Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Central con Sede en Maracay, Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: se declara Incompetente para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad con medida cautelar innominada, interpuesto por la profesional del derecho: Sonia Fernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 57.815, actuando como apoderada judicial de Pepsico Alimentos, S.C.A. anteriormente denominada Snacks América Latina Venezuela, S.R.L. y Savoy Brands Venezuela, S.R.L., sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 28 de agosto de 1964, bajo el N° 80, Tomo 31-A-Sgdo, cuya última modificación fue en fecha 27 de marzo de 2009.....

Ahora bien, siendo la oportunidad para la revisión de los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se hacen las siguientes consideraciones: se observa de las presentes actuaciones y constata quien decide que, la presente acción se trata de una demanda contra la República específicamente a través del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social de la República Bolivariana de Venezuela, en donde se solicita el cobro de bolívares por Daños Morales e Indemnizaciones Legales por Enfermedad Ocupacional derivada de Accidente de Trabajo, la cual es una pretensión de contenido patrimonial en la cual la querellante no acreditó el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a las acciones patrimoniales contra la República. Asimismo se constata que efectivamente no corre en autos escrito dirigido al órgano del Instituto Nacional de Servicios Sociales, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la.....

Siendo ello así, quien aquí decide observa que, desde la fecha que el querellado que recibió la carta de despido, esto es, conforme lo alega el propio accionante en su escrito libelar desde el 02 de diciembre de 2008, hasta el 03 de junio del 2009, fecha en la cual interpuso el presente recurso por ante la Unidad de Recepción y distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Victoria del Estado Aragua, conforme consta del comprobante de Recepción de un asunto nuevo de esa Unidad Judicial, que riela al folio (08) del presente expediente, han transcurrido aproximadamente un lapso de seis (6) meses, por tanto, se excede el lapso de caducidad de tres (03) meses establecido en el tantas veces mencionado artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En consecuencia, al encontrarse incursa la presente querella en la causal de inadmisibilidad de caducidad, prevista en el mencionado quinto (5°) aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Just.....