Es necesario precisar que al estar los Actos Administrativos revestidos de una presunción de legalidad, legitimalidad y certeza, de allí que gozan de ejecutoriedad y ejecutividad; resulta impretermitible revisar si están llenos los extremos para acordar la Solicitud de Suspensión de los Efectos interpuesta, dado que lo señalado constituye la regla. Ahora bien, en el caso en concreto, y revisados los argumentos formulados, se coloca a quien decide, en la situación de tener que analizar, elementos propios que constituyen el fondo del recurso, lo que le está vedado a este Juzgador por lo señalado supra; asimismo de que no se observa el cumplimiento de un requisito esencial para la procedencia de la suspensión de los efectos solicitada, cual es, la necesidad de dictar la medida, para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, en caso de declararse Con Lugar el Recurso, por ello resulta IMPROCEDENTE acordar la Solicitud de Suspensión de Efectos interpuesta.

De este modo, en el presente proceso este Juzgador no podrá analizar si la administración demandada actuó conforme a derecho al omitir otorgarle la buena pro al actor, sin analizar la juridicidad del acto administrativo que en definitiva otorgó la buena pro. Así se decide. Así las cosas, no constando en autos la interposición de recurso administrativo ni jurisdiccional en contra de la decisión que otorga la buena pro al otro licitante; aunado a la no constancia en autos del mencionado acto administrativo, deberá quién juzga declarar sin lugar la presente reclamación judicial, pues, el actor pide le sean resarcidos daños causados por una omisión de otorgamiento de buena pro que fue concedida a otro licitante, ésta última que en el mundo del derecho no ha resultado invalidada ni anulada, por lo cual resulta obvio omitir el examen de los elementos de juicio hechos valer por la parte recurrida y que se atienen a la validez del acto administrativo que concedió en definitiva la buena pro. A.....

Ahora bien, siendo una realidad fáctica forzosamente dirige a este Juzgador a establecer que operó plenamente la caducidad de la pretensión que se atribuía la Ciudadana: Ana Margarita Marrero Suárez, para exigir judicialmente el restablecimiento de los derechos funcionariales que alegó y que le correspondían, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el Artículo 94 ejusdem, quién decide declara la Caducidad, esto es la Inadmisibilidad de la presente pretensión, todo en resguardo del principio de la seguridad jurídica; tal como ha sido reiterado por nuestro más alto Tribunal, mediante Sentencia de fecha 03 de Octubre de 2006, Exp. N°. 06-0874, con Ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Así se decide