Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, y en consecuencia, se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem.

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 eiusdem, y en consecuencia, se producen los efectos indicados en el artículo 271 ibidem.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la abogada María Luz Revollo, actuando con el carácter de sustituta de la Procuradora General de la República. 2. DECRETA medida preventiva de embargo sobre bienes muebles propiedad de las sociedades mercantiles INVER GROUP C.A, y UNIVERSITAS DE SEGUROS C.A. hasta por la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 1.998.605,99). 3. ORDENA oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que determine los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley de la Actividad Aseguradora. 4. ORDENA abrir cuaderno de medidas a los fines de la sustanciación .....

DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido por la abogada Yleny Durán Morillo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 91.732, actuando en el carácter de apoderada judicial del ciudadano Rafael José Lobatón Jiménez, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.945.474 contra la Providencia Administrativa Nº 2602-06 de fecha 8 de Diciembre de 2006, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital Municipio Libertador (Sede Norte). Publíquese y regístrese. Notifíquese a las partes. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Treinta (30) días del mes de Mayo de Dos Mil Doce (2012). EL JUEZ Abg. JOSÉ VALENTIN TORRES LA SEC.....

Se declara: PRIMERO: Su incompetencia para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, interpuesto por la abogada en ejercicio ERIKA DÍAZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 51.175, actuando en su condición de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil LINTAPLAS, C.A., inscrita en el Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 30 de enero de 1976, quedando anotada bajo el Nº 15, tomo 03-A-Sgo, y su ultima modificación según acta de Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 31 de julio den 2007, inscrita en el Registro Mercantil II, de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 09 de noviembre de 2007, contra la Certificación Nº 0525-10, en lo sucesivo denominada Acto Administrativo, de fecha 11 de agosto de 2010, emanada de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Miranda (DIRESAT), del Instituto Nacio.....

Se declara: PRIMERO: Su incompetencia para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por Alexander Barbaro, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 145.141, actuando en su condición de apoderado judicial de AVON COSMETICS DE VENEZUELA, C.A., antes identificada, contra el acto administrativo contenido en el Certificación Nº 0212-10, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Miranda (DIRESAT-MIRANDA), adscrita al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), mediante la cual se certifica que el ciudadano el ciudadano Luis Ramón Freitez, identificado con la Cédula de Identidad Nº 16.097.348, sufrió un accidente de trabajo y como consecuencia de aquél, una amputación traumática de falange distal de dedo medio derecho, que le ocasiona una discapacidad parcial y permanente. SEGUNDO: Se declina la competencia en los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y s.....

SE ADMITIERON PRUEBAS.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Temporánea la solicitud de aclaratoria hecha por el abogado Virgilio Goméz de Sousa E., Inpreabogado Nº 24.836, actuando como apoderado judicial de la ciudadana EMILIA GONZALEZ VARGAS, titular de la cédula de identidad Nº 6.214.080, respecto de la sentencia que dictara este Tribunal el 17 de mayo de 2012. SEGUNDO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de aclaratoria efectuada por la parte actora, por la motivación expuesta ut supra. TERCERO: Se corrige el punto tercero de la parte dispositiva del fallo objeto de aclaratoria, en consecuencia, se ordena la REINCORPORACIÓN inmediata de la querellante al cargo de Supervisor Administrativo, que venía desempeñando en la Consultoría Jurídica del Despacho del Alcalde del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital o e.....

PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogado CIBELY GONZÁLEZ RAMÍREZ, en su condición como Fiscal Centésima Décima Primera (111°) del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Responsabilidad Penal del Adolescente, con efecto de nulidad de la decisión de fecha 14 de febrero de 2012, emanada del Juzgado Tercero de Juicio de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal. SEGUNDO: Ordena la celebración de un nuevo juicio oral y privado ante un Juez de Primera Instancia en función de Juicio de esta misma Sección y Circuito Judicial Penal distinto al que pronunció la sentencia anulada, para que decida motivadamente lo que en derecho corresponda.

Por cuanto dicha partición y liquidación se realiza según lo previsto en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, entre personas mayores de edad, en el libre ejercicio de sus derechos, este Tribunal le imparte su HOMOLOGACIÓN, en los mismos términos expuestos por los solicitantes.