En consecuencia, se ordena notificar a la ciudadana ROSMERI MERCEDES SILVERA MORALES, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.846.828, y/o en la persona de sus apoderados judiciales, abogados VICTOR VERBOTES BURELLI y GILBERTO DOS SANTOS GONCALVES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 17.495 y 62.632, respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta de notificación. Cúmplase.

POR CUANTO QUIEN SUSCRIBE APRECIA DEL ESCRITO CONTENTIVO DE LA RECONVENCIÓN PROPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA DEMANDADA EN LA PRESENTE CAUSA, QUE LA MISMA CUMPLE CON UNA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EN LO QUE FUNDAMENTAN LA CONTRADEMANDA, ESTABLECIENDO ADEMÁS DE FORMA CLARA, PRECISA Y LACÓNICA LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO EN BASE A LOS CUALES PRETENDEN SU ACCIÓN, POR LO QUE ACOGIENDO ESTE SENTENCIADOR EL CRITERIO ANTES TRANSCRITO EMANADO DE NUESTRA MÁXIMA INSTANCIA JUDICIAL EN SALA CONSTITUCIONAL, Y SIN QUE LA PRESENTE DECISIÓN IMPLIQUE ALGÚN TIPO DE OPINIÓN SOBRE LO DEBATIDO, CONSIDERA QUIEN SUSCRIBE QUE LA RECONVENCIÓN FORMULADA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 340 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Y POR LO TANTO DEBE PROCEDERSE A SU ADMISIÓN, LA CUAL SE EFECTUARA POR AUTO SEPARADO.

.-Se dictó y publicó Sentencia Interlocutoria Con Fuerza de Definitiva mediante la cual se Homologó el Desistimiento presentado por los apoderados judiciales de la parte actora de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil.-

Por lo anteriormente expuesto y en atención a la norma anteriormente transcrita y acogiéndose a la misma, este Tribunal administrando Justicia, en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la ley, le imparte su HOMOLOGACIÓN en todas y cada una de sus partes al Desistimiento efectuado por la representación judicial de la parte actora en fecha 14 de agosto de 2013, con motivo del juicio que por Cobro de Bolívares tiene incoado la Sociedad Mercantil BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A, BANCO UNIVERSAL contra la Sociedad Mercantil INDUSTRIAS SHYMETAL, C.A, ya identificados, y acuerda proceder como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE.

Como consecuencia de dichas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precedentemente transcrita, se dispone lo siguiente: PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto. SEGUNDO: Se ordena la suspensión de esta causa por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha de la consignación en autos de las resultas correspondientes a la notificación indicada en el punto anterior. TERCERO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes para que luego de su certificación sean remitidos a la Procurad.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, en virtud de haber transcurrido más de un (01) año sin haberse ejecutado algún acto de procedimiento por las partes.-

este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo pautado en el Artículo 270 eiusdem, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 ibídem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. SEGUNDO: NO SE CAUSARON costas en este asunto dada la naturaleza del fallo, a tenor de lo establecido en el Artículo 283 del Código Adjetivo Civil. Publíquese, Regístrese, y déjese copia.

El Tribunal se pronunció sobre las pruebas presentadas por la parte demandada, admitiendo cuanto ha lugar en derecho las pruebas documentales promovidas en el Capitulo I del escrito. Respecto a la Inspección Judicial contenida en el Capitulo II del escrito de pruebas el Tribunal Niega la misma por impertinente toda vez que las condiciones del bien nada tienen que ver con los hechos controvertidos y es ello lo que pretende la parte demandada probar con la misma.

Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos JESÚS ALBERTO SALAZAR y CARMEN TERESA GOITE SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-4.163.653 y V-2.635.008, respectivamente, en consecuencia, queda disuelto el vínculo matrimonial por ambos contraído en fecha 14 de abril de 1978, por ante el extinto Juzgado Quinto de Parroquia del Departamento Libertador, ahora Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según se evidencia de Acta de Matrimonio Nº 70, del Libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por dicha Autoridad Civil.

Atendiendo a todo lo expuesto, este Tribunal Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos CARMEN OBDULIA CAMPOS DE TORRES y CARLOS RAMÓN TORRES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-6.168.995 y V-5.597.035 respectivamente, en consecuencia queda disuelto el vínculo matrimonial por ambos contraído en fecha 18 de octubre de 1984, por ante el Juzgado Undécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según se evidencia de Acta de Matrimonio Nro. 78, del Libro de Registros Civil de Matrimonios llevados por dicha Autoridad Civil.