste del Beneficio de Jubilación de la Querellante, Ciudadana: Anabel Caridad Sánchez, con el último cargo ocupado (Directora Sectorial de Hacienda Municipal, adscrito a la Alcaldía del Municipio José Félix Robas del Estado Aragua), y el pago de diferencia de sueldos respectivos, a partir de la fecha que le fue acordado el Beneficio de Jubilación de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 y 9 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y por cuanto este último aspecto se deriva de lo declarado, siendo ello calculado, mediante una Experticia, practicada por un solo Experto, cuyos emolumentos que se generen, serán cancelados por mitad por las partes, y la cual será parte Complementaria del presente fallo, de conformidad con los Artículos 249 y 455 del Código de Procedimiento Civil.

Por tanto, a tenor del criterio supra señalado, en el caso de autos, advierte quien decide que, aun cuando se llevó a cabo la Publicación del Cartel de Citación de los Terceros Interesados, a los fines de hacerse parte interesada en el proceso, no puede considerarse dicho Cartel a los fines de tener emplazada o notificada a la Sucesión VELAZQUEZ - CORDERO, representada por el Ciudadano GILBERTO VELAZQUEZ BARRIOS, de manera que, para evitar lesionar derechos fundamentales referentes al derecho al debido proceso, al derecho a la defensa y a la tutela jurisdiccional de la mencionada Sucesión, contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgador en procura de la estabilidad procesal que le es inherente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, y a los fines de corregir el error procesal incurrido que pueda afectar el Orden Público

En atención a lo señalado supra, este Sentenciador considera que resulta innecesario emitir opinión en cuanto a la legalidad del acto recurrido, por cuanto el mismo no se merece a un planteamiento acertado, resultando improcedente, visto que su contenido es meramente consultivo. No obstante, en uso de las potestades inquisitivas que le son inherentes a este Sentenciador, se debe advertir, que no puede pretender el recurrente imputar a la Administración recurrida su salida del cargo como Secretario de la Junta Parroquial Los Tacariguas, al aducir que su separación del cargo supra no es consecuencia de la manifestación de su voluntad, sino a una disposición de la Administración Pública recurrida, pues bien cierto es; y así se desprende de las actas que conforman el presente expediente insertas a los folios 88 y 101 del expediente, correspondiente a la prueba documental contentiva de Carta de Renuncia, emanada del propio querellante, la cual constituye la voluntad del mismo mediante .....