Este Tribunal por imperio de lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplica la jurisprudencia ut supra transcrita al presente caso, y siendo que de la revisión efectuada al instrumento poder cursante a los folio 6 y 7 del presente expediente se pudo constatar que el ciudadano ALVARO ENRIQUE HERNANDEZ GIL, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 69.155, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, aún cuando tienen facultad expresa para desistir, no tienen capacidad para disponer del objeto y del derecho en litigio por cuanto no le fue conferida expresamente dicha facultad; razón por la cual este Tribunal NIEGA la homologación del desistimiento del procedimiento efectuado en la diligencia de fecha 21 de Septiembre de 2.009, por el mencionado apoderado judicial de la parte demandante. ASI SE DECIDE.

III DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara lo siguiente: PRIMERO: SIN LUGAR las cuestiones previas contenidas en los ordinales 3º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuestas por la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil COMERCIAL RIO COLORADO, C.A. SEGUNDO: CON LUGAR la cuestión previa contenida en el ordinal 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuestas por la representación judicial de la parte demandada, sociedad mercantil COMERCIAL RIO COLORADO, C.A. TERCERO: Como consecuencia del particular anterior, SE SUSPENDE el proceso hasta tanto no se resuelva el asunto que constituye la cuestión prejudicial y conste en autos dicha resolución. CUARTO: Dada la naturaleza del f.....

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la demanda que por DESALOJO sigue PEDRO JAVIER DEL CORRAL AVELLAN y MISSIEL DEL CORRAL AVELLAN contra FERNANDO ALBERTO SCROCIO DE BRITO y FANNY BETTY BRITO ESTRADA, ambas partes identificadas en autos. SEGUNDA: Se condena a la parte demandante al pago de las costas, por haber sido vencido en la litis, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada de conformidad con lo preceptuado en el artículo 248 eiusdem. Habiendo sido dictado el presente fallo fuera del lapso para dictar sentencia, se requiere la notificación de las partes.

este Tribunal decreta MEDIDA DE SECUESTRO

Por lo que, si bien es cierto, que los vehículos deben ser registrados ante el Instituto Nacional de Transporte y Transito Terrestre (INTTT), la transmisión de la propiedad de los mismo se hace ante una Notaría y posteriormente ante el INTTT, a diferencia de los bienes inmuebles, que para que la trasmisión de la propiedad surta efecto erga omnes, debe tramitarse la misma ante el Registro Público respectivo y sobre los cuales si son aplicables o procedentes las medidas de Prohibición de Enajenar y Gravar y así se decide. Por todas las argumentaciones que se han dejado extendidas este Tribunal NIEGA la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar y así se decide.

A través de SENTENCIA DEFINITIVA se declaró CON LUGAR la demanda que por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO interpusiera la ciudadana JUANA MARI DE GONZALEZ contra el ciudadano FARIDT PERDOMO YUNDA. En consecuencia, se declaró resuelto el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes el día 10 de febrero de 2003, por ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador, anotado bajo el No. 51, Tomo 15, por un inmueble identificado como apartamento N° 21, piso 5, del edificio ARGUI, situado en la avenida Los Jabillos, Sabana Grande, Municipio Libertador, el cual deberá entregar la parte demandada a la parte demandante. Igualmente, se condenó a la parte demandada a pagar a la actora, la cantidad de Dos Mil Cien Bolívares (Bs. 2.100,oo) equivalente a la cantidad dejada de pagar por los cánones correspondiente a los meses las pensiones correspondiente a Diciembre de 2007. Conforme al artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condenó en costas a la demandada.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, en atención y aplicación de los artículos 12, 29 al 39, 69, 242, 243, del Código de Procedimiento Civil, así como de la Resolución Nº 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, declara: PRIMERO: Su Incompetencia para conocer de la presente demanda. SEGUNDO: Declina su competencia por la cuantía a los Tribunales de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, empleando una razón de economía procesal, evitando la inseguridad del juicio y asegurando a la vez la igualdad de las partes en el proceso, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en un Juzgado de Municipio de esta Circunscripción Judicial (que corresponda por distribución), al que se ordena remitir el presente expediente junto con oficio.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se evidencia que el motivo de la presente demanda es el cobro de bolívares derivado de letras de cambio, es el caso que la parte actora consignó copias simples de las mismas y no sus originales, siendo éstas los documentos fundamentales de su demanda, por lo que este Tribunal en conformidad con lo dispuesto en los artículos 341 en concordancia con el ordinal 6º del artículo 340 ambos del Código de Procedimiento Civil, actuando en sede mercantil, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la demanda que por COBRO DE BOLÍVARES incoara la ciudadana GAUDYS TOMASA RAMÍREZ SUÁREZ contra el ciudadano OCTAVIO RAFAEL NERI DAVILA. Asi Se Decide.

DISPOSITIVO Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de COBRO DE BOLIVARES interpuesta por C.A CENTRAL BANCO UNIVERSAL, en contra del ciudadano ANTONIO TUZZO PETRUSO en su carácter de obligado principal, en consecuencia, se CONDENA a la parte demandada en lo siguiente: PRIMERO: Pagar la cantidad de TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO BOLIVARES EXACTOS (Bs. 13.055,oo), cantidad esta que comprende el capital y los intereses retributivos y de mora. SEGUNDO: Sin lugar la corrección monetaria TERCERO: No hay condenatoria en costas por cuanto no existe vencimiento total de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento civil. CUATRO: Por cuanto la presente sentencia se dicta fuera del lapso, se .....