Vista la solicitud de ENTREGA MATERIAL presentada por las abogadas MARYORI RODRIGUEZ GEDLER y GLORICEL JIMENEZ, inscritas en el Inpreabogado bajo el Nos. 66.831 y 91.767, actuando como apoderadas judiciales de la ciudadana DINORAH VALERO ROMANO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, de estado civil soltera y titular de la cédula de identidad No. V-9.840.021; el tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 929 del Código de Procedimiento Civil, la admite cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia se acuerda notificar a los vendedores HECTOR MORILLO YANEZ y CAROLINA VALDIVIESO, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.172.368 y V-16.283.413 respectivamente; para que se verifique la ENTREGA MATERIAL del bien vendido constituido por: Un apartamento destinado a vivienda, distinguido con el No. 0905, ubicado en el Edificio No. 01, situado en la Planta Novena del mencionado edificio, Bloque 24 del Conjunto Reside.....

Este Tribunal, acogiendo el criterio contenido en la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de diciembre del año 2009 por medio de la cual establece "...las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio " DECLINA LA COMPETENCIA a los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en virtud de haberse recibido la presente causa en fecha posterior a la emisión de la referida resolución, remítase el presente expediente bajo oficio al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circu.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO en base al Artículo 185-A de los ciudadanos OMAIRA SANOJA y JOSE LUIS BLANCO, ambos suficientemente identificados, y en consecuencia, disuelto el vínculo que los une en virtud del matrimonio celebrado en fecha 13 de abril de 1987, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Macarao, Municipio Libertador del Distrito Federal, según consta de Acta Nº 49 todo de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil

Este Tribunal, acogiendo el criterio contenido en la sentencia emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de diciembre del año 2009 por medio de la cual establece "...las apelaciones que se propongan contra las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial, a la que pertenece el Juzgado de Municipio". DECLINA LA COMPETENCIA a los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en virtud de haberse incoado la presente demanda en fecha posterior a la emisión de la referida Resolución. Remítase el presente expediente bajo oficio al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Cir.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de un año de inactividad de las partes conforme lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.