En el caso de autos, puede perfectamente evidenciarse de nota de presentación que cursa al vuelto del folio 07 de la causa, que la recurrente interpone su Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial en fecha 14 de Julio de 2006, oportunidad muy superior al término de caducidad arriba señalado, lo que constituye a juicio de quien decide, la operatividad de la caducidad, por haber transcurrido íntegramente el lapso para la interposición del Recurso, de conformidad con el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, ya que los hechos que supuestamente dieron origen al presente Recurso acontecieron hace más de 3 meses, por cuanto se desprende de autos, que los Querellantes cesaron en sus funciones de Concejales del Municipio Leonardo Infante en el año 2004, por cuanto ellos fueron elegidos para el periodo 2000-2004; tal como consta de Acta N. 88, que cursa a los folios 10 al 15 de los anexos consignados con el escrito presentado contentivo del Recurso Contencioso Administ.....

Observa quien decide, que en la Providencia Administrativa recurrida fueron valoradas las pruebas de forma adecuada, pues consta al vuelto del folio 99 de las actas procesales del presente expediente la valoración de las pruebas promovidas y evacuadas por las partes en el procedimiento administrativo, que hiciera la Inspectora Jefe del Trabajo al momento de decidir, desechando los alegatos no probados y valorando los tenidos ciertos, lo cual demostró la certeza de sus alegatos invocados por la parte accionada al presentar pruebas suficientes, pertinentes e idóneas que verificaron que la ciudadana Delci Piedra tenia un Contrato Laboral a tiempo determinado, por lo que no se puede aducir que la Providencia Administrativa recurrida haya sido dictada sin motivación y menos puede la recurrente alegar indefensión pues, esta visto en las actas que conforman el presente expediente que se cumplieron todas las fases del procedimiento administrativo, señalándose en la Providencia misma, la.....

Como puede observarse, el querellante, tardó sobradamente más de treinta (30) días en cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, para darle impulso procesal a la causa, con la practica de la citación del querellado, siendo oportuno destacar, que la Sala de Casación Civil en reiterados fallos, había precisado que las únicas obligaciones que corresponden al demandante son las del pago de los derechos por compulsa y citación; obligación esta arancelaria impuesta por la Ley de Arancel Judicial, que perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el Artículo 12 de dicha Ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los Treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, por lo que su omisión o incumplimien.....