este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, oye la misma en un solo efecto

En virtud de todo antes lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el articulo 263 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal, HOMOLOGA el desistimiento realizada por el abogado Carlos Miguel Marin, inscrito en el inpreabogado Nº 51.299, asistiendo a la ciudadana Segunda Anaya parte actora en el juicio que por Resolución de Contrato le sigue al ciudadano José Redwan Abou- hassoun, dándosele el carácter de cosa Juzgada.

Ante la presunta pérdida del interés procesal por parte de la parte actora, y la falta de recaudos que impide a este juzgador revisar sobre la admisibilidad de la demanda, por aplicación analógica del artículo 19, numeral 5º de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debe declararse TERMINADO este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo y así se decide.

PRIMERO: DECRETAR MEDIDA DE SECUESTRO, sobre el bien que se detalla a continuación: "Dos locales signados con los números 4 y 7, ubicados en el Edificio ORIOL, situado en la Calle El Progreso de la Urbanización Las Acacias, Caracas, Municipio Libertador del Distrito Capital". SEGUNDO: A los fines de la práctica de la medida, se comisiona amplia y suficientemente con facultades para sub- comisionar al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Provéase lo conducente. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

Por los razonamientos de hecho y derecho que preceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE IN LIMINI LITIS LA PRESENTE ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesta por el ciudadano CARLOS EDUARDO SANCHEZ GONZALEZ contra VIALIDAD Y CONSTRUCCIONES SUCRE S.A, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 3.903 de fecha doce (12) de septiembre de 2005. ASÍ SE DECIDE.

INADMISIBLE.

SIN LUGAR el recurso de amparo constitucional interpuesto por los abogados LUISA AMELIA CARRIZALEZ y VICTOR RAUL ESCRIBENS CARRIZALES, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los No. 534 y 19.905, actuando en representación de la firma mercantil DISTRIBUIDORA MAKALY, C.A., en contra de las decisiones dictadas en fechas 21 y 28 de febrero de 2008, por el Juzgado Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas. No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

V DISPOSITIVO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Séptimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por virtud de la autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE en derecho la pretensión de DESALOJO interpuesta por la ciudadana RITA MARÍA DE ABREU DE ABREU, contra la ciudadana GILMA ANGÉLICA FERNÁNDEZ MORALES, ambas identificadas en la sentencia. SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la parte demandada, que entregue a la actora el inmueble objeto del contrato de arrendamiento, constituido por un local comercial para exhibición de cerámica y un apartamento anexo para depósito ubicado en la calle real de Pueblo Nuevo, No. 28, Planta Baja, Parroquia Antímano del Municipio Libertador del Distrito Capital. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada en virtud de haber resultado totalmente vencida en el juicio, ello de .....

declara: SIN LUGAR la cuestión previa contenida en los ordinales 1º del artículo 346 de Código de Procedimiento Civil, relativa a la incompetencia del Juez en razón de la cuantía.

Se declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la citación del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento.