Por las razones de hecho y derecho anteriormente explanadas, y en mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, de Protección y Bancario de La Circunscripción Judicial del Estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda de fijación de obligación de manutención, incoada por la ciudadana ACOSTA ARANA YOLIMAR, Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V 15.733.956, mediante el cual solicitó la fijación de la Obligación de Manutención, en beneficio de su hija ******** de 07 años de edad, contra el ciudadano MONTAÑEZ BLANCO EDGAR ENRIQUE, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V 15.256.832 , y habiéndose establecido la capacidad económica del obligado en CINCO MIL VEINTITRES BOLIVARES (BS 5.023,00), y siendo que el salario mínimo para este momento esta fijad.....

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del código de procedimiento civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del código de procedimiento civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del código de procedimiento civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas. Se ordena librar boleta de notificación de la presente decisión a la parte actora

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara, PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del código de procedimiento civil, en su primer aparte. Por la naturaleza de la presente decisión no hay condenatoria en costas.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado PABLO RAMOS, en su carácter de defensor privado de los ciudadanos VÁSQUEZ RIVERO EDGAR JOSÉ, MORO RAMOS EUGLIDES ALEXANDER, DENNYS LATINAN MÉNDEZ, BARBERI ROJAS JHONNY RAFAEL, contra la decisión dictada en fecha 28 de enero de 2011, por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, mediante la cual entre otros pronunciamientos Negó el decaimiento de la medida privativa de libertad, solicitada a favor de los prenombrados acusados SEGUNDO: Se confirma la decisión impugnada.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial Región Central con Sede en Maracay, Estado Aragua, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declararse incompetente para conocer y decidir del presente recurso de cobro de prestaciones sociales, interpuesta por la profesional del derecho: Evelyn Arredondo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 109.332, actuando como apoderada judicial del ciudadano Daniel Alfonso Monsalve Mendoza, titular de la cédula de identidad N° V-11.384.189, contra la Sociedad Civil Consultores Técnicos y Profesionales Asociados y Gobernación del Estado Aragua. Segundo: Plantear conflicto negativo de competencia. Tercero: Remitir el expediente judicial ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a fin que conozca del Conflicto Negativo de Competenci.....

Sin lugar los recursos de apelación, el primero y el segundo, interpuestos, de forma separada, por las abogadas OMAIRA HENRÍQUEZ y MARIELBA CASTILLO ACOSTA, Defensora Pública Segunda (2ª) y Sexta (6ª), adscritas a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, respectivamente, contra decisión del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de fecha 14/09/2010; el tercero, ejercido por la abogada MILZYS BEATRIZ ROMERO, contra decisión del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de fecha 23/09/2010; el cuarto, por el abogado RUBÉN DARÍO LABASTIDAS, contra decisión del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de fecha 21/09/2010; y, el quinto, por el abogado ALÍ MANUEL GARCÍA, contra decisión del Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de fecha 14/09/2010. Confirman las recurridas.

Seguidamente, este Tribunal visto el acuerdo alcanzado entre las partes en el día de hoy, declara concluida la Audiencia Especial y deja expresa constancia que dicha acta es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes sin constreñimiento alguno, y en virtud de que dicho acuerdo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, se imparte en este acto la HOMOLOGACIÓN JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el Artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela DÁNDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA Y SE ORDENA EL CIERRE Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.-

Seguidamente, este Tribunal visto el acuerdo alcanzado entre las partes en el día de hoy, declara concluida la Audiencia Especial y deja expresa constancia que dicha acta es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes sin constreñimiento alguno, y en virtud de que dicho acuerdo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, se imparte en este acto la HOMOLOGACIÓN JUDICIAL de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, con el Artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el Artículo 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela DÁNDOLE EFECTO DE COSA JUZGADA Y SE ORDENA EL CIERRE Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.-