Visto que en fecha 15 de febrero del 2007, se libró boleta de notificación a la contribuyente "PDVSA PETROLEO, S.A.", de la Sentencia N° 00011/2007 de fecha 15 de febrero del 2007, recaída en el referido recurso, en virtud de que no se ha recibido respuesta de dicha notificación; este Tribunal por razones de Celeridad Procesal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Deja sin efecto la boleta de notificación librada a la referida contribuyente, en fecha 15 de febrero del 2007. SEGUNDO: Este Tribunal Ordena librar nueva boleta de notificación a la supra mencionada recurrente. Líbrese Boleta de Notificación.

Visto el escrito de Promoción de Pruebas, presentado en fecha 28 de mayo del 2010, por el ciudadano Edgar Colman, en su carácter de Apoderado Judicial de la contribuyente "BOC GASES DE VENEZUELA, C.A.", por cuanto las pruebas en el promovidas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, se admite cuanto ha lugar en Derecho, salvo su apreciación en la definitiva. La evacuación de las Pruebas promovidas y admitidas, se realizará de la siguiente manera: CAPITULO UNICO: DOCUMENTALES: Se ordenó agregar a los autos, en su oportunidad, los recaudos consignados en el escrito de Promoción de Pruebas.

Declarado CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la Contribuyente JANSSEN CILAG, C.A., en virtud de que considera este Órgano Jurisdiccional que es improcedente la exigencia de la diferencia de aportes al Fondo Mutual Habitacional, considerados omitidos por la Administración Tributaria, en períodos impositivos del año 2003 hasta mayo 2005 por cuanto dicha diferencia, se realizó sobre una base de cálculo que incluye los pagos por conceptos de vacaciones, comisiones, otras bonificaciones y, los cuales no forman parte del salario normal, en los términos de los artículos 133 de la Ley Orgánica del Trabajo y 36 de la Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional. Así mismo se consideran improcedentes los rendimientos o dividendos sobre aportes omitidos, pretendido en el mismo acto impugnado. Se declara procedente el alegato invocado por la recurrente al denunciar la errónea interpretación aplicada por la Administración Tributaria para la determinació.....

Se Declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto por la Contribuyente MANUFACTURAS ELÉCTRICAS DE VENEZUELA, C.A. (MEVENCA), en virtud de que, en el presente caso se dijo vistos en fecha 05-08-1986 y la última actuación por parte de la recurrente se produjo el 06-04-1988, cuando su representación judicial solicitó que se dictara sentencia; siendo ello así y ante la ausencia de manifestación asidua en que se decida la presente causa, este Tribunal considera que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado.

Ahora bien, la norma antes citada establece que cuando se intenta la acción de reivindicación, se podrá decretar el secuestro de la cosa y su entrega al vendedor siempre que la demanda tenga apariencias de ser fundada y el vendedor constituya garantía suficiente; así las cosas hay que señalar que la pretensión reivindicatoria va dirigida a la recuperación de la posesión de la cosa, en el caso de autos la parte actora pretende con la resolución del contrato la restitución de la posesión de la cosa de lo cual es propietario, pues ésta presuntamente se encuentra en manos de la demandada sin haber pagado las cantidades adeudadas. En ese sentido, encuentra este despacho que aún cuando el legislador se refiera a la acción de reivindicación, en este caso debe atenderse al fin que se persigue con la demanda, es esto lo que ha determinado la consagración de tal supuesto normativo, en aras de evitar un perjuicio para ambas partes como consecuencia del decreto de una medida cautelar y en atención.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE, la acción de amparo constitucional interpuesta por, la ciudadana ROSA AMADA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° V- 5.470.743, debidamente asistida por el abogado TÍBULO YVÁN CAMACHO ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 13.705, interpusieron acción de amparo constitucional contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), por la presunta violación de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.-

Decreto que homologa el convenio de convivencia familiar "...cuya identificación se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente"..."

Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA. En el juicio incoado por BENJAMIN MANUEL HERRERA HERRERA contra MANUFACTURA DHALMATA C.A De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Déjese Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese, Publíquese y remítase este expediente a los archivos judiciales. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los Siete (07) días del mes de junio de dos mil diez (2010).-

en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO.

Este Tribunal se declaró INCOMPETENTE por la materia, y en consecuencia, se ordena remitir copias certificadas de la totalidad del expediente al Tribunal que debe conocer de ello, a saber los Juzgados de Primera Instancia en materia civil, mercantil, tránsito y bancario de la jurisdicción ordinaria.-