DECISIÓN Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA la competencia para conocer de la demanda interpuesta por los abogados IRVING YADHIR DAMAS MEDINA, HERBERT AUGUSTO ORTIZ LÓPEZ, SERGIO RAMÓN FERNÁNDEZ, FRANCY MARGARITA DÍAZ CRUZ, CARELIS MARGARET CALACHE ÁVILA, ISABEL ANDREA CARVALLO CARVALLO, JOSÉ FRANCISCO DÍAZ CRUZ y YOANNY JOSEFINA MORILLO LOVATON, obrando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano HUMBERTO RAMÓN PÉREZ, todos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual por distribución le sea asignada la misma. Remítase el expediente.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana MISNERY JOSEFINA SILVA CARRERO, por intermedio de su apoderado judicial, abogado RONALD GOLDING, ambos plenamente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. SEGUNDO: Se ordena al organismo querellado pagarle a la actora los intereses de mora generados por el retardo en la entrega de sus prestaciones sociales, calculados desde el día 1º de octubre de 2003, hasta el día 8 de noviembre de 2006. TERCERO: A los fines de determinar el monto de los citados intereses, se ordena elaborar por un experto designado por el Tribunal, experticia complementaria del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del C.....

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de amparo constitucional interpuesta por el abogado CONNY GARCÍA, obrando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS DAVID COSTELA BRANDAO, ambos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en el decreto Nº 000275, de fecha 16 de julio de 2006, emanado de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por la ciudadana LILIA MARGARITA OLIVEROS DE GUERRA, por intermedio de su apoderado judicial, abogado RONALD GOLDING, ambos plenamente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación. SEGUNDO: Se ordena al organismo querellado pagarle a la actora los intereses de mora generados por el retardo en la entrega de sus prestaciones sociales, calculados desde el día 1º de agosto de 2003, hasta el día 8 de noviembre de 2006. TERCERO: A los fines de determinar el monto de los citados intereses, se ordena elaborar por un experto designado por el Tribunal, experticia complementaria del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del .....

DECISIÓN Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA la competencia para conocer de la demanda interpuesta por los abogados IRVING YADHIR DAMAS MEDINA, HERBERT AUGUSTO ORTIZ LÓPEZ, SERGIO RAMÓN FERNÁNDEZ, FRANCY MARGARITA DÍAZ CRUZ, CARELIS MARGARET CALACHE ÁVILA, ISABEL ANDREA CARVALLO CARVALLO, JOSÉ FRANCISCO DÍAZ CRUZ y YOANNY JOSEFINA MORILLO LOVATON, obrando con el carácter de apoderados judiciales del INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI), contra el ciudadano JOSÉ ANTONIO BÁEZ SILVA, todos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al cual por distribución le sea asignada la misma. Remítase el expediente.