Se dictó auto que ordenó la admisión de las pruebas promovidas por los apoderados demandados. En relación al merito favorable de los autos y las documentales promovidas este Juzgado las admitió por cuanto las mismas, no resultan manifiestamente ilegales o impertinentes, salvo su apreciación que se pronunciará en la sentencia definitiva. En lo referente a la pruebas de informes, este Juzgado la admitió, se ordenó oficiar a la Junta Liquidadora del Banco Canarias de Venezuela, a fin de que se sirva a informar lo requerido en el particular V. Igualmente, se ordenó librar copia certificada del escrito de pruebas presentado a fin de que sea anexada al oficio. Finalmente, en lo que se refiere a la prueba de informes solicitada en el escrito consignado en fecha 17 de mayo de 2012, este Juzgado negó la admisión de la misma, por cuanto lo pretendido puede satisfacerse por otro medio. En esta misma fecha se instó a la parte proceda con la consignación de los fotostatos requeridos.

Se declaró NULAS todas las actuaciones ocurridas en el presente juicio a partir del día 16 de marzo de 2012 (fecha en que comenzó a correr el lapso de promoción de pruebas), inclusive y se REPUSO LA CAUSA al estado de que comience a correr el lapso previsto en el Artículo 396 del Código de Trámites, a fin de que, tanto la defensora designada, así como las partes promuevan las pruebas que consideren convenientes. Se ordenó notificar a las partes y no hubo condena en costas.-

Se acuerda SUSPENDER la MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR decretada en fecha veintitrés (23) de diciembre de 1.997, y participada al Registrador Subalterno del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, con oficio N° 1397, de esa misma, la cual pesa sobre el siguiente inmueble: "¿Un apartamento distinguido con el número y letra 6-D, situado en la sexta planta, que forma parte del Edificio Residencias Orituco, ubicado en el Boulevar El Cafetal, de la Urbanización Chuao, Jurisdicción del Municipio El Cafetal, Distrito Sucre del Estado Miranda..."

En tal sentido, quien aquí suscribe, en aras de una tutela judicial efectiva y velar por el debido proceso que constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia, y uno de los principios que debe regir el desarrollo del proceso, a los fines de mantener incólume y en plena vigencia el principio del derecho a la defensa, y el debido proceso preceptuado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone que el Estado debe garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, ordena la notificación del ciudadano JESUS LEONARDO ROMERO MORALES, en su carácter de partidor, para que en un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su notificación presente un informe con estricto cumplimiento a todas y cada una de las formalidades que debe contener el escrito de partición, de contenido justo y equitativo, .....