En conclusión, demostrada como ha quedado la retención injustificada de fondos presupuestarios que corresponden al órgano legislativo del Estado Guárico, por parte del Secretario de Administración y Finanzas del Ejecutivo de la misma entidad federal, ahora respecto a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2003; la Acción de Amparo Constitucional resulta procedente respecto a ellos. Así se declara. En cuanto a los montos correspondientes al mes de diciembre de 2003, se debe declarar la amenaza cierta por inmediata, posible y realizable por el imputado, ello debido a lo reiterado, persistente y continuo de su actitud; por lo cual a los fines de reestablecer la situación jurídica infringida se ordena al SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL EJECUTIVO DEL ESTADO GUÁRICO, Ciudadano CARLOS MANUEL ARVELÁIZ GONZÁLEZ, hacer entrega inmediata al CONSEJO LEGISLATIVO ESTADAL de los fondos que tiene retenido y que están bajo su custodia; y, en su oportunidad los que recibiere, lo cu.....

En consecuencia, establecido como quedó que la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo de Maracay, en fecha 12 de junio de 2003 es un acto definitivo que adquirió firmeza, y que efectivamente la persona jurídica señalada como presunto agraviante, se niega a cumplir la orden administrativa dictada; encuentra este juzgador en el presente caso, elementos suficientes que evidencien la conducta contumaz de la institución a no acatar la orden de reenganche. En conclusión, determinado que el acto administrativo que sirve de fundamento a la acción de amparo constitucional propuesta y cuya ejecución se solicita, es un acto definitivo; y precisado que el mismo adquirió firmeza por el transcurso del tiempo establecido para ejercer los recursos de impugnación respectivo, sin que conste en autos su ejercicio; y verificado el incumplimiento del patrono obligado a reengancharlo; este Tribunal Superior al igual que opinó el representante del Ministerio Público, debe declar.....

En conclusión, determinado que los actos administrativos que sirven de fundamento a la acción de amparo constitucional propuesta y cuyas ejecuciones se solicitan, son actos definitivos; y precisado que los mismos adquirieron firmeza por el transcurso del tiempo establecido para ejercer los recursos de impugnación respectivos, sin que conste en autos su ejercicio, o cualquier otra circunstancia que permita a este juzgador declarar que no están firmes; y verificado como ha quedado que las decisiones administrativas dictadas no han sido ejecutadas o de alguna manera convenido arreglo alguno entre las partes que ponga fin al conflicto laboral planteado; este Tribunal Superior al igual que opinó el representante del Ministerio Público ¿en virtud del incumplimiento de la Providencia¿ y ante la factible inejecución; debe declarar con lugar la solicitud interpuesta, dejando a salvo la impugnación por el vicio de inconstitucionalidad alegado por la firma mercantil accionada, o cualquier otro q.....