Como consecuencia de dichas circunstancias, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y dando estricto cumplimiento a lo ordenado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precedentemente transcrita, se dispone lo siguiente: PRIMERO: Notifíquese inmediatamente a la Procuraduría General de la República, mediante oficio acompañado de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca de este asunto.- SEGUNDO: Se ordena la suspensión de esta causa por un lapso de noventa (90) días continuos, el cual comenzará a transcurrir a partir de la fecha en que conste en autos las resultas de la notificación ordenada en el punto anterior.- TERCERO: Líbrese oficio, una vez que la parte interesada proceda a consignar los fotostatos correspondientes para que, luego de su certificación, sean remitidos a la Procuraduría General de la.....

La presente corrección se hace de conformidad con lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y con respaldo a la sentencia de fecha 16 de junio de 2006, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasqueño. Téngase la presente aclaratoria como parte integral del fallo dictado por este Tribunal en fecha 04 de julio de 2013.

En tal virtud, este Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 585, en concordancia con el artículo 588 ordinal 1, ambos del Código de Procedimiento Civil, decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada, la sociedad mercantil RESPONSABLE DE VENEZUELA C.A., domiciliada en el Estado Miranda, constituida según documento inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 12 de abril de 1960, bajo el No. 7, tomo 16-A, siendo su última modificación la efectuada mediante documento inscrito ante la citada Oficina de Registro, el 25 de may de 2006, bajo el No. 62, tomo 94-A-Sgdo., y el ciudadano VICTOR BRICEÑO BETANCOURT, venezolano, mayor de edad, con domicilio en Guatire, Estado Miranda, titular de la cédula de identidad No. V-3.741.238, hasta cubrir la suma de CATORCE MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SETENTA BOLIVARES CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 14.126.070,83), que compre.....

Por las razones antes expuestas este Tribunal, actuando en sede constitucional, en nombre da la República y por autoridad de la Ley, actuando en sede constitucional, en nombre da la República y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR el recurso de amparo constitucional propuesto por JUAN CARLOS FEBRES NEGRIN contra MARISOL GARCIA, en consecuencia, PRIMERO: Se ordena a la presunta agraviante MARISOL GARCIA a restituir en el uso y goce pacifico del inmueble arrendado, constituido por el apartamento distinguido con la letra y numero C-146, piso 14 del Edificio "C" del Conjunto "EL Ble" "Tinoco o Santa Fe", prolongación Avenida José Maria Vargas en la urbanización Santa Fe Norte en Jurisdicción del Municipio Baruta del Estado Miranda, al ciudadano Juan Carlos Febres Negrin, hijo de la arrendataria fallecida ciudadana Marisol García y en consecuencia a entregarle dicho inmueble libre de bienes y de personas. SEGUNDO: Se condena a la parte agraviante al pago de las costas del priceso, .....

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADA LA TRANSACCION de fecha quince (15) de mayo de 2013, suscrita por una parte por el abogado JUAN MANUEL RAFFALLI, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 26.402, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y por la otra, la abogada ELIANA SELLONE DE BRACHO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 70.754, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil.