Como quiera ha sido evidenciado de autos, la mora por parte de la Administración en el pago de lo adeudado por concepto de Prestaciones sociales y otros conceptos laborales, adeudadas a la parte querellante, se hace necesario para esta Juzgadora, de conformidad con el Artículo 92 de la Constitución de la República de Venezuela, declarar procedente la cancelación de los mismos correspondiente al período que va desde el 30 de marzo de 2006 (exclusive) hasta el pago efectivo. A los fines de determinar lo adeudado en concepto de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales se ordena practicar una Experticia Complementaria del Fallo, conforme a lo dispuesto en los Artículos 249 y 455 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de determinar con exactitud el monto de Prestaciones Sociales generados a favor del recurrente por sus años de servicios prestados para la Administración Pública. Así se decide.

En conclusión, por cuanto no ha sido planteado el Recurso de Queja, previsto en el Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Superior declara que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer de la Denuncia en los términos presentados en contra de la Ciudadana Dra. Mary Fernández Paredes, en su carácter de Jueza Tercera de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, por las imputaciones de irregularidades presuntamente cometidas en el curso del trámite del juicio que por Resolución de Contrato de Arrendamiento, interpusieran las ciudadanas: Concetta Sanzo de Renza y Nicolina Renza Sanzo, contra la Sociedad Mercantil Comercial Franzese, C.A., (COFRANCA). Toda vez que la jurisdicción competente para conocer es la Jurisdicción Administrativa Disciplinaria que está a cargo de los órganos adscritos al Tribunal Supremo de Justicia; por lo que se insta a la parte denunciante dirigirse al ente competente, a los fines de que si a .....

Este Tribunal Superior ante ello advierte, que esta condición de procedencia de la medida cautelar, quedado comprendida genéricamente en la frase: "...cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia...."(Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil); por lo que a criterio de esta Juzgadora, en el presente caso no se advierte elemento probatorio alguno que le haga presumir, la existencia de posibles hechos, acciones y estrategias por parte de la demandada durante el iter procedimental a seguir, que puedan burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada, en el caso de que esta sea favorable a la pretensión de la parte demandante; y máxime tomando en consideración la naturaleza del ente demandado; lo que nos lleva a concluir que en el presente caso, no podemos afirmar que se haya dado la presunción del buen derecho, por lo cual se considera improced.....

Los argumentos de hecho antes expuestos permiten afirmar que la acción propuesta de conformidad con el dispositivo del párrafo 6 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela (2004), deviene en inadmisible por Ausencia de Documento Fundamental, toda vez que de la revisión que se realizo a las actas procesales especialmente al escrito libelar y a los documentos anexos se evidencia que el accionante no consignó el acto administrativo que identificó como Acta y sobre el cual plantea a este Tribunal Superior se revise la legalidad . El incumplimiento de este requisito esencial general la aplicación de la causal de inadmisibilidad referida a la prohibición expresa de ley, consagradas en el párrafo 6 del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que emerge del acatamiento del dispositivo contenido en el párrafo 10 del artículo 21 ejusdem, en el cual se preceptúa en.....

Siguiendo el mismo orden de ideas, en cuanto a la materia que nos corresponde, la Sala Político Administrativa de la Extinta Corte Suprema de Justicia, en innumerables decisiones, había determinado que el Ordinal 1° del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, no podía regir en los juicios de nulidad de los actos administrativos de efectos particulares o generales, pero posteriormente dicha Sala, en sentencia Nº 207 de fecha 11 de marzo de 1999, caso Cristalería San Martín C.A., consideró aplicable al recurso de nulidad contra actos administrativos, la perención breve contemplada en el Ordinal 1° del Artículo 267 en comento; criterio este, que más tarde fuera compartido por la Sala Constitucional en sentencia de fecha 26 de Enero de 2001, con Ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, Exp. Nº 00-1919, sentencia Nº 0052; siendo que en los actuales momentos, la misma Sala Político Administrativa, en sentencia Nº 2005-2902 de fecha 12 de mayo de 2005, caso Gonzalo .....

Es por tales motivos que esta juzgadora debe considerar que hubo prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido y fueron infringidos los dispositivos legales contemplados en los artículos 9 y 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que establecen la necesidad de la motivación del acto administrativo, todo lo cual afecta perjudicialmente el derecho a la defensa del querellante, quién no tiene la posibilidad de conocer cuales razones determinaron su remoción del cargo que ocupaba; lo que determina la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado, contenido en la Resolución N° 005/2006, de fecha 12 de diciembre de 2006, de conformidad con lo contemplado en el artículo 19, ordinal 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en razón de la omisión de una formalidad esencial para la validez del acto administrativo como lo es la motivación del acto, aunado a la violación de un imperativo constitucional como lo es el derecho a la defe.....