III DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda de cumplimiento de contrato intentada por el ciudadano ERIC DANIEL GRANADILLO YANEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-7.235.695, domiciliado en la Urbanización La Casona II, Calle 17, Casa N° 11, Maracay, estado Aragua., contra de la Sociedad Mercantil EMPRESA ÚNICA DE GARANTÍAS II, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de Maracay, estado Aragua, en fecha 09 de febrero de 2007, bajo el N° 69, Tomo 8-A. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandante, por haber resultado totalmente vencida, conforme lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese y déjese copia del presente fallo. Dada, f.....

Por otra parte, observa quien decide que el demandante tampoco aportó algún medio de prueba que evidencie la presunción grave del peligro de infructuosidad del fallo. Por lo tanto, mal podría este Juzgador decretar una medida de prohibición de enajenar y gravar en la que no estén llenos los extremos de ley que las justifiquen. En consecuencia, no le queda más a este Tribunal que declarar IMPROCEDENTE, la medida solicitada. Y así se decide. EL JUEZ TITULAR, ABG. RAMÓN CAMACARO PARRA. EL SECRETARIO, ABG. ANTONIO HERNÁNDEZ RCP/AH/D¿Y.- EXP. N° 14.172.

Es conveniente precisar que, el Juez es el Director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, tal como lo ordena el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, garantizando el derecho de defensa de las partes, manteniendo a éstas en todos los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencias ni desigualdades, sin que puedan permitir ni permitirse extralimitaciones de ningún genero (artículo 15 ejusdem), que es obligación de este Juez Agrario en procura de la estabilidad del juicio, evitando o corrigiendo la falta que pueda anular cualquier acto procesal (artículo 206 del Código de Procedimiento Civil), salvaguardando así la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y el debido proceso, resguardados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con el firme propósito de sanear el proceso y evitar una reposición posterior, que viole o menoscabe el principio de celeridad procesal que debe prevalecer en toda actuación e intervención de .....