De las actas procesales se constata que el auto dictado en fecha 29 de enero de 2.010 equivalente al decreto intimatorio, no incluyó la corrección monetaria peticionada en el libelo de la demanda, circunstancia que hizo surgir en la actora su derecho a apelar del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 661 ejusdem, lo cual no aconteció en el caso que se analiza, de tal suerte que; el lapso para intentar cualquier recurso contra el mismo, se encuentra totalmente precluido. Aunado a lo anterior debe señalarse, que el auto que declara firme el decreto intimatorio es equiparable a una sentencia que con la declaratoria de firmeza, adquiere carácter de cosa juzgada y que como tal no puede ser revocada por el mismo Tribunal que la dictó, razón por la cual se hace forzoso para el Tribunal negar lo solicitado en este sentido, por no estarle dado al Tribunal revocar sus propias decisiones. Así se decide.

Por las argumentaciones que se han dejado extendidas, este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley imparte la HOMOLOGACION A LA TRANSACCION celebrada en fecha 26 de julio de 2012, teniendo la referida transacción la misma fuerza que la cosa juzgada.