De los recaudos antes analizados, en concordancia con los alegatos expuestos por el solicitante de la medida, considera este órgano jurisdiccional que se encuentran llenos los extremos de ley para su decreto. En consecuencia, de conformidad con el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, se decreta medida de secuestro sobre el inmueble arrendado, identificado con el número y letra 1-B, ubicado en la segunda avenida, Residencias Lina, piso 1, Urbanización Montalban II, La Vega, Municipio Libertador del Distrito Capital.” Es el caso que, como se asentó precedentemente los motivos por los cuales fue decretada la medida de secuestro no encontraron resistencia de la parte contra la cual se ejecutó, por lo que este Juzgado debe tener como admitidos los presupuestos para su procedencia, ya que la parte demandada, aun cuando fue debidamente citada en la causa principal a través de su defensora judicial, no compareció a ejercer oposición a la medida. Tal omisión se hizo extensiva .....

En consecuencia, conforme a lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, le imparte su homologación a la transacción celebrada por las partes, en fecha diecisiete (17) de marzo de 2009, acordándose proceder en este acto como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Publíquese y regístrese la anterior decisión.

En razón de lo anterior, resulta forzoso para quien decide declarar que ha operado de pleno derecho la perención de la instancia; y así se declara. DECISIÓN Conforme a lo expuesto, resulta evidente que habiendo transcurrido el lapso previsto en el indicado ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, se ha consumado de pleno derecho la perención y, en consecuencia, se ha extinguido la instancia en el presente proceso, lo cual declara este Juzgado Primero de Municipio, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

En base a tales razones, este órgano jurisdiccional se abstiene de pronunciarse sobre defensas de fondo invocadas por el demandado, hasta tanto conste en autos el pronunciamiento de la cuestión prejudicial antes señalada. Así se decide. No hay condenatoria en costas, vista la naturaleza de la decisión.