Es necesario precisar que al estar los Actos Administrativos revestidos de una presunción de legalidad, legitimalidad y certeza, de allí que gozan de ejecutoriedad y ejecutividad; resulta impretermitible revisar si están llenos los extremos para acordar la Solicitud de Suspensión de los Efectos interpuesta, dado que lo señalado constituye la regla. Ahora bien, en el caso en concreto, y revisados los argumentos formulados, se coloca a quien decide, en la situación de tener que analizar, elementos propios que constituyen el fondo del recurso, lo que le está vedado a este Juzgador por lo señalado supra; asimismo de que no se observa el cumplimiento de un requisito esencial para la procedencia de la suspensión de los efectos solicitada, cual es, la necesidad de dictar la medida, para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, en caso de declararse Con Lugar el Recurso, y además, de no haberse señalado en el caso de autos, en que consistirían los mismos, por e.....

este Tribunal Superior, observa, que acordar la Medida Cautelar solicitada por vía de Amparo, nos llevaría a inmiscuirse en cuestiones que corresponden al análisis del fondo del proceso principal; y además, constituiría adelantar opinión sobre el fallo definitivo que se emita en el presente recurso, amén de no evidenciarse la irreparabilidad o difícil reparación por la definitiva, en caso de ser declarado Con Lugar el presente recurso, por ello resulta IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada por vía del Amparo Cautelar. Así se decide

por lo que se hace forzoso declarar la Nulidad de la Sentencia de fecha 25 febrero de 2002 y el auto dictado en fecha 9 de julio de 2002, dictados por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, y por vía de consecuencia se ordena la Reposición de la Causa al estado en que se admita la presente Demanda por el procedimiento de demandas contra la República, cumpliendo las formalidades de Ley; no obstante advertírsele que para sucesivas demandas el procedimiento intimatorio no puede ser usado por ningún administrado cuando pretenda el cobro de sus pretensiones contra un ente de la administración pública, dado los privilegios y prerrogativas de que gozan estos, por estar involucrados intereses colectivos o difusos, además no debió oír la Apelación formulada por el Ciudadano Gonzalo Escobar, en su carácter de Apoderado Judicial de la Alcaldía del Municipio San Sebastián de los Reyes del Estado Aragua, en ambos efectos, si.....

En este sentido se observa, que si bien es cierto que la ciudadana ARLENE PINTO, fue transferida de la División de Inspección de Obras Contratadas al Departamento de Construcciones Ilegales, de la misma Dirección, según se evidencia y quedo demostrado en Oficio N° DDU-97-05, de fecha 03 de enero de 1997, suscrito por el entonces Director de Desarrollo Urbano, Ing. Antonio Dávila Garlotti, no se demuestra del documento up supra que el mismo constituyera un nuevo nombramiento o asignación de cargo, como lo señala la querellada, por lo que no puede este Sentenciador interpretar que la intención del administrador fuera la de reclasificar su status laboral de la querellante, en virtud del titulo de abogado obtenido por la ciudadana Arlene Pinto, para la misma fecha en que fue transferida de Departamento, visto que el ciudadano Director de Desarrollo Urbano, no tiene ni la cualidad, ni la competencia para decidir en materia de personal, menos aun otorgar nombramientos, competencia exclus.....