Siguiendo el mismo orden de ideas, en cuanto a la materia que nos corresponde, la Sala Político Administrativa de la Extinta Corte Suprema de Justicia, en innumerables decisiones, había determinado que el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no podía regir en los juicios de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares o generales, pero posteriormente dicha Sala, en sentencia N° 207 de fecha 11 de marzo de 1999, caso Cristalería San Martín C.A., consideró aplicable al recurso de nulidad contra actos administrativos, la perención breve contemplada en el Ordinal 1° del Artículo 267 en comento; criterio este, que más tarde fuera compartido por la Sala Constitucional en sentencia de fecha 26 de Enero de 2001, con Ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, Exp N° 00-1919, sentencia N° 0052. Y actualmente la misma Sala Político Administrativa, en sentencia N° 2005-2902 de fecha 12 de mayo de 2005, caso Gonzalo Montilla contra la Alcal.....

Es por tales motivos que es ostensible la motivación escasa del acto administrativo, lo que da lugar a la afectación de la causa de la manifestación de voluntad administrativa impugnada, y a la consiguiente nulidad absoluta del mismo, pues, no puede conocer el particular destinatario de la sanción los motivos por los cuales la Administración a la cual estaba directamente ligado asumió como constatadas las faltas administrativas imputadas. Así se decide.

a juicio de quien decide, que la motivación del acto mediante el cual remueven al recurrente está ajustada a derecho, pues se le indicaron las razones jurídicas o fundamento de derecho, como fue indicar lo establecido en los artículos 20 y 21 en concordancia con el Artículo 53 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que no le permiten aducir en esta instancia elementos que llevaran a la convicción contraria a quien decide de no ser funcionario de libre nombramiento y remoción utilizando para ello el Manual Descriptivo de Cargo, por lo que el acto contentivo de la remoción fue dictado por el Contralor General del Estado Aragua, que de acuerdo a las atribuciones previstas en los numerales 1, 4 y 16 del artículo 10 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado Aragua, el Contralor puede designar y remover al personal de libre nombramiento y remoción, y por cuanto el mismo se encuentra ajustado a derecho, ya que en el caso subjudice resulta innecesario la tramitación.....

este Tribunal Superior, declara DESISTIDO EL RECURSO DE NULIDAD interpuesto por el ciudadano: LEONEL MORENO PEÑALOZA, debidamente asistido de abogado; contra el Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa de fecha 26 de mayo de 2006, que se encuentra inserta en el Expediente N° o43-05-01-04615 de nomenclatura interna llevada por la Sala de Inamovilidad de la Inspectoría del Trabajo del estado Aragua, con sede en Maracay, conforme a lo ordenado en el referido auto. Se ordena agregar a los autos formando folios útiles, el cartel de citación, así como los Oficios signados con los Nros. 2064-07,2065-07 y 2066-07, respectivamente, se ordenándose Archivar el Expediente en su oportunidad.

Es necesario precisar que al estar los Actos Administrativos revestidos de una presunción de legalidad, legitimalidad y certeza, de allí que gozan de ejecutoriedad y ejecutividad; resulta impretermitible revisar si están llenos los extremos para acordar la Solicitud de Suspensión de los Efectos interpuesta, dado que lo señalado constituye la regla. Ahora bien, en el caso en concreto, y revisados los argumentos formulados, se coloca a quien decide, en la situación de tener que analizar, elementos propios que constituyen el fondo del recurso, lo que le está vedado a este Juzgador por lo señalado supra; asimismo de que no se observa el cumplimiento de un requisito esencial para la procedencia de la suspensión de los efectos solicitada, cual es, la necesidad de dictar la medida, para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, en caso de declararse Con Lugar el Recurso, por ello resulta IMPROCEDENTE acordar la Solicitud de Suspensión de Efectos interpuesta.

por lo que efectivamente a juicio de quien decide y de acuerdo a los montos recibidos, se desprende que el intimante tiene derecho a percibir un monto o cantidad distinta a la recibida por tal proceso, cantidad ésta que debe ser tasada de acuerdo al derecho de retasa que tiene los entes publico, de acuerdo a criterios jurisprudenciales de la Sala Político Administrativa, que ordena aplicar los privilegios que posee la nación fundamentándolo en el artículo 26 de la ley de abogados, 97 de la Ley Orgánica de la Administración publica en concordancia con el articulo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y así se decide.

este Juzgador observa que la presente causa se encuentra paralizada desde esa fecha, sin que conste en autos que las partes hubiesen realizado actuación alguna para su impulso. Habiendo superado con creces el lapso de 6 meses, sin que se verificara actuación alguna de Impulso Procesal; siendo así se hace necesario señalar que en el caso de autos nos encontramos con la paralización de la causa, producto de la falta de actividad de los sujetos procesales en las oportunidades en que tenía que actuar lo que nos lleva a declarar el ABANDONO DEL TRAMITE, criterio jurisprudencial reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia entre ellos uno de fecha 06-06-2001(caso: José Vicente Arenas Cáceres) Nro. Sentencia 982, donde entre otros particulares acento; El Abandono del tramite expresa una conducta indebida del actor en el proceso ,puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia , una vez iniciado el proceso una parali.....