Previa revisión y estudio efectuado a las actas que conforman el presente expediente, especialmente las que rielan a los folios 04 al 16 las cuales están referidas a las copias simples de las actas procesales que presentó la Agraviada; este juzgador superior constata la afirmación del A-quo y efectivamente infiere que: a) que la acción de amparo fue ejercida sin que conste en autos, haberse agotado las vías o procedimientos ordinarios existentes, que resultan ser expeditos para conocer los supuestos derechos constitucionales conculcados y las circunstancias fácticas expresadas en la solicitud de amparo, constituyéndose esas vías ordinarias en mecanismos suficientes para el restablecimiento de la situación planteada. b) que según el petitorio se demanda para que se suspenda la medida de desalojo dictada por el Juzgado de la causa, denunciando omisiones y aplicación de normas de rango legal y no constitucional, para lo cual están establecidos procedimientos acordes al asunto planteado......

No obstante lo anterior, se aprecia tal y como lo denunció la Querellante, que no consta en autos que la aparente decisión de remoción hubiere sido adoptada previo cumplimiento del procedimiento legalmente establecido; pues no consta en autos el Informe Técnico que justificó la medida, ni la opinión de la Oficina Técnica competente, ni el resumen del expediente de cada funcionario cuyos cargos se proponían eliminar. Por otra parte, se contradijo el Síndico Municipal cuando afirmó que la Querellante era funcionario de libre nombramiento y remoción, por lo cual el Alcalde podía ordenar su remoción; si ello era así, ¿para qué motivó el acto de remoción con fundamento en la reestructuración?. En conclusión, la remoción tal y como fue planteada en el acto notificatorio, está viciada de nulidad por haber sido dictada con prescindencia absoluta de procedimiento legalmente establecido. Así se decide. b.) Decidido lo anterior, es decir, la nulidad del acto de remoción, resultar improcedente a.....

Al respecto, en consideración al antes referido carácter extraordinario del amparo constitucional, se observa que el Accionante puede ver restablecida la situación jurídica presuntamente infringida, mediante un mecanismo procesal ordinario; por lo cual, comparte este juzgador el criterio del A-quo al señalar que entre ellos, se destacan el procedimiento especialísimo previsto en el Decreto Con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; el previsto para los Interdictos Posesorios, los cuales resultan ser medios idóneos, eficaces y breves de protección. En consecuencia, el accionante no puede intentar un amparo constitucional, para protegerse frente a unas actividades o conductas desplegadas por la representación legal de la firma mercantil señalada como presunto agraviante, quien según alegó el solicitante, le impide la entrada al inmueble objeto de arrendamiento, puesto que existen dentro del ordenamiento jurídico procesal diversas vías y/o procedimientos más expeditos y e.....