"...Por todo lo antes expuesto, se debe concluir en lo siguiente, el artículo 334 primer aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atribuye a todos los Jueces de la República la obligación de asegurar la integridad de la Constitución siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo texto fundamental, lo que se traduce en el deber de ejercer, aún de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver por esta vía, los conflictos o colisiones que puedan presentarse por cualquier causa, entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones constitucionales, en cuyo caso deben aplicar preferentemente estas últimas. Siendo ello así, este Tribunal en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, inaplica el literal "g" del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por las razones expuestas en el presente fallo, .....

"...Siendo ello así, este Tribunal en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, inaplica el literal "g" del artículo 647 de la Ley Orgánica del Trabajo, por las razones expuestas en el presente fallo, en consecuencia, una vez quede definitivamente firme esta decisión, se ordena remitir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, copia certificada de la misma, así como de las actuaciones contenidas en el presente expediente, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 336 ordinal 10 de nuestra Carta Magna, que establece: "Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: ........... 10. Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control constitucional de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica respectiva........" Por otra parte, con fundamento en las normas invocadas y los razonamientos antes expuestos y e.....

Ante la presunta pérdida del interés procesal por parte de la parte actora, considera que debe declararse EXTINGUIDO este procedimiento, por falta de uno de los requisitos exigidos para tramitarlo, y así se decide.

Se admite la demanda cuanto a lugar en derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión.

El Tribunal de conformidad con lo establecido con la regla segunda del artículo 70 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, DECRETA MEDIDA DE SECUESTRO

Declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, y en consecuencia, EXTINGUIDO el procedimiento que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA intentó el BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.A., contra la sociedad mercantil LUBCHEM DE VENEZUELA, C.A, y el ciudadano ESTEBAN NICOLAS MENESES SOTILLO, todos ampliamente identificados en el encabezamiento de esta decisión.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Vigésimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido más de treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la actora cumpla con sus obligaciones para la practica de la intimación de éstos, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 267 y el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia, la extinción del presente procedimiento. Dada, la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese y regístrese. LA JUEZ IRENE GRISANTI CANO EL SECRETARIO ACC. PEDRO MIGUEL NIETO.

Por lo antes expuesto, esta Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado LUIS ABELARDO VELASQUEZ COVA, en su carácter de Fiscal 57° del Ministerio Público a Nivel Nacional. SEGUNDO: Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados JOSE RAFAEL ODREMAN, FRANK VECCHIONACCE y VICTIR HUGO MEJIAS, en su carácter de defensores del ciudadano GUILLERMO GOMEZ LUIS ALBERTO. TERCERO: Se CONFIRMA la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, tipificada en el artículo 256 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal y se ordena imponerle la establecida en el ordinal 3° ejusdem, presentación periódica de una vez cada ocho (08) días por ante la Fiscalia 57° del Ministerio Público a Nivel Nacional, dictada en contra.....

DECLARA que EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer la reclamación intentada por la ciudadana MARÍA CLARAMONTE LARGHI, de nacionalidad argentina, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° E-992.605, en contra de la empresa PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN) sociedad mercantil domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 1° de diciembre de 1977, bajo el N° 35, Tomo 148-A, mediante la cual solicita la calificación de su despido como injustificado, la reincorporación a su sitio de trabajo, así como el pago de los salarios dejados de percibir. En consecuencia, se ordena: PRIMERO: Suspender el procedimiento a partir de la presente fecha, de conformidad con lo previsto en la norma del artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Elevar consulta obligatoria a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tal como.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en los artículos 340 ordinal 6º y 341 del Código de Procedimiento Civil, NIEGA LA ADMISIÓN de la presente demanda y ordena la remisión de estas actuaciones a la Oficina de Archivos Judiciales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. ASÍ SE DECIDE.-