En base a ello, no es procedente el decreto de la medida cautelar solicitada, por cuanto no puede suplir quien decide los argumentos de hecho que corresponde suministrar a la propia parte, de conformidad a lo previsto en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.

En el presente caso, se constata que el solicitante, sólo se limitó a indicar el lugar de constitución del Tribunal para dejar constancia de ciertos hechos señalados en su escrito de solicitud. Sin indicar la relación de los hechos en las cuales basa su pretensión; no cumpliendo en consecuencia con las cargas impuestas en las normas antes citadas, pues solamente se limitó a solicitar el traslado del Tribunal, lo cual induce a este órgano jurisdiccional a declarar que el solicitante no cumplió con lo previsto en el ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Por tales razones se declara que la anterior solicitud es inadmisible.

Al respecto el Tribunal observa que de los documentos consignados por la representación judicial de la parte actora se desprende que los ciudadanos ARNOLDO ARIZA NARVAEZ y MONICA ENRIQUETA ORELLANO MONTERO, son los propietarios del inmueble sobre el cual se pretende obtener la medida solicitada; y de la letra de cambio se desprende que aparentemente la demandada aceptó la letra de cambio demandada en la fecha indicada. Más no fueron alegados los hechos que hagan presumir al Tribunal que existe peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo; y tampoco fue aportado a los autos algún medio probatorio de dicho requisito, denominado periculum in mora; el cual debe ser concurrente con la presunción del buen derecho que se reclama, para la procedencia de la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada. En consecuencia, se NIEGA el pedimento realizado por la representación judicial de la parte actora, abogada LORENA TABLANTE, identificada ut supra; y así de decide.